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48 A B C SOCIEDAD DOMINGO 26- 7- 87 Miles de españoles, víctimasdel nazismo, esperan una compensación Los Gobiernos alemán y español se muestran indiferentes Barcelona. Francisco Marhuenda Los directivos del Instituto Francia- España están realizando gestiones para que 15.000 españoles, que fueron víctimas de la barbarie nazi, puedan, después de cuarenta años, cobrar una indemnización y una pensión vitalicia similar a lo que establecía la ley Beg de 1956. La falta de información del Gobierno alemán impidió que las decenas de miles de españoles internados en campos de concentración y de trabajo se acogieran a la ley. E! Gobierno español no ha hecho nada por interesarse por la difícil situación que atraviesan muchos de ellos, así como para que los embajadores en Bonn y París apoyaran la labor del Instituto Francia- España. En estos momentos sólo existe una pequeña indemnización de 5.000 marcos para quien demuestre una incapacidad laboral de más del 50 por 100 y una situación de penuria económica. A este respecto han sido ya tramitados 15.000 expedientes que cumplen los requisitos de la ley Beg, que daba una pensión vitalicia y una indemnización y a la que se pudieron acoger judíos, francmasones o gitanos. A los supervivientes españoles, en cambio, se les entrega una cifra muy inferior a lo que les correspondería. Esta situación significa, según los expertos jurídicos, una grave e incomprensible discriminación del Gobierno de la República Federal de Alemania hacia miles de españoles víctimas de la barbarie nazi y cuya única culpa fue ser defensores de la libertad y exiliados. neficios de esa ley, hizo que decenas de miles de personas no se pudieran acoger a ella. Pero este grave error se podría haber arreglado años después al conocerse que 15.000 españoles quedaron al margen, pero el Gobierno de la RFA prefirió dar una pequeña y ridicula cantidad simbólica a quienes pasaron su juventud internados y maltratados por los nazis. En 1981 el Gobierno alemán se dio cuenta del error cometido por no haber difundido la existencia de la ley Beg y en lugar de abrir un nuevo periodo para presentar los expedientes aprobó una partida de 100 millones Sólo existen pequeñas indemnizaciones para los que demuestren incapacidad laboral del 50 por 100 los legisladores al solicitar que se suprima la cláusula del período límite y se establezca una indemnización mínima de 30.000 marcos así como una pensión vitalicia. El Instituto fue fundado a mediados de los setenta por un grupo de oficiales de alta graduación de origen español para promover intercambios culturales entre ambos países y sus recursos económicos son destinados a financiar becas para que estudiantes españoles puedan aprender la lengua y la cultura francesas. Al tener conocimiento del decreto de 1981 empezaron a tramitar expedientes de refugiados españoles ante el Gobierno alemán. En 1987 la cifra se eleva a 15.000 y ante la gravedad de la injusticia comenzaron las gestiones para sensibilizar a la Administración alemana. El Gobierno español, por su parte, teniendo en cuenta la importancia y medios de las Embajadas de Bonn y París, no se ha preocupado de apoyar las gestiones. Los asesores jurídicos del Instituto han po- v dido comprobar, además, la actitud obstruccionista de la Oficina de Reparaciones de Colonia. Esta posición ha sido considerada como injusta y vejatoria para los españoles que, además de no recibir lo que según la ley Beg les correspondería, se buscan trabas para alargar el pago de la indemnización de 5.000 marcos. Se llegó, incluso, a rechazar los expedientes de los refugiados que se nacionalizaron franceses alegando que el responsable de pagar las indemnizaciones por los sufrimientos ocasionados por los nazis era el Gobierno francés. Este peregrino argumento obligó a los abogados del Instituto a entablar un proceso ante el Tribunal Administrativo, que falló en contra del Gobierno alemán. Esta sentencia fue acogida con gran satisfacción por los afectados, a pesar de estar sorprendidos de que por 5.000 marcos se empleara una táctica obstruccionista y más cuando no les dejan acogerse a los beneficios de la ley Beg. No obstante, el Gobierno, podría apelar ante el Supremo, lo cual sería, según los asesores jurídicos, una especulación sobre la muerte de las víctimas del nazismo, ya que el proceso es largo y cuando se conociera el fallo, los directivos del Ministerio estarían jubilados, pero un 50 por 100 de los que tendrían que cobrar habrían muerto Reparar la barbarie En 1965 el Parlamento de la República Federal de Alemania aprobó la ley Beg para reparar las barbaries cometidas por el régimen nazi sobre los seres humanos. Aquellas personas que tuvieran una incapacidad de más del 25 por 100 como consecuencia de haber sido deportados o internados en campos de trabajo tenían derecho a percibir una indemnización de 5.000 marcos y una pensión vitalicia de 500, revisable de acuerdo al incremento de los sueldos de los funcionarios de la Administración alemana. La ley establecía un periodo de vigencia para realizar la reclamación hasta abril de 1959, pero fue ampliado, por decisión de los jueces, durante un año más; pero el Gobierno suprimió el artículo que permitía esta prerrogativa. Los familiares directos, es decir, cónyuge, padres e hijos, tenían derecho a una indemnización, aunque iba, fundamentalmente, dirigida a los supervivientes. La privación de libertad podía ser consecuencia de motivos políticos, religiosos o raciales. En los años sesenta, y ante la necesidad de reparar a las víctimas del nazismo, se promulgó la ley Beg, que afectaba a todos aquellos que hubieran sido privados de su libertad durante un periodo superior a un año y tuvieran a consecuencia de ello una incapacidad laboral superior al 25 por 100. El Gobierno alemán era consciente de que para normalizar su situación en la política internacional era preciso hacer ese gesto; además, el poderoso lobby judío no hubiera permitido que la RFA se sentara en ningún foro internacional o recibir las ayudas del Plan Marshall sin cumplir ese trámite. La falta de información a los exiliados españoles, así como de difusión en los medios de comunicación sobre los be- Cuarenta y dos años después de fin de la segunda guerra mundial aún es tiempo para dar una solución digna La Administración germana ha venido utilizando prácticas obstruccionistas para no pagar lo que por ley corresponde de marcos para pagar una indemnización de 5.000 marcos a quienes presentaran una incapacidad laboral del 50 por 100 y se encontraran en una situación de penuria. Seis años después han sido presentados 15.000 expedientes y en los medios jurídicos internacionales sorprendió que la RFA no aplicara la ley Beg. Las víctimas del nazismo han de demostrar tener una renta inferior de 1.470 marcos. Estos requisitos son claramente discriminatorios con respecto a lo que se exigía en los años sesenta y, sin lugar a dudas, vulneran el espíritu de los legisladores que con la ley Beg quisieron reparar en la medida de lo posible el horror nazi. Sí el Gobierno alemán, en los años sesenta, como era su obligación, no informó a la opinión pública no es culpa de los refugiados españoles. El Gobierno Federal alemán encargó a la Oficina de Reparaciones de Colonia la tramitación y pago de los 5.000 marcos, pero en lugar de colaborar y agilizar los trámites los asesores jurídicos del Instituto se han quejado por esta actitud. No obstante, la existencia de 15.000 expedientes pone de manifiesto la magnitud del problema. Está injusticia histórica podría subsanarse si la Comisión de Reparaciones del Parlamento alemán propusiera la ampliación del plazo de presentación de la ley Beg para esos españoles que no fueron informados. Hay que tener en cuenta que la ley sigue existiendo ya que es la que justifica él pago de las pensiones. La petición del Instituto recoge la filosofía de Falta de apoyo político La falta de apoyo político a esas 15.000 personas por parte del Gobierno español y el desconocimiento que el Parlamento alemán tiene sobre esta realidad impide encontrar una solución digna. El decreto del 81 es una pobre respuesta a las justas demandas de esas miles de personas que pasaron varios años en los campos de concentración y de trabajo nazis, de los que salieron con graves perjuicios para su salud. El elevado número de afectados pone de manifiesto que el Gobierno alemán de la década de los sesenta no supo informar a las víctimas. Ahora, cuarenta y dos años después de terminada la segunda guerra mundial y cuando decenas de miles de víctimas ya han muerto, aún es tiempo de dar una salida digna a los que quedan.