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18 ABC NACIONAL SÁBADO 4- 7- 87 La Justicia permitió a Arbeloa acreditarse como diputado Pamplona. Juan Delgado A las tres menos cuarto de la tarde de ayer, el presunto etarra Guillermo Arbeloa Suberbiola, diputado foral de HB, llegaba a Pamplona para acreditarse, junto con sus compañeros de partido, en el Parlamento de Navarra. Arbeloa Suberbiola, que se encuentra preso a la espera de que se resuelvan los sumarios que tiene pendientes, fue trasladado el pasado miércoles desde la cárcel de Alcalá Meco a la de Nanclares de la Oca, en Álava, previa petición de la coalición abertzale para que pudiera tramitar su condición de parlamentario en la institución legislativa navarra. Minutos después de las cinco, Arbeloa se encontraba ya camino a Nanclares de la Oca, desde donde hoy se le volverá a trasladar a primera hora dé la mañana para que esté presente en la constitución del nuevo Parlamento navarro. Una de las expectaciones de este Pleno será el momento en que jure o prometa acatamiento a la Constitución y al Amejoramiento, condición sine qua non para que pueda ocupar su escaño. Por su parte, el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, declaró ayer a Radio Nacional de España que establecer la conexión entre ETA y Herri Batasuna en el terreno jurídico tiene dificultades procesales pero que otra cosa son las convicciones personales que pueda tener la sociedad española y que pueda tener yo, incluso, a nivel personal Serias dificultades de Ordóñez para que Marruecos prorrogue el convenio pesquero Ochocientos barcos españoles tendrían que amarrar en agosto Rabat. S. N. El ministro de Asuntos Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, no logró ayer convencer a sus interlocutores marroquíes para prorrogar durante algunos meses el actual convenio pesquero entre los dos países, en espera de que Marruecos y la Comunidad Económica Europea alcancen un acuerdo satisfactorio. Esta decisión, que afecta a cerca de ochocientos barcos pesqueros, es, al parecer, irrevocable por el país vecino. Los representantes marroquíes reiteraron a Fernández Ordóñez y al secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Pedro Solves, que si antes del 1 de agosto próximo no se firma el acuerdo pesquero con la CEE, los casi ochocientos barcos españoles que faenan en caladeros marroquíes deberán regresar a puerto y amarrar. Fernández Ordóñez llegó ayer tarde a Rabat por vía aérea acompañado por varios altos funcionarios de su Ministerio Tras su llegada mantuvo una primera reunión con Abdelatjf Filali, ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, en la que se estudiaron ciertos aspectos de las relaciones bilaterales y de la cooperación. Pero se trató, sobre todo, sobre el problema pesquero. Según fuertes fiables, Ordóñez encontró comprensión y solidaridad verbales en sus ¡nterlocu- ibres marroquíes, pero no pudo neutralizar ta decisión, al parecer irrevocable, Ambas delegaciones reiteraron sus argumentos, hoy por hoy, inconciliables. Fernández Qrdóñez explicó el grave perjuicio económico y social, sobre todo, que representaría para España la retirada de su flota pesquera de tos caladeros marroquíes y saharianos. Para Marruecos, el asunto se plantea de forma diferente. El proyecto de tratado pesquero presentado por la Comunidad Económica Europea hace meses resulta inaceptable y no cubre sus aspiraciones mínimas, tanto económicas como ecológicas. Pero- es que, además- aunque no lo digan- los marroquíes desean utilizar la negociación pesquera para presionar a la CEE en relación con otra negociación paralela: la del acuerdo preferencial sobre exportaciones agrícolas, asunto en el que las posturas están, todavía, más alejadas. Si los objetivos marroquíes alcanzaran en este capítulo, la agricultura española sería la más perjudicada. España se encuentra, pues, entre la espada pesquera y la pared comunitaria. Con la intención de romper e le cerco está en Rabat Fernández Ordóñez. Pero el pesimismo es la tónica dominante en este capítulo, aunque hay quien asegura que en tas tres semanas que restan hasta el final del convenio pesquero hispano marroquí todavía podría alcanzarse un acuerdo o un compromiso temporal. El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos ofreció ayer una cena de honor a Fernández Ordóñez El Ejército no se cree culpable del estado de coma de un recluta Madrid. M. P. Ei recluta Tomás Santos Aguedano, de veinte años, que se encuentra en coma en la Unidad de Medicina Intensiva de la residencia de la Seguridad Social Alvarez de Castro, de Gerona, realizó una carrera continuada de treinta y cinco minutos de duración antes de caer desvanecido por un golpe de calor que le afectó gravemente el sistema nervioso. Portavoces de la Capitanía General de Barcelona señalaron ayer que el pasado martes una compañía del Centro de Instrucción de- Reclutas de San Clemente (Gerona) a la que pertenecía Tomás Santos, realizó, por orden del capitán Benito Molina, el normal programa de instrucción que incluía una carrera continuada a un ritmo sostenido por los alrededores del campamento. Se trata de un terreno abrupto y ese día se llegó a alcanzar una temperatura de 35 grados. Al terminar los ejercicios, cuando se encontraba a unos cien metros del edificio de su compañía, Tomás Santos, que se había incorporado al servicio militar el pasado junio, sufrió un desmayo y cayó al suelo en estado inconsciente. Las autoridades castrenses han negado que el soldado Tomás Santos no fuera debidamente atendido desde el primer momento. En la misma formación se encontraba un recluta médico y el joven fue trasladado a los tres minutos de desvanecerse al hospital comarcal del Figueras. Dada la gravedad de su estado, fue ingresado et jueves por la tarde Los jueces señalan el peligro de control por el Gobierno de la Policía Judicial Madrid. Sergio Guijarro Los peligros de mediatizacíón por el Gobierno de la actividad jurisdiccional a través de la actuación del ministerio fiscal y la intención de implicar a los jueces en tareas de política penal y de seguridad ciudadana, en detrimento del principio constitucional de exclusividad jurisdiccional, han sido denunciados por la Junta de Jueces de Madrid. El documento, que realiza una crítica del recién aprobado decreto de Policía Judicial, ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial a través del presidente de la Audiencia Territorial, Clemente Auger. Según la Junta de Jueces, una de las formas en que el Poder Ejecutivo puede mediatizar la plenitud de la función jurisdiccional consiste en- interponer el filtro de la acción del ministerio público, en un momento en que- a i amparo de los principios de unidad y jerarquía- tiende a convertirse en gestor ante los Tribunales de las necesidades coyunturales de la política del Gobierno. Értesta línea se mueven las interesadas propuestas de desplazar la incoación e instrucción del proceso penal a la esfera del ministerio público; reforma trascendental, que corresponde al Poder Legislativo y ha de Ir arropada de mecanismos de control del ejercicio de esa actividad instrucción de éstos, la Junta de Jueces señala qUe comienza a ser muy real el peligro de que los órganos jurisdiccionales conozcan sólo aquellos casos que el ministerio fiscal (tan estrechamente vinculado al Poder Ejecutivo) seleccione y en el momento en que lo estime conveniente, y no se- han arbitrado remedios correctores de posibles desviaciones o errores en el ejercicio de estas facultades Otro de los puntos del documento señata que a través de las Comisiones de Coordinación de la Policía Judicial se implica a miembros del Poder Judicial en tareas de política penal y de seguridad ciudadana, en detrimento del principio constitucional de exclusividad jurisdiccional En estas Comisiones, en las que se incluyen jueces pese a que sus funciones deben establecerse por ley, extrañamente se revela mayoritario el número de miembros controlados por el Poder Ejecutivo. Se diría que, en caso de discrepancia entre sectores afectados, se intenta garantizar el predominio de tos puntos de vista policiales y en la residencia de la Seguridad Social. Tras recordar que el reglamento profundiza en la brecha abierta por el Estatuto del ministerio fiscal en cuanto á fas competencias de gubernamentales