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58 A B C DERECHO LUNES 8- 6- 87 La sentencia puede originar numerosos conflictos, segán los juristas El Tribunal pudo evitar la admisión del recurso Prestigiosos juristas consultados por ABC han señalado ios frecuentes conflictos que puede originar la sentencia. Junto a la confusión que ha provocado ia interpretación del Alto Tribunal sobre el uso de! a lengua oficial, los expertos han destacado la vertiente política, que llevará a personas que conocen el idioma a negarse a declarar en é! Para otros, el Tribunal pudo evitar el incidente en el trámite de admisión del recurso. Las opiniones recogidas por ABC entre catedráticos y profesores de Derecho y abogados son las siguientes: El Tribunal pudo evitarlo No es fácil comentar con objetividad esta sentencia que contiene, entre otras cosas, un fallo más propio para ser interpretado por un humorista que por un jurista. Y esta nota de humor no la pongo yo como lector, sino posiblemente el propio Tribunal ante un recurso sorprendente. Este ha sido planteado, en nombre del Gobierno vasco, por un letrado a su servicio, no sé si humorista o servidor obligado de enmendantes de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Crimina! que han querido defender una enmienda que fue rechazada en esa última instancia que es el Tribunal Constitucional. Atribuyo humor al Tribunal porque la respuesta que éste da en el fallo no deja de tenerlo. No dice que los vascos deban ser detenidos por policías, asistidos de intérpretes, sino de una manera elusiva o negativa, se limita a afirmar que el artículo impugnado no es inconstitucional, si se interpreta en el sentido de que no priva del derecho de ser asistido por intérprete a los ciudadanos españoles que no comprendan el castellano Adviértase que no es que se haya producido indefensión de un detenido, por no comprender éste la lengua castellana o española del funcionario que lo detenía, cuando le hizo conocer sus derechos. Lo que da cierto carácter desorbitado a este recurso es que esto no es más que una hipótesis para justificar la interposición frontal de un recurso de inconstitucionalidad contra un precepto tan de sentido común como aquel que establece el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando se trate de extranjero que no comprenda el castellano. Llueve sobre mojado. Porque ya anteriormente hubo leyes de normalización del uso de las lenguas vasca, catalana y gallega que fueron objeto de sentencias paralelas. En aquellas sentencias, el Tribunal estableció una doctrina relativamente coherente sobre la incidencia del pluralismo lingüístico en el orden constitucional español. En ellas se planteaba el carácter de lengua oficial de las diversas lenguas españolas en las respectivas Comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos El Tribunal aceptaba como criterio de la cooficialidad el territorio y definía esa oficialidad de una lengua con independencia de su realidad y peso público, como medio normal de comunicación entre los poderes públicos entre sí y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de que en ámbitos específicos como el procesal y a efectos concretos como evitar la indefensión, las leyes y los tratados internacionales que permitan también la utilización de lenguas no oficiales por los que desconozcan las oficiales) En mi opinión, estaba expresamente citado en esa sentencia este supuesto de indefensión en que se basa el Tribunal para dar esta respuesta semisibilina a la impugnación. El incidente pudo haberse salvado en el trámite de admisión del recurso. La respuesta actual tiene una gota de ironía sobre la pretensión del Gobierno vasco de que los vecinos de aquella Comunidad, que no eran españoles, tampoco eran extranjeros. Y queda así subrayado en este que no sé si podremos llamar rasgo de humor del Tribunal. Luis SÁNCHEZ AGESTA Catedrático de Derecho Político Utilización política La sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza la utilización de idiomas distintos al castellano en diligencias policiales, no dice que el texto del artículo 520.2, e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado por la ley 14 83, sea inconstitucional, sino todo lo contrario. Dice que debe ser interpretado en el sentido de que no se puede privar del derecho a ser asistido por intérprete a los ciudadanos españoles que no comprenden o no hablan castellano. Es cierto que el artículo 3 de la Constitución española expresa que el castellano es la lengua española oficia! del Estado, y que todos tenemos el deber de conocerla. Sin embargo, se ha dicho en algunos medios que esta sentencia podría ser inconstitucional; puesto que iría contra dicho principio. Nada más lejos de la realidad. Una cosa es el deber de conocer un idioma y otra cosa que de hecho se conozca o no. En el caso de no conocerse, se podría caer en una total indefensión que iría en contra del artículo 24 de la Constitución. Por no conocimiento del idioma español, teóricamente, si hubiese alguna disposición que lo regulase se nos podría imponer una sanción administrativa, pero si somos españoles y no lo conocemos, tenemos derecho a ser asistidos por alguien que lo conozca, en cualquier diligencia policial como judicial. Lo contrario, como dice la sentencia, vulneraría el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, la utilización política de esta sentencia me parece que no es posible, puesto que en el caso más llamativo, cual es el de los terroristas vascos que pueden acogerse a este principio jurisprudencial constitucional, para no declarar en castellano, a mi juicio, no podrían hacerlo puesto que son gente que si tienen un mínimo de cultura para vivir en Madrid, en Francia o en cualquier otro punto de España, donde organizan sus matanzas, no es verosímil -utilizando tecnología de la sentencia- el desconocimiento del castellano y, por lo tanto, tienen la obligación de declarar en esta lengua. Jorge TRIAS SAGNIER Abogado Para casos límite La sentencia requiere de una lectura detenida y rigurosa, sólo así podrá determinarse con justeza su alcance y su cabal encuadre constitucional. Por de oronto, nos hallamos en presencia de una sentencia meramente interpretativa que no anula el a r t í c u l o 520.2. e) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya constitucionalidad se cuestionaba en este proceso, limitándose a extender a la esfera policial un derecho que existía en el ámbito judicial. El párrafo fundamenta! se encuentra en el fundamento tercero cuando señala que el derecho a tener intérprete sólo entraría en juego cuando el detenido o pre so alega verosímilmente su ignorancia o conocimiento insuficiente del castellano. Bastará pues que el detenido o preso tenga bachiller- elemental, por ejemplo, para que no quepa aducirse desconocimiento del castellano, sin que tenga que admitirse por la administración policial ningún tipo de fraude. Se trata, por tanto, de resolver algún caso verdaderamente límite para garantizar el derecho fundamental a la defensa. José E. SORIANO Catedrático de Derecho Administrativo Consagra el derecho a no hablar castellano La Constitución hace que el castellano sea el idioma oficial. Cualquiera que desee tener la nacionalidad española debe conocerlo, por lo que el hecho en sí me parece extraño, ya que, bien o mal, todos los españoles deben conocerlo. Se trata de un debate político más que constitucional. Desde este último punto de vista me parece lógico que se establezca el derecho de defensa, pero como hecho es extraño que haya españoles que no entiendan el castellano. La doctrina es impecable en cuanto al derecho de defensa, pero como hecho es un caso raro. Lo que se defiende es que no quieran hablar el castellano, y consagra el derecho a no hablar en este idioma. Esto me parece muy discutible y creo que no es constitucional. José Luis VILLAR PALASI Catedrático de Derecho Administrativo la ásáeri Mariscos y Peséadósv; M; RESTAURANTE- BAR MARISQUERIA Cambio de Platos cada día Sabrosa Paella de Mariscos SALONES PRIVADOS VIVEROS PROPIOS SÁBADOS v DOMINGOS: Preciados. 33 Reservas: 5 2 1 2 2 0 7- 2 3 2 3 1 1 2 (servicio de aparcacoches)