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72 A B C ABC DE LA EDUCACIÓN Mundo educativo MARTES 9- 6- 87 Más participación y dominio del sector público, objetivos del laborismo inglés Razones tácticas no aconsejan la nacionalización total Manuel Utande Consecuentes con sus ideas de participación, los laboristas ingleses han supeditado la fijación de su programa electoral sobre educación a una previa discusión con los padres, autoridades locales, directores, personal de los centros y representantes de la comunidad. Los documentos de que ya se dispone permiten, sin embargo, conocer las líneas maestras a que se ajustaría su acción si, tras las elecciones, llegaran al poder. El Partido Laborista ha d i s c u t i d o en su Congreso de Blackpool su política educativa futura. Una gran parte de los asistentes se inclinaba hacia medidas radicales, pero triunfó la postura oficial defendida por el portavoz para esta materia, Giles Radice, que arranca del programa de 1982 y se ha concretado en varios documentos, especialmente la Carta de alumnos y padres de 1985, y la monografía Educación a lo largo de la vida de 1986. La crítica de la política conservadora actual, acerba y extensa en Blackpool, ocupa poco espacio en los textos y aduce con preferencia argumentos de la inspección oficial y de la Autit Commission del Gobierno: el rendimiento deficiente de la enseñanza, la escasez y mala distribución de los recursos, el gran número de aulas superpobladas... Los propósitos del partido para el futuro son expuestos, en cambio, con amplitud, aunque no siempre con precisión. Como objetivos generales se señalan la educación para poder participar personalmente en el juego de las instituciones democráticas, la eliminación de cualquier desigualdad respecto de las mujeres, tos negros y otras minorías étnicas, y la integración de los disminuidos. En el texto de 1986 se insiste en la necesidad de erradicar toda clase de sexismo y de racismo. La enseñanza no selectiva es el núcleo del programa. Sobre el modelo de la escuela primaria, las escuelas secundarias polivalentes comprehensive sustituirían a las clásicas grammar y a las escuelas secundarias modernas Los laboristas no admiten una selección a los once años por entender que agrava las diferencias sociales y dicrimina, tal como ahora se hace, a los alumnos por su procedencia tanto como por su capacidad. Este principio se extendería incluso más allá de los dieciocho años. La oposición a los centros privados es el punto de equilibrio más difícil para los laboristas. En el Congreso de Blackpool estuvo a punto de triunfar la moción que proponía nacionalizarlos, como ha recordado Martin Linton en The Guardian Es una aspiración que comparten en el fondo los rectores del partido, aunque como táctica se conformarían por ahora con integrar un buen número de escuelas privadas en el sistema público. Avanzar más podría enfrentar al futuro Gobierno con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otra meta clara, que satisface a las bases, es democratizar más la gestión de los centros, dando participación en ella a los representantes sindicales junto a otros sectores de la comunidad local; también se fomentarían las organizaciones estudiantiles incluso bajo la forma concreta de sindicatos. Junto a estos fines, el Partido Laborista aspira a una serie de reformas en el orden pedagógico que merecerían un estudio específico. El conjunto de intenciones aparece resumido en dos textos breves dentro de la carta y del folleto citados. Hay declaraciones programáticas, como la de dotar a hombres y mujeres con las aptitudes personales e intelectuales que les permitan modernizar las industrias y contribuir a la solución de los problemas sociales; hay también enunciados de derechos, como el de los alumnos a una educación primaria que desarrolle su entusiasmo por el estudio, o el de los padres a no tener que pagar los libros de texto. Y un objetivo mayor sería, por último, terminar con la distinción entre enseñanza académica y profesional, como ha afirmado personalmente Neil Kinnock, líder del partido. Palmas y pitos Juan Guitart, consejero de Educación de la Generalidad de Cataluña, debe intervenir ante la denuncia de un grupo de madres de La Aldea contra los Servicios Territoriales de Enseñanza de Tarragona. Después que el Instituto de Tortosa aceptara las matrículas de un grupo de alumnos para primer curso de BUP, las familias han recibido una comunicación que les obliga a cursar sus estudios en Amposta. Los padres han presentado denuncia ante el Juzgado de Guardia por considerar que se vulnera el derecho de las familias a escoger centro educativo para sus hijos. Juan Manuel Rojo, secretario de Estado para Universidades e Investigación, no parece haber convencido sobre las bondades de la reforma de estudios universitarios a los claustrales de la Universidad de Málaga. El claustro ha aprobado doce documentos, presentados por los estudiantes, que acusan al Gobierno de insuficiencia de inversiones públicas en la Universidad y notables deficiencias de medios, infraestructuras y ayudas a los estudiantes También se critica la falta de representatividad del Consejo de Universidades. Vicente Alvarez Areces, candidato socialista al Ayuntamiento de Gijón, ha cesado como jefe del Servicio de Inspección Técnica de Educación del Ministerio el día 1 de junio. A pesar de esperar casi hasta el último minuto antes de las elecciones, no ha conseguido sacar adelante el proyecto de reglamento de Inspección. Aunque legalmente no tenía obligación de dimitir, parece claro que d i fícilmente se puede armonizar el ejercicio de un puesto de trabajo en Madrid con la representación municipal en Gijón. Francisco Gómez Barriocanal, inspector técnico de Educación en Zaragoza, ha comprobado cómo la publicación de artículos en la Prensa local era incompatible con el concepto de libertad de expresión que tiene María Pilar de la Vega, directora provincial de Educación. Para intentar amedrentar a este funcionario se solicitó la llegada de varios inspectores desde Madrid que investigaron exhaustivamente la vida de Francisco Gómez, sin que hasta la fecha hayan encontrado motivos punibles en su actuación más allá de las opiniones personales, poco acordes con la ortodoxia ministerial. Compañía para el Comercio de España y de las Indias, S. A. (CEISA) A los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 de la ley de Sociedades Anónimas, se comunica que la Compañía para el Comercio de España y de las Indias, Sociedad Anónima, ha cambiado su domicilio social a la calle Padilla, 1, de Madrid. 28006. Para director de empresa ubicado en Madrid se precisa -Con conocimientos de mecánica y carnet de primera. -Se valorará experiencia. Enviar curriculum vitae y referencias a El secretario del Consejo de Administración. VICRILA. S. A. Calle Colombia. 63, 8. A y B- 28016 Madrid