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DOMINGO 21- 6- 87- DERECHO -jÁBC, pág. 63 En el estrado La sentencia del TC no resuelve los problemas de fondo de la función pública CARLOS DE LA VEGA BENAYAS Es precisa una ley que sustituya a los preceptos anulados La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que resolvió el recurso planteado en su día por el Grupo Parlamentario Popular contra algunos de los preceptos de la ley 30 84 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ha puesto fin a una larga espera que ha durado prácticamente tres años, pero su simple lectura deja de inmediato un poso de frustración al resultar defraudadas todas las expectativas creadas en su entorno. Esta frustración se produce no sólo por la parquedad y simpleza de los razonamientos utilizados por el Alto Tribunal para desestimar y, en su caso, acoger las motivaciones esgrimidas por los recurrentes, sino porque no da solución alguna a los numerosos problemas de fondo que subyacen en la función pública- unos apuntados en su día por los recurrentes y otros nacidos con la misma ley y práctica abusiva y hasta arbitraria de su articulado, háblese sistema de libre designación de puestos de trabajo o bien contratados laborales- limitándose a seguir la fundamentación del recurso, la cual simplemente afirma, niega o analiza bajo el prisma de las cuestiones de forma, sin llegar a suscitar problemática distinta, aunque relacionada con la planteada en la litis. No obstante, lo que sí es evidente es que la sentencia en cuestión es de una importancia capital para el régimen jurídico de los funcionarios públicos y dará lugar, sin duda, a numerosos comentarios y constituye origen de una necesaria legislación que complemente y sustituya a los preceptos declarados inconstitucionales y, en consecuencia, nulos de la ley de la Función Pública. La sentencia declara inconstitucionales los artículos 15.1, último inciso, 21.2 d) 22.2 y 3; 27.3 y 4; 29.2 I) y disposición adicional 9.1.4, en lo que se refiere al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. La inconstitucionalidad responde, sin embargo, a causas distintas. Mientras el artículo 29.2.1) es inconstitucional en cuanto introduce una distinción en favor del sindicato más representativo incompatible con los artículos 14 y 28 de la Constitución, la disposición adicional 9.1.4 es declarada inconstitucional por vulnerar el artículo 81, en cuanto que afecta al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, regulado por ley orgánica. Los restantes preceptos son anulados por inconstitucionalidad formal. A propósito de ésta, el Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 103.3 de la Constitución establece una reserva para la regulación por ley del estatuto de los funcionarios públicos excluida, por tanto, de la potestad reglamentaria del Gobierno, pero no en el sentido de que ésta no pueda colaborar con aquélla para completar o particularizar la ordenación legal de la materia reservada, de modo que la ley será siempre la fuente introductora de las normas reclamadas por la Constitución sin que pueda ser sustituida en esta función por la potestad reglamentaria y sin que el legislador pueda disponer de la reserva misma a través de remisiones incondicionales o carentes de limites ciertos y estrictos, pues ello significaría un desapoderamiento del Parlamento en favor de la potestad reglamentaria Y, asimismo, el Alto Tribunal afirma que el ámbito reservado a la ley es el señalado por el artículo 103.3, precisando que bajo la expresión régimen estatutario del artículo 149.1.18 de la Constitución se entiende comprendida la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionarios, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan darse, y a los derechos y deberes y responsabilidades de los funcionarios y a su régimen disciplinario, entre otros extremos. De lo cual extrae como conclusión que esta normación debe ser dispuesta por el legislador en términos tales que sea reconocible en la ley una determinación material suficiente de los ámbitos así incluidos en el estatuto funcionarial descontando todo apoderamiento en favor de la potestad reglamentaria en la realización de esta labor. Desde esta perspectiva, entrando en el análisis de los preceptos impugnados por los recurrentes, el Alto Tribunal señala: Ultimo inciso del artículo 15: relaciones de puestos de trabajo que contienen un apoderamiento en favor del Ministerio de la Presidencia para determinados requisitos para el desempeño de los puestos de trabajo, debiendo especificar aquellos puestos que en atención a la naturaleza del contenido se reservan a los funcionarios públicos Tal precepto, al decir del Tribunal, no tiene en cuenta el ámbito objetivo de la reserva de ley del artículo 103.3, sino que, por el contrario, otorga un apoderamiento indeterminado en favor del Ministerio de la Presidencia contrario a esa reserva de ley, en cuanto que entraña una plena renuncia de su tarea de establecer en este punto... condiciones y límites materiales sobre determinados concretos que pueden ser adoptados por los órganos de la Administración En este punto, se debe añadir que con ser importante la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Alto Tribunal, no lo es tanto como la doctrina que entre líneas se puede extraer del razonamiento empleado por el mismo para llegar a tal determinación. En efecto, aunque en tal razonamiento no hay ninguna referencia explícita a la formulación de impugnación del precepto de los recurrentes en orden a que estiman que su redacción debiera haber sido la contraria a la que tiene- puesto que en principio todos los puestos de la Administración Pública deberían ser desempeñados por funcionarios y la excepción su previsión por quienes no tó fueran- lo cierto es que, de un modo implícito, la viene a reconocer al denotar la opción genérica de la Constitución (artículos 103.3 y 149.1.18) en favor de un régimen estatutario para los servidores públicos y ¡a exigencia de Casi tres años después de presentado el recurso de inconstitucionalidad, y al día siguiente de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, autonómicas y municipales, el Tribunal Constitucional dio a conocer su sentencia sobre la ley de M e d i d a s de R e f o r m a de la Función Pública, de la que ha sido ponente Carlos de la Vega Benayas. La sentencia, que afecta de forma esencial al régimen jurídico de decenas de miles de funcionarios públicos, anuló cinco artículos de la mencionada ley y desestimó otros motivos del recurso, entre ellos los que regulan la jubilación anticipada. Carlos de la Vega Benayas fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional en enero del pasado año por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. una determinación por ley de la excepción de tal previsión, conclusión que se estima de una importancia considerable, debido a la inclinación habitual de la Administración por una contratación indiscriminada de personal laboral. Por igual razón, el Tribunal declara inconstitucional el artículo 22.2 en cuanto que el mismo realiza una remisión incondicionada en favor, en este caso, del Gobierno para establecer los criterios, requisitos y condiciones conforme a los cuales los funcionarios del Estado pueden integrarse en otros cuerpos y escalas del mismo grupo. En esta misma línea se halla la declaración de inconstitucionalidad de los apartados 3 y 4 del artículo 27, porque contienen una amplísima e indeterminada habilitación del Gobierno para unificar y para declarar a extinguir Cuerpos y Escalas que no se conjuga con la reserva de ley del artículo 103.3 ni con las determinaciones de la propia ley 30 84, antes bien, medidas como ésta, apunta, requieren, para su posible adopción por el Gobierno, una predeterminación legislativa suficiente. Otra inccnstitucionalidad formal la constituye el artículo 21.2 d) que faculta al Gobierno y a los órganos de gobierno de las Comunidades autónomas, previo informe de! Consejo Superior de la Función Pública, establecer los criterios para el cómputo del tiempo de permanencia de los funcionarios en situación de servicios especiales, a efectos de consolidación del grado personal, lo cual representa que no se imponga ningún límite a esa potestad, en contra de la más absoluta omisión legal de toda garantía de promoción profesional de quienes se hallen en esta situación. Ernesto ViGNOTE