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SÁBADO 22- 8- 87 NACIONAL ABC 17 Los presos de ETA que vienen como asesinos deben ser tratados como tales Declaraciones del presidente del Sindicato de funcionarios Madrid. Ángel Puerta ¿Qué es eso de terroristas? Esa figura no está contemplada en el Reglamento de prisiones. Aquí los etarras vienen por asesinato o por cualquier otro tipo de delito y deben ser tratados en función de ello, sin hacer discriminaciones respecto al resto de los reclusos declara a ABC José Antonio Pascual, presidente del Sindicato Profesional de Instituciones Penitenciarias, que denunció el trato de favor de los etarras en las cárceles. José Antonio Pascual ratifica en todo la denuncia que la organización que preside, el Sindicato Profesional de Instituciones Penitenciarias (SPIP- CSIF) hizo a través de las páginas de ABC. Sin embargo, se muestra optimista respecto a posibles represalias de ETA: No creo que vayan a tomar represalias contra nosotros- d i c e- aunque es cierto que hay algunas amenazas veladas a funcionarios. Nosotros- d i c e- no estamos contra tos beneficios que los etarras puedan conseguir en las cárceles, sino que lo que el Sindicato intenta es que s ¡hay beneficios, los haya para todos los reclusos, sin discriminación. acusaciones veladas de que en el trasfondo de la denuncia sobre el trato de favor a los terroristas en las cárceles existe una intencionalidad política... -Mire usted yo soy funcionario por oposición, mientras que el director general de prisiones ha sido nombrado a dedo, luego el come de la política; yo no. En este sentido, et Sindicato Profesional de Instituciones Penitenciarias, inscrito en la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, ha insistido en más de una ocasión en que esta organización sindical no está inscrita ni es correa de transmisión de ningún partido político. El Sindicato funciona como tal desde hace unos tres años, aunque sus orígenes se remontan a once años atrás. Entonces eran funcionarios armados y la Ley les prohibía la afiliación sindical, pero ya existía un germen de organización que en 1984 se constituía en Sindicato. Guinea: Presiones para evitar que invadan barcos españoles Madrid Los tripulantes de! mercante español Alyolex fondeado en ei puerto de la capital guineana, Malabo, han amenazado con negarse a soltar amarras y refugiarse en la sede diplomática francesa si no se les ofrecen soluciones sobre las continuas invasiones de guiñéanos que entran al barco sin permiso y en número muy superior a lo estipulado por las normas de seguridad marítima para trasladarse a la zona continental del país centroafricano. Solicitan, asimismo, que la Embajada agilice los trámites para conseguir que el Gobierno ecuatoguineano establezca las medidas seguridad necesarias para la protección de los buques y tripulantes que lleguen en los próximos días a este país. La amenaza de los diecisiete tripulantes de esta barco, propiedad de la naviera García Miñaur, se refleja en un telegrama enviado a la sede del Sindicato Libre de la Marina Mercante (SLMM- CCOO) cuyo texto fue revelado ayer a Efe. El portavoz del SLMM- CCOO. Andoni Lecertua, señaló que en el telegrama se exponen las agresiones que padecen los tripulantes de los buques Alyolex y Algarmi en el puerto de Malabo y las reiteradas denuncias del capitán del primero de los buques, que, en su opinión no han tenido respuesta. El capitán del Alyolex ha denunciado ante el embajador español en Guinea Ecuatorial, Antonio Núñez García- Saúco, el transporte masivo de ciudadanos guiñéanos desde Malabo a Bata que acceden al barco por la fuerza, y que contraviene las normas internacionales de seguridad. Sin embargo, el embajador ha declarado que la primera noticia sobre los asaltos a los barcos españoles la tuvo el pasado día 28 de julio y que ese mismo día presentó una queja verbal ante el Gobierno de Obiang Nguema, lo que en lenguaje diplomático equivale a una protesta escrita, sobre el asunto. Núñez García- Saúco sostiene que hasta el 4 de agosto no volvió a saber nada del asunto, cuando recibió un telegrama de la Dirección General de Marina Mercante en la que se le informaba que un barco español había zarpado de Malabo con un exceso de pasaje que contravenía las normas internacionales de seguridad marítima, y que, de nuevo volvió expresar verbalmente su protesta al Gobierno ecuatoguineano, que expresó su buena voluntad de evitar que se volvieran a repetir hechos similares. También se indica que los ciudadanos guiñéanos viajan en número que sobrepasan ampliamente los permitidos por las normas internacionales, acompañados de numerosos pertrechos e incluso, animales. En este sentido, se pone como ejemplo que recientemente han viajado unos 200 pasajeros guiñéanos aposentados encima de los containers El portavoz del sindicato, Andoni Lecertua, añade que hay indicios de que las 4.000 pesetas que se cobran a cada pasajero por este trayecto, de una duración aproximada de veinticuatro horas, en el Acacio Mañe- Ela no se hacen efectivas cuando el transporte de pasajeros lo hacen los barcos españoles, por lo que se sospecha que esta cantidad, que se sigue cobrando, la perciben las autoridades portuarias de Malabo por dejar libre el acceso al puerto. Cumplir el Reglamento Lo que denunciamos- continúa José Antonio Pascual- es que no nos dejen cumplir el Reglamento y que no existan normas concretas sobre el tratamiento que se debe dar a los etarras. El Reglamento de prisiones no habla para nada de la figura del terrorista. Aquí vienen los etarras condenados por asesinato o por otros delitos, y en consecuencia, mientras no haya una norma que diga lo contrario, deben ser tratados como el resto de los reclusos internados por delitos similares. Yo no entiendo, como tratándose de individuos peligrosos tienen el privilegio de poder permanecer juntos y no estar sometidos a las normas de aislamiento, etcétera, establecidas para los denominados presos comunes catalogados como peligrosos. El fallo, pues, para el Sindicato está en la falta de normas que regulen estas situaciones y es a los políticos a quienes corresponde resolverlo. Nosotros- añade José Antonio Pascual- somos funcionarios a quienes la sociedad nos encarga la custodia de las personas que incumplen la Ley, pero en esta cuestión concreta los poderes públicos tienen que definirse. Si los terroristas son. simplemente, asesinos hay que tratarles como tales, sin más; si son políticos, que los custodie la Guardia Civil o el organismo que corresponda. -Esta situación de privilegio con los terroristas encarcelados, sin embargo, no es nueva. ¿Porqué han decidido denunciarla ustedes ahora? -Porque llega un momento en que uno se cansa de soportar una situación como ésta y decide que hay que terminar con ella. Por eso decidimos hacer una llamada clara sobre el asunto para que la opinión pública lo sepa e incite al Gobierno a resolverla. -Desde la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias se han hecho Estalla un artefacto en el coche del director de Crónica delSur Almería El automóvil del director en funciones del diario Crónica del Sur de Almería. José Manuel Bretones, sufrió graves daños por la explosión de un artefacto colocado bajo el depósito de gasolina. Fuentes policiales han descartado cualquier motivación política o participación de terroristas en el atentado. El artefacto, que estalló a las once de la noche del jueves, se componía de dos tubos de cobre y latón llenos de pólvora y fue activado manualmente a través de una larga mecha. La explosión, que produjo daños en los bajos y en el depósito de gasolina del vehículo, tuvo lugar mientras el periodista cenaba con su novia y otros amigos. El periódico Crónica del Sur había sufrido anteriormente diversas amenazas de sectores locales de ultraderecha, que llegaron hasta la colocación en la puerta de un artefacto que no llegó a explosionar. I Dirigentes de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) afirmaron ayer que la reforma policial no ha avanzado, salvo en la creación de cargos de dirección y anunciaron su disposición de retirarse del Consejo de Policía. Los representantes de ANPU subrayaron que la mala imagen que quieren crear de la Policía está potenciada por los cargos políticos de la Dirección General de la Policía