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74 A B C ABC, LUNES 8- 6- 87 Continúa la polémica nacional soh Un año y medio después de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea todavía se mantiene la discusión sobre si el Tratado de Adhesión estuvo bien negociado o, por el contrario, abundan más los aspectos negativos que los positivos. Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre este hecho, lo que si está claro es que a lo largo de estos dieciocho meses ha habido una serie de sectores que han salido perjudicados de la incorporación de España a la CEE. Por el contrario, a nivel popular la incorporación a la Comunidad no se ha valorado mucho a pesar de las graves transformaciones que se están produciendo en todas las estructuras económicas nacionales. Cuando se firmó el Tratado de Adhesión de España a la CEE y contrariamente a lo que muchos suponían no se acabó la negociación con la CEE. Por el contrario, se entró en un periodo de negociación permanente durante el que la Administración española ha dado suficientes pruebas de falta de coordinación que no han hecho sino agravar la situación de aquellos sectores que no obtuvieron beneficios de la negociación del Tratado. Esta falta de coordinación se hace patente en las relaciones entre los diversos Ministerios que intervienen en las actividades comunitarias, y también en las relaciones de éstos con la representación permanente de España ante le CEE con sede en Bruselas. Sin embargo- donde más se nota es en las actividades de carácter agrario en las que Carlos Romero, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene siempre la última palabra. El sector agrario fue sin lugar a dudas el gran perjudicado de la negociación para el ingreso de España en la Comunidad. En el caso de los productos en los que España es competitiva, como las frutas y hortalizas, el periodo transitorio que se consiguió es muy largo (diez años) por lo que salen perjudicados los intereses de los agricultores españoles. Por el contrario, en aquellas producciones en las que España no es competitiva el periodo transitorio es más corto (siete años) Además, España ha entrado en la CEE en unos momentos en los que la Política Agraria Común (PAC) está sumida en una grave crisis: La salida final para la misma va a ser la disminución de los fondos comunitarios que se destinan a la PAC que actualmente son más del 75 por 100 del total del presupuesto comunitario. Ello, evidentemente, se va a notar en el sector agrario español en el futuro inmediato. Las principales organizaciones agrarias de ámbito nacional se han quejado en repetidas ocasiones de que este sector estaba siendo el gran perjudicado de la incorporación a la CEE, sin que hasta el momento se les haya hecho mucho caso. Hoy todavía no se ha puesto en marcha la política de concertación que solicitaban los representantes del sector agrario para hacer frente a los desafíos que tiene planteados. Recientemente, el ministro Romero anunciaba, una vez más, que iba a poner en marcha un plan de concertación con los representantes de los agricultores. Pero hay que tener en cuen- Los sectores de la economía española más perjudicados no se han podido beneficiar en la fase de negociación posterior por fallos de coordinación en el Gobierno ante las autoridades comunitarias. Dentro del sector agrario, uno de los errores más graves del Tratado de Adhesión hace referencia al ovino. Durante la negociación era ésta prácticamente la única producción ganadera que iba a salir beneficiada de la entrada en la Comunidad, dado el déficit de este tipo de carne que había en la Europa de los Diez y las posibilidades de aumento de la producción que existían en España. Ello llevó a una situación de optimismo generalizado que hizo olvidar a los negociadores españoles la necesidad de establecer una cláusula por la naderos españoles no se han puesto todavía en marcha por dificultades internas de la Administración agraria española y por la obsesión del ministro Romero de que todo pase por sus manos, lo que está provocando un cuello de botella y un rechazo generalizado en muchas cuestiones, sobre todo en las ayudas para los agricultores y ganaderos. El déficit comercial Una de las consecuencias de la integración de España en la Comunidad Económica Europea que inquieta más a las autoridades de la Administración y a los empresarios, es el déficit de la balanza comercial que se viene registrando desde el 1 de marzo de 1986, fecha en la que se produjo la integración a efectos comerciales. El último episodio en esta película viene dado por los datos correspondientes al pasado mes de abril, en el que se registró un déficit comercial de 561 millones de dólares. Esta cifra supone un incremento del 53 por 100 sobre las que se registraron el mismo mes del pasado año; pero, por el contrario, es la menor de las que se han registrado en lo que va de 1987. De acuerdo con los datos del Banco de España, durante el pasado mes de abril, nuestro país importó mercancías por valor de 3.429 millones de dólares, mientras que las exportaciones se situaron en 2.867 millones de dólares. De acuerdo con los datos facilitados por la OCDE, organización que ha seguido muy de cerca el espinoso tema del déficit comercial español, desde que nuestro país entró en la Comunidad, durante 1986, España aumentó sus importaciones procedentes de los otros países miembros de la C o m u n i d a d en 589.630 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 31,56 por 100. Los países que más aumentaron sus ventas a España fueron Alemania, Italia y Francia. Por el contrario, las exportaciones españolas a los otros países miembros de la Co- Agricultura y ganadería, los capítulos más dañados y con expectativas más defraudadas por los errores en la negociación ta que las otras veces que ha hecho este mismo anuncio nunca se ha cumplido. La industria agroalimentaría también ha padecido los efectos de la integración. Aunque ha habido algunos aspectos positivos, como las ayudas que han llegado por la vía del Reglamento 355 para la mejora de la comercialización de los productos agrarios, las empresas que se dedican sobre todo a la exportación tienen planteados actualmente graves problemas derivados de la falta del cobro de las restituciones a la exportación previstas en la normativa comunitaria y de los montantes compensatorios monetarios. El retraso en la percepción de estos fondos es imputable a la Administración española y más en concreto al Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) La cifra de deuda supone varios mi- t les de millones de pesetas. Ello va a llevar a que si este problema no se soluciona el próximo día 10 el sector agroalimentario presentará una denuncia contra el Estado español que se limitasen las importaciones de ovino procedentes de terceros países con los que la CEE mantiene acuerdos preferenciales, como es el caso de Nueva Zelanda o de Argentina. El resultado final es que las exportaciones españoles durante estos dieciocho meses no han funcionado como estaba previsto y que, por otro lado, ha entrado cordero con el que no se contaba, lo que ha provocado una grave crisis de precios en el mercado interior durante los últimos seis meses. La situación ha llegado a tai extremo que España ha tenido que pedir la aplicación de la cláusula de salvaguarda para las importaciones procedentes de países terceros. Paralelamente también se ha producido un descenso en los precios de la leche de cabra y de oveja con el que tampoco se había contado, lo que está poniendo a muchos ganaderos de ovino y caprino al borde de la ruina. Por lo general, muchas de las medidas contempladas en la normativa comunitaria que podrían beneficiar a los agricultores y ga-