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LUNES 8- 6- 87 DERECHO Texto íntegro de la polémica sentencia del Tribunal Constitucional cuerpo del escrito se aducen argumentos dirigidos a defender el derecho de quienes ostentan la condición política de vascos a declarar en euskera ante la Administración policial y a comunicarse con ella en la misma lengua, en el suplicó del escrito se especifica el objeto de la impugnación, que consiste en el texto del artículo 520- 2- e de la ley de Enjuciamiento Criminal (L. E. Crim. redactado por la ley 14 83. Este precepto se refiere exclusivamente al derecho de toda persona detenida o presa a ser asistida gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprende o hable el castellano. La impugnación debe entenderse fundada en que el citado derecho se reconoce sólo a los extranjeros cuando debiera ser reconocido también a los ciudadanos españoles que se encuentran en la misma situación y, más concretamente, a los que ostentan la condición política de vascos que no comprendan o no hablen el castellano. Quedan, por tanto, fuera del presente recurso las cuestiones relativas al derecho a usar el euskera en las relaciones con las Administraciones públicas dentro del territorio del País Vasco, con independencia de que se conozca o hable el castellano, cuestiones que han sido examinadas con carácter general en la STC número 82 86, de 26 de junio y en un caso concreto en la número 2 87, de 21 de enero. Conviene señalar también que el recurso no versa sólo sobre la simple información de ese derecho al detenido o preso, pues así entendido carece- A B C 7 57 nal, que reconoce el derecho de intérprete de los extranjeros que no comprenden o hablan el castellano, no puede ser entendido a contrario sensu como negación de ese derecho a los españoles que se encuentren en las mismas circunstancias. Al contrario, para tales españoles la Constitución, las leyes procesales en vigor y los pactos internacionales le reconocen igual derecho. La mención específica de los extranjeros en el citado artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal se explica porque al respecto cabe una presunción de ignorancia del castellano no aplicable a los españoles, que tienen, además, el deber de conocerlo (artículo 3- 1 de la Constitución) por lo que es más bien aplicable la presunción contraria, que se desvirtuará cuando el detenido no lo conozca, en cuyo caso será aplicable el artículo 17- 3 de la Norma Fundamental. Por las mismas razones rechaza el abogado del Estado la invocación del artículo 27 del Pacto de Derechos Sociales y Políticos que se refiere al derecho de las minorías lingüísticas a emplear su propio idioma, que es independiente a ser informado en una lengua comprensible, como lo demuestra que este último derecho es reconocido autónomamente en los Tratados internacionales (artículo 6. del Convenio de Roma) extranjeros que se encuentran en ese caso no debe ofrecer duda. Lo contrario supondría una flagrante discriminación prohibida por el artículo 14 de la Constitución. No cabe objetar que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla (artículo 3- 1 de la Constitución) ya que lo que aquí se valora es un hecho (la ignorancia o conocimiento insuficiente del castellano) en cuanto afecta al ejercicio de un derecho fundamental cual es el de defensa. En el fondo se trata de un derecho que, estando ya reconocido en el ámbito de las actuaciones judiciales (artículos 231- 5 de la L. O. P. J. y 398, 440, 711 y 758- 2 de la L. E. Crim. debe entenderse que también ha de reconocerse en el ámbito de las actuaciones policiales que preceden a aquéllas y que, en muchos casos, les sirven de antecedente. Ciertamente, el deber de los españoles de conocer el castellano, antes aludido, hace suponer que ese conocimiento existe en la realidad, pero tal presunción puede quedar desvirtuada cuando el detenido o preso alega verosímilmente su ignorancia o conocimiento insuficiente o esta circunstancia se pone de manifiesto en el transcurso de las actuaciones policiales. Cuarto. Consecuencia de lo expuesto es que el derecho de toda persona, extranjera o española, que desconozca el castellano a usar de intérprete en sus declaraciones ante la Policía, deriva, como se ha dicho, directamente de la Constitución y no exige para su ejercicio una configuración legislativa, aunque ésta puede ser conveniente para su mayor eficacia. El hecho de que la ley impugnada, al dar nueva redacción al artículo 520 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, se refiera sólo expresamente en su apartado 2- e al extranjero podría ser una deficiencia legislativa, pero no supone propiamente un caso de inconstitucionalidad por omisión, como pretende el Gobierno vasco, ya que tal tipo de inconstitucionalidad sólo existe cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace (STC número 24 82, de 13 de mayo F. J. 3. La norma contenida en el artículo 520- 2- e es, con toda evidencia, constitucional siempre que no se interprete en sentido excluyente, es decir, en el sentido de que al reconocer el derecho a intérprete del extranjero se le niega ese derecho al español que se encuentra en las mismas circunstancias. Basta pues, con interpretar la norma impugnada con arreglo a la Constitución, lo que es perfectamente posible, para disipar todo reproche de inconstitucionalidd. Debe advertirse además que el derecho a intérprete, en cuanto nace única y exclusivamente del desconocimiento del castellano y de la imposibilidad subsiguiente de relacionarse en forma comprensible con la administración policial es aplicable con independencia del lugar en que se producen las diligencias, es decir, para el caso aquí examinado fuera o dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. Y por último, debe señalarse también que la asistencia del intérprete ha de ser gratuita para los españoles que la necesiten, como lo es para los extranjeros, según el artículo 520- 3 e de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo contrario vulneraría el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución y supondría un obstáculo irrazonable al derecho de defensa consagrado en el artículo 24- 1 de la Norma Fundamental. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la nación española Ha decidido: Que el artículo 520- 2- é de la ley de Enjuiciamiento Criminal redactado por la ley Orgánica 14 1983, de 12 de diciembre, no es inconstitucional interpretado en el sentido de que no priva del derecho a ser asistido por intérprete a los ciudadanos españoles que no comprendan o no hablen el castellano. Publíquese esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado Dada en Madrid a veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete. Decimotercero. -Concluye el abogado del Estado solicitando que se declare no haber lugar a la demanda, declarando la plena conformidad de la ley recurrida al texto constitucional. Decimocuarto. -Por providencia de Pleno de 14 de mayo de 1987 se señaló el día 21 de mayo del mismo año para deliberación y fallo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. -El abogado del Estado alega como objeción previa a entrar en el fondo del asunto la falta de legitimación del Gobierno vasco para promover el presente recurso de inconstitucionalidad. A su entender, esa legitimación no existe para la defensa de los derechos fundamentales y libertades en general, sino sólo para las vulneraciones de la constitucionalidad que afecten al ámbito de autonomía, conforme a lo dispuesto en el artículo 32- 2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que no se daría en este caso, ya que los preceptos constitucionales y estatutarios relativos a la ¡engúa no atribuyen competencias ni pueden alterar las competencias ya establecidas. Esta objeción no es aceptable. El Tribunal Constitucional ha declarado ya, interpretando el citado artículo 32- 2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que la esfera de interés de la Comunidad autónoma que justifica su legitimación no se identifica con la defensa de sus competencias y que basta para tal legitimación con que esos intereses se vean afectados por la regulación estatal de una materia sobre la cual también Ja Comunidad dispone de competencias propias (STC número 84 82 de 23 de diciembre, y número 26 87 de 27 de febrero) Ahora bien, las normas relativas a la lengua que ha de usarse en las relaciones entre los detenidos o presos y la administración policial deben aplicarse también por la Policía Autónoma Vasca, cuya organización, régimen y mando es competencia de ta Comunidad, según establece el artículo 17 del EAVP, por lo que el precepto impugnado incide en el ámbito de autonomía del País Vasco, lo que legítima en este caso a su Gobierno para interponer el presente recurso y hace innecesario entrar en otros argumentos posibles a favor de esa legitimación. Segundo. También señala el abogado del Estado que la demanda presentada por el Gobierno vasco no precisa suficientemente la regla o precepto impugnado o, en la medida en que se trate de un recurso de inconstitucionalidad por omisión, la regla o precepto que se estima omitido, concretando el ámbito personal, territorial y material de su proyección. Y es cierto que dicha demanda adolece de una cierta oscuridad en su planteamiento que, sin embargo, no impide delimitar el objeto del recurso con la suficiente precisión para permitir su examen y resolución. En efecto, aunque en el encabezamiento de la demanda se recurre la ley 14 83, de 12 de diciembre, al parecer en su totalidad, y en el No cabe objetar que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla, ya que lo que aquí se valora es un hecho El Gobierno vasco alegó que 5.559 personas desconocían el castellano ría de sentido, ya que el mismo artículo dice con toda claridad, sin distinción entre españoles y extranjeros, que toda persona detenida o presa será informada de forma que le sea comprensible... de los derechos que le asistan y entre ellos el derecho a ser asistido de intérprete, que es el aquí debatido. La cuestión realmente planteada consiste, por tanto, en determinar si el ciudadano español que no comprenda o no hable el castellano tiene, al igual que el extranjero que se encuentra en esa circunstancia, el derecho a ser asistido por intérprete. Tercero. Acotado así el objeto del recurso, es evidente que el derecho a ser asistido de un intérprete deriva del desconocimiento del idioma castellano que impide al detenido ser informado de sus derechos, hacerlos valer y formular las manifestaciones que considere pertinentes ante la administración policial, pues si algunos de esos derechos pudieran respetarse por otros medios (la simple información, por ejemplo, por un texto escrito en la lengua que entienda el detenido) otros derechos, que suponen un diálogo con los funcionarios policiales no pueden satisfacerse probablemente sin la asistencia de intérprete. Este derecho debe entenderse comprendido en el artículo 24- 1 de la Constitución en cuanto dispone que en ningún caso puede producirse indefensión. Y aunque es cierto que este precepto parece referirse a las actuaciones judiciales debe interpretarse extensivamente como relativo a toda dase de actuaciones que afectan a un posible juicio y condena y, entre ellas, a las diligencias políticas cuya importancia para la defensa no es necesario ponderar. La atribución de este derecho a los españoles que no conozcan suficientemente el castellano y no sólo a los