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22 A B C NACIONAL La Justicia en el País Vasco DOMINGO 26- 7- 87 Ciento veinte personas denunciaron falsas torturas y sólo una de ellas fue procesada Denuncian la indefensión de las Fuerzas de Seguridad Madrid. Ciento treinta y tres personas denunciaron haber sufrido malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los últimos siete años en el País Vasco. De estas denuncias, siete terminaron con la condena de los acusados y las ciento veintiséis restantes resultaron ser falsas. Pese a ello, tan sólo una persona fue procesada. Las denuncias responden a una consigna de la banda ETA a sus miembros y simpatizantes. Las instrucciones para que las personas vinculadas de una u otra forma a la banda- terrorista detenidos denunciaran malos tratos fueron cursadas a través de los boletines Kemen y Zutabe En ellos se dice, entre otras, cosas: Recordad que después del interrogatorio se pasa por el juez. Ante éste hay que negar todo lo que se haya podido deciarar ante la txacurrada (Policía o Guardia Civil) por muchas pruebas que se tengan, y denunciar los malos tratos que se hayan sufrido Esta consigna, estrictamente cumplida por los terroristas como demuestra el hecho de que de cinco denuncias presentadas en 1980 se pasara á treinta y seis durante el último año, persigue, según expertos en la lucha contraterrorista, una triple objetivo. Por un lado, propagandístico y de desprestigio de las Fuerzas de Seguridad- Por otro, se trata de invalidar las declaraciones que el terrorista efectúa ante la Policía y, por último, lograr la identificación de los miembros de los servicios de información, intentando también lograr, su inoperancia pues el posible auto de procesamiento supone la suspensión de empleo del procesado. En los últimos años, las comparecencias de agentes de las Fuerzas de Seguridad en los distintos Juzgados del País Vasco superan las cinco mil. Pese al notable incremento de las denuncias por malos tratos, las sentencias condenatorias fueron prácticamente inexistentes hasta 1986. En 1980, hubo. cinco denuncias y se incoaron diligencias previas en cuatro ocasiones. Se abrieron dos sumarios, ninguno de los cuales terminó con sentencia condenatoria. Un año después, las denuncias por malos tratos fueron siete y se abrió un sumario, que terminó del mismo modo con la absolución de los implicados. En 1982 se duplicaron las denuncias de miembros y simpatizantes de la banda terrorista, pero todas resultaron ser falsas y no se incoó ningún sumario. La única sentencia condenatoria hasta el pasado año se dictó en 1983. Ese año hubo quince denuncias por malos tratos, sobre las que se iniciaron diligencias previas en siete de los casos y se instruyó sumario en dos. Una de las sentencias absolvió a los implicados y la otra les condenó. Las denuncias volvieron a duplicarse un año después y dieron lugar a cinco sumarios, resueltos todos ellos con la absolución de los acusados. En 1985, las acusaciones contra miembros de las Fuerzas de Seguridad por supuestos malos tratos fueron veinticuatro, que dieron origen 3 diligencias previas en veintiuno de los casos. Tras estas diligencias previas, losa Magistrados progresistas piden penas más duras por malos tratos Madrid El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, Juan Alberto Belloch, planteó, en la sentencia dictada la pasada semana contra tres guardias civiles condenados por torturas, la conveniencia de una eventual modificación de las normas penales aplicables a los delitos de torturas cometidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad, dada la extraordinaria benignidad de las penas previstas en el Código Penal Según la sentencia, la legislación que en la actualidad se puede aplicar a los delitos de malos tratos y torturas a detenidos cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conllevan una pena insuficiente en proporción a la extrema gravedad de los hechos imputados. La sentencia de la Audiencia Provincial del Bilbao firmada por Belloch señalaba literalmente que En otras ocasiones (sentencia del 29 de marzo de 1983) ha puesto de relieve este tribunal tanto la extrema gravedad de los delitos de torturas y malos tratos (específicamente proscritos por el artículo quince de la Constitución española) como, asimismo, la extraordinaria benignidad de las penas previstas en el Código Penal, desproporcionadas con aquella gravedad, si bien, dados los términos del artículo segundo del referido Código (que sólo prevé ios supuestos de no estar un hecho penado por la Ley o de estarlo sin justificación o de ser la pena notablemente excesiva no aludiendo al supuesto que ahora nos ocupa de pena insuficiente) no le cabe a este tribunal la posibilidad de exponer al Gobierno las razones que le asisten para una eventual modificación de la legislación aplicable en el sentido más arriba indicado, limitándose a constatar, una vez más, su criterio La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao condenó al cabo primero José Vázquez y al guardia de segunda retirado Lucio de Sosa a cinco meses y dos días de arresto mayor e inhabilitación de seis años y un día, además de una multa de 110.000 pesetas, por delitos de torturas por amenaza y agresiones físicas a José Torre Altonaga, detenido por su presunta relación con un reciente atentado en el que murieron seis guardias civiles, aunque posteriormente quedó en libertad sin cargos. El teniente José Velasco Ciudad fue condenado a seis años y un día de inhabilitación por no haber impedido la conducta delictiva de sus subordinados. Los tres guardias civiles fueron condenados también a abonar solidariamente una indemnización de un millón de pesetas a la víctima. D Apoyo al juez Piqueras. Pablo Castellano, vocal del Consejo General del Poder Judicial y dirigente del ala más radical del PSOE, ha afirmado que no se puede decir, porque sólo es un conjunto de suposiciones lo expresado por el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Javier Solana, sobre la presencia del juez Piqueras en los interrogatorios de los presuntos etarras miembros del Comando Donosti de la banda ETA. Denuncias por malos tratos Procesados Años Denuncias Sumarios Sentencias por falsas denuncias 1980 1981 1982 1983 1984. 1985 1986 5 7 15 15 31 24 36 2 1- -2 5 3- -1- -6 -1 sumarios abiertos fueron tres, ninguno de los cuales terminó con senencia condenatoria. Por último, durante 1986 las denuncias fueron treinta y seis y se produjeron seis sentencias condenatorias. Entre 1980 y 1986, las denuncias presentadas por personas vinculadas de una u otra forma a la banda terrorista ETA ascendieron a ciento treinta y tres, de las cuales siete fueron resueltas con sentencia condenatoria. Pese a que ciento veintiséis resultaron ser falsas, tan sólo se ha procesado a una persona por este motivo. Mientras estos falsos denunciantes no son perseguidos en la inmensa mayoría de los casos, los procedimientos contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado se basan muchas veces en suposiciones, señalan medios de la lucha contraterrorista. Miembros del equipo encargado de la defensa judicial de los miembros de la Guardia Civil han denunciado en numerosas ocasiones la indefensión en que se encuentran en muchos casos los agentes de las Fuerzas de Seguridad. Estas fuentes relataron la forma en que se inician determinados procedimientos judiciales. El sumario 9 84 del Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián se inició por denuncia de los familiares de unos detenidos e incomunicados por aplicación de la ley Antiterrorista, quienes comparecieron ante el Juzgado aduciendo posibles malos tratos por parte de la Guardia Civil hacia sus familiares detenidos. A pesar de que lo correcto habría sido despedir a los denunciantes por pretender, sin fundamento alguno, una presunción de malos tratos hacia todo detenido por la Guardia Civil, sin embargo, se admitió la denuncia dando trámite a la misma y ofreciendo, al propio tiempo, las acciones del artículo 109 de la ley de Enjuiciamiento Criminal a los comparecientes. Al no tratarse de un caso aislado, y viendo el fruto tan positivo que produce tal proceder, determinados miembros destacados de la izquierda abertzale recomiendan su práctica de forma generalizada y otras similares, en relación con detenidos en dependencia policiales, en un libro publicado por aquéllos y que lleva por título La tortura en Euskadi