Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
LUNES 20- 7- 87 ABC Nueva Bolsa. ABC 35 Las comisiones no tienen relación con la fe pública de los agentes La solución a la merma en la seguridad jurídica del inversor, según el asesor jurídico de la Bolsa de Barcelona, no parece que pueda hallarse por el fácil expediente de atribuir a la negociación en Bolsa, a través de los futuros miembros de la misma, la fehaciencia propia de la fe pública, ya que se habría privado de la fe pública, atributo propio del Estado, a unos funcionarios públicos nombrados en virtud de oposición libre que tienen legalmente tal función en virtud de lo dispuesto en los artículos 89 y 93 del Código de Comercio, para luego confiarla a unas sociedades anónimas (personas jurídicas mercantiles) o a sus empleados, que se adivinan dependientes de la Banca y de los grandes brokers y dealers internacionales, alcanzando tal contrasentido su grado máximo- s e ñ a l a- si se tiene en cuenta que los dealers se configuran como operadores por cuenta propia y por cuenta ajena, por la contradicción evidente de intereses que ello comporta. Suprimir la fe pública de los agentes de Cambio y Bolsa (funcionarios públicos) para a continuación atribuir efectos similares a la intervención de sociedades mercantiles vinculadas a la Banca y a las grandes firmas internacionales de brokers y dealers no parece, al m e n o s d e s d e un p u n t o de v i s t a jurídico, como algo muy razonable. Para García- Bragado cabría también empezar a pensar sobre la constitucionalidad de tal medida, pues podría ir en contra del principio de igualdad ante la Ley consagrado en el capítulo 14 de la Constitución, ya que supondría que las manifestaciones de determinadas sociedades mercantiles (o mejor dicho quizá, de sus empleados) no investidas de fe pública, se considerarían prueba fehaciente, es decir, se presumiría que dicen verdad, mientras que para el resto de sociedades o ciudadanos el ordenamiento presumiría que no dicen verdad en tanto no lo prueben con otros medios. En definitiva, el asesor de la Bolsa de Barcelona considera que tal como aparentemente está planteada la reforma, si ello no se remedia, va a producirse una merma en la seguridad jurídica del inversor, ya que va a quedar expuesto a posibles reivindicaciones y no podrá acreditar fehacientemente, como hace ahora con un documento público, la realidad de su compraventa. También alude a la cuestión de los aranceles que no tienen hoy en día un incremento por razón de la fe pública. La rebaja de aranceles o la libertad de las comisiones no tiene relación directa e inmediata con la cuestión de la fe pública en las operaciones bursátiles. Si se comparan con las comisiones que cobran los brokers o los diferenciales de los dealers internacionales o las comisiones libres practicadas en otras Bolsas, se observa fácilmente que para operaciones de mucho volumen las comisiones son efectivamente más bajas, pero en contrapartida, y como reiteradamente se ha puesto de manifiesto, la comisión que se cobra al pequeño inversor o los diferenciales que se les aplican son mucho más elevados que los actuales aranceles de los Agentes, sobre los que no habría ningún obstáculo insalvable para su flexibilización en operaciones importantes. Las anotaciones en cuentas informáticas sutituyen a los clásicos títulos valores Agilizan el proceso, pero requieren un profundo estudio jurídico Al hablar de la desmaterialización de los títulos o de los sistemas de anotaciones en cuenta, los expertos hacen una advertencia previa: el establecimiento de un mercado unificado nacional con un sistema de contratación informatizado no comporta ineludiblemente la desmaterialización de los títulos. Esto constituye el punto final en la búsqueda de una mayor agilización. Esa agilización consiste, según G a r c í a Bragado, no ya en la inmovilización de los títulos y en el establecimiento de su fungibili- dad, como es el caso del nuevo sistema de liquidación y compensación implantado en 1974, sino en la supresión pura y simple del título- papel. Desaparece, pues, en estos sistemas el clásico título y aparecen ahora unas referencias o anotaciones informáticas a las que se dan un doble enfoque conceptual: a) El de los derechos valor concepto acuñado por un sector de la doctrina alemana, pero cuyos perfiles no están absolutamente claros, según el cual al desaparecer el papel como soporte del títulovalor decae el concepto mismo pues desaparece la idea de la incorporación del derecho a la cosa, y b) El de la desmaterialización, seguido por la doctrina francesa, que manteniendo los conceptos clásicos entiende que lo que se produce es una sustitución del soporte físico (papel) del título por un soporte inmaterial (impulso magnético) en el ordenador donde se efectúa el registro. En sus dos concepciones el sistema tiene la gran ventaja de la agilidad y de la eliminación de los riesgos de destrucción o pérdida del papel, pero a cambio surgen otros nuevos en relación a la vulnerabilidad de los ordenadores. Si el papel podía quemarse, lo mismo puede ocurrir con el ordenador; si el papel podía ser hurtado o robado, cabe la posibilidad de manipulaciones fraudulentas del ordenador, tanto del orden interno como externo. Pero a estas cuestiones que hoy se plantean con una cierta incógnita, además de los recelos que se suscitan sobre la garantía del anonimato cuando se trata de títulos al portador, hay que añadir otras que se refieren a la regulación jurídica de las operaciones. Y éstas se plantean básicamente bajo la concepción de los derechos- valor por su falta de regulación legal. El real decreto de 3 de abril de 1987, que creó el sistema de anotaciones en cuenta para Deuda Pública, señala en su preámbulo que el sistema implica la creación de un tratamiento jurídico propio y específico que se aleja de la tradicional doctrina del título- valor y tiene un fundamento teórico más cercano al concepto de derecho- valor. En la parte dispositiva ese régimen jurídico específico a que se alude, no resulta suficientemente desarrollado y no obstante las anteriores manifestaciones, se nota un gran apego del derecho a la anotación hasta tal punto que esa famosa d e s i n c o r p o r a c i ó n base del c o n c e p t o del derecho- valor no acaba de ponerse de manifiesto precisamente por la estrechísima vinculación a la anotación para el ejercicio de los derechos y para su transmisión. Todo ello comporta que los juristas tengan bastantes dudas sobre el régimen jurídico de las anotaciones en cuenta de Deuda Pública, entendiendo que sería necesaria la aclaración acerca de si a la transmisión de las anotaciones se aplica el régimen de la cesión de créditos o se aplica la normativa propia de los títulos- valores, a lo que se suma la duda de la suficiencia del rango legal del Decreto para regular las relaciones jurídicas privadas entre transmitente y adquirente. Estos problemas jurídicos que plantean los sistemas de desmaterialización de títulos o de anotaciones en cuenta como evolución de los procesos iniciados con el Nuevo Sistema de Liquidación, no deben impedir la implantación de los mismos, que hoy día se vislumbra como necesaria (en Francia se ha impuesto como obligatoria) pero deben llevar a que se efectúe un profundo y meditado estudio de los mismos, dando la debida solución y con el correcto rango legal, para que el sistema reúna las dosis de segundad jurídica absolutamente imprescindible en un mercado de valores. Se traspasa. Gran ocasión, 200 m. 2 Semíesquina a Puerta del Sol. 521 04 66. Don Ángel