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54 A B C Impuestos ABC LUNES 29- 6- 87 utiliza el más cómodo y menos significativo procedimiento de la exención tributaria- m i noración del ingreso público- no por ello pierde su naturaleza de prestación a cargo de la Hacienda Pública. Ello admitido, parece evidente que la exención tributaria, según antes anticipé, se encapsula en el pacto solemne como un módulo que cifra el importe de la prestación estatal y que, desde luego, se desvincula de las propias disposiciones que la regulan. Esto es, la exención tributaria se aplica, aunque se respectiva legalidad impida su aplicación, porque no se trata de una exención a aplicar o reconocer, sino de una prestación contractual que se evalúa conforme a las disposiciones que establecieron la exención tributaria de que se trate. En tales supuestos, insisto, la exención tributaria adquiere la eficacia jurídica propia de una estipulación contractual, y la ley y el reglamento que la regulen sólo tienen vigencia para determinar el propio importe de la exención, no para decidir si es o no aplicable porque la exención ha adquirido autonomía o sustantividad en el seno del pacto con el Estado. He aquí, y concluyo, cómo el Derecho administrativo y el Derecho tributario se dan la mano en una ocasión más, demostrando que cada día es más necesario volver al Derecho público para explicar de modo integral los fenómenos que genera la actividad económicofinanciera del Estado contemporáneo. César ALBIÑANA GARCÍA- QUINTANA Las exenciones tributarias en pactos con el Estado son cláusulas contractuales El interés público y privado coinciden sin llegar a la expropiación En memoria del profesor García- Trevijano escribí hace ya varios años, que eficacia frente a legalidad, agilidad frente a procedimiento, convenio frente a contrato son las dramáticas opciones que se ofrecen a la Administración Pública de nuestros días, en que la gerencia del interés público ha de romper los corsés que eran propios de un Estado neutral o no intervencionista en lo económico Pues bien, entre los convenios a que acá- ría, mediante la que ésta contrae obligaciones bo de hacer referencia están los pactos so- determinadas, y como contraprestación a las lemnes del Estado, que tienen sus mejores mismas, adquiere derecho a los beneficios ejemplos en los celebrados con la Compañía fiscales expresamente detallados en el docuTelefónica Nacional de. España. y la. CAM- mento de concesión, quedando en consePSA, según nos acaba de recordar el Tribu- cuencia formalizada una relación o negocio nal Supremo en su sentencia del día 28 de jurídico como está prevista en el artículo 2.7) octubre de 1986. Y entre los pactos solem- de la ley de Contratos del Estado, de 8- 4 nes del Estado, tienen hoy excepcional rele- 1965, en concordancia con el artículo 2.7) y vancia el que refrendó la ley 49 1984, de 26 3) de su reglamento aprobado por decreto de diciembre, sobre explotación unificada del 3.410 1975, de 25 de noviembre, como consistema eléctrico nacional. venio de colaboración, otorgado en virtud de En efecto, el artículo 7 de esta ley (desa- autorización del Gobierno, y celebrado entre rrollado por el real decreto 2.617 1986, de 19 la Administración y los particulares, con objede diciembre) concede varias exenciones tri- to de fomentar la realización de actividades butarias a las empresas productoras y distri- económicas privadas de interés público En 28- 10- 1986 se dicta otra sentencia por buidoras de energía eléctrica que realicen determinados intercambios patrimoniales, según la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que sé el Plan Global aprobado por el Ministerio de inserta en el régimen de acción concertada Industria y Energía, Así como concretas ena- con el sector eléctrico precisamente, y en la jenaciones y aportaciones de los bienes inte- que se debate la aplicación de una bonificagrantes de la red de alfa tensión y tantas ción- a l 95 por 100- del citado Impuesto sootras operaciones, ampliaciones de activos e bre Transmisiones Patrimoniales, y en la que inversiones en general, que responden, se- se formulan como fundamentos de Derecho gún proclama el lesgislador, a la concepción los que siguen: evidentes derechos adquide servicio público que se asigna a la red es- ridos a favor de las empresas obligadas con el Estado a la construcción de una central pañola de electricidad. térmica, como compensación a las inversioDe lo ya expuesto, y sin entrar en pormenes por las mismas realidades, derechos adnorizaciones impropias de un artículo a publiquiridos a los beneficios fiscales que no puecar en la Prensa diaria, se deduce que la ciden ser desconocidos por la Administratada ley 49 1984 ampara un Plan Global en ción... cuyo mantenimiento obliga el que las empresas eléctricas de un lado, y también a la Administración que con el titular el Estado de otro, se comprometen a llevar a de tales derechos pactó la concesión de los cabo determinadas prestaciones y contramismos, a cambio de determinadas obligacioprestaciones de índole contractual y presidines de aquél etcétera; aparte de argumendas por dos principios; a saber, el conmutatitar con fortuna sobre la existencia de un vo (equilibrio económico) y el del interés ge pacto solemne en las actas generales y esneral (servicio público) que se articulan sin pecíficas de concierto llevadas a cabo por la que uno ignore al otro. El interés general lleAdministración o por un Ministerio en nombre va al Plan Global y el Plan Global se asienta del Estado, con una sociedad del sector elécen obligaciones recíprocas y equivalentes. He trico... aquí cómo por vía del convenio se puede llegar a soluciones en que la utilidad pública Cláusula contractual y el interés privado entren en juego sin acudir a la medida ciertamente heroica de la exproBasten las dos sentencias supremas que piación forzosa. quedan extractadas para amparar la conclusión prometida: las exenciones, totales o parJurisprudencia del T. S. ciales, incrustradas como una estipulación Aunque ya se apunta la función que se en- más en un pacto suscrito con el Estado- que comienda a las exenciones tributarias en el es algo más que un mero contrato celebrado seno de tales pactos solemnes del Estado entre la Administración Pública y un parcomo una contraprestación de este último, re- ticular- pierden su vigencia legal para adquipasemos la jurisprudencia del Tribunal Supre- rir la eficacia propia de una cláusula contracmo antes de formular la conclusión que ha de tual, que, además, se inserta en un contrato cerrar esta colaboración. bilateral y oneroso. Es cierto que el Estado debería acudir a la Por sentencia del día 4: 6- 1985 relativa al Impuesto General sobre Transmisiones Patri- prestación dineraria en busca del equilibrio moniales y Actos Jurídicos Documentados económico que debe existir entre la prestaanterior a la ley 32 1980, el Tribunal Supremo ción y la contraprestación del respectivo pacse pronunció en favor de la subsistencia de to- estatal, pues de este modo sería más pauna bonificación tributaria, en consideración a tente la posición del Estado frente a las emque se estructura la concesión de beneficios presas acreedoras; pero si el Estado prefiere en una relación concertada entre la Adminis- eludir la imputación de la referida prestación tración Pública y la persona jurídica beneficia- a su presupuesto de gastos, y, en su lugar Banco Exterior de España, S. A. AMORTIZACIÓN TOTAL DE LA SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES. MAYÓ 1984 Se pone en conocimiento de los titulares de obligaciones de la emisión. de referencia que, de acuerdo con las condiciones de emisión, el próximo día 4 de julio del año en curso serán amortizados, al precio del 140 por 100, la totalidad de los títulos que quedan en circulación. Habida cuenta la distinta consideración fiscal que tiene la prima de amortización para los titulares de estas obligaciones, se pone de manifiesto que el importe neto a percibir por cada uno de ellos es el siguiente: a) Personas físicas: 1.400 pesetas netas por cada título de 1.000 pesetas nominales. b) Personas jurídicas: 1.320 pesetas netas por cada título de 1.000 pesetas nominales, una vez deducida la retención del 20 por 100 a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, sobre la prima de 400 pesetas (art. 141 del R. I. S. Es decir, la entidad emisora practicará una retención de 80 pesetas por cada título. En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, la presentación de los títulos para su amortización, así como las facturas correspondientes, debe hacerse por separado, según se trate de personas físicas o jurídicas. El reembolso de las obJí aciones, en las condiciones citadas, puee solicitarse en cualquiera de las oficinas centrales y sucursales de este Banco, así como en las del Banco Cantábrico, Banco de Alicante y Banco Simeón. Madrid, 16 de junio de 1987. -El secretario general y del Consejo. -R.