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LUNES 8- 6- 87- DERECHO ABC, pog. 55 Los españoles que no entiendan el castellano podrán utilizar intérprete en sus declaraciones ante la Policía Texto íntegro de la polémica sentencia del Tribunal Constitucional Madrid En una sentencia hecha pública el pasado martes, el Tribunal Constitucional estableció el derecho de los españoles que no comprendan o hablen el castellano a declarar ante la Policía asistidos por un intérprete. El Alto Tribunal, al resolver un recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno vasco, afirmó El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, presidente, y doña Gloria Begué Cantón, don Ángel Latorre Segura, don Luis Diez- Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García Mon y González- Reguera! don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez- Pinero Bravo- Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, magistrados, han pronunciado en nombre del Rey ta siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad número 194 84, planteado por el letrado don Santiago Aranzadi Martínez Inchausti, en nombre del Gobierno vasco contra la ley 14 1983, de 12 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en materia de asistencia letrada al detenido y al preso y modificación de los artículos 520 y 527 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha comparecido el abogado del Estado en representación del Gobierno de la nación y ha sido ponente e) magistrado don Ángel Latorre Segura, quien expone el parecer del Tribunal. I. ANTECEDENTES Primero. El 23 de marzo de 1984 se presentó en este Tribunal escrito del letrado del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya don Santiago Aranzadi Martínez Inchausti, en nombre del Gobierno vasco, por el que se planteaba recurso de inconstitucionalidad contra la ley 14 83, de 12 de diciembre, que desarrolla el artículo 17.3 de la Constitución en lo que se refiere a la asistencia letrada al detenido, y reforma los artículos 520 y 527 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (L. E. Crim. En el escrito comienza la representación del Gobierno vasco afirmando su legitimación para interponer él presente recurso. Tras recordar los artículos 162.1. a de la Constitución y 32.2 de la L. O. T. C, señala dicha representación que en el recurso de inconstitucionalidad se legitima a las Comunidades autónomas en un doble aspecto: la defensa de los intereses propios (art. 137 de la Constitución) y la defensa dé los intereses generales, que les corresponde como entes constitucionales. Entre esos intereses figuran el conjunto de valores expresados en la Constitución y los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos. Las Comunidades autónomas actúan, en esté sentido, como codefinidoras y correalizadoras del interés general cuando éste les afecta o les puede afectar. Se invoca en esta aspecto el artículo 9.2. a) y d) del E. A. P. V. En consecuencia, siempre según la representación del Gobierno vasco, las Comunidades autónomas están legitimadas para recurrir de inconstitucionalidad aquellos productos legislativos del Estado incompatibles con los valores expresados en la Constitución que puedan afectar al propio ámbito de la autonomía. A este respecto no cabe duda de que la ley recurrida puede afectar, y de hecho afecta, intensamente al ámbito de autonomía del País Vasco, pues dados los términos en que se formula el artículo 520.2. e de la L. E. Crim. limita éste el derecho constitucional de quienes tienen la condición política de vascos a declarar en una lengua oficial del País Vasco (artículo 3.2 de la Constitución y 6.1 del E. A. P. V. Correlativamente a ese derecho, los poderes públicos del País Vasco tienen que conceder este derecho a los extranjeros y no a los españoles que desconozcan el castellano, supondría una flagrante discriminación prohibida por el artículo 14 de la Constitución señalando que no cabía objetar el deber de todos los españoles de conocer el castellano. El texto de la sentencia es el siguiente: cada funcionario en concreto. La Administración debe promover los medios para que los funcionarios relacionados directamente con los administrados (en este caso los detenidos) sean bilingües o propiciar, al menos temporalmente, traductores. Hay que tener en cuenta, a estos efectos, que en el País Vasco existen personas que sólo saben expresarse con claridad de ideas en su lengua, en euskera. Con citas de un estudio elaborado por el Gabinete de Prospectiva Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco, publicado en 1983, se aduce que el porcentaje de población monolingüe euskaldún es del 0,3 por 100 en toda la Comunidad autónoma (0,00 en Álava, 0,3 en Vizcaya y 0,6 en Guipúzcoa) en total 5.559 personas, t i porcentaje de euskaldunes bilingües (cuya lengua meterna es el euskera) supone un 26,6 por 100 (12,2 en Álava, 21,6 en Vizcaya y 41,1 en Guipúzcoa) en total 412.567, de los cuales existe un alto porcentaje que no entiende bien el castellano, de forma que si se les informa de sus derechos en esta lengua no puede considerarse que han sido informados de modo que les sea comprensible. Tercero. Sigue diciendo la representación del Gobierno vasco que el derecho a declarar en las lenguas propias y oficiales de las Comunidades autónomas es una consecuencia obligada del derecho a usar en su territorio la lengua propia y cooficial del País Vasco. El fundamento jurídico de este derecho reside en el artículo 3- 2 de la Constitución en relación con el 6- 1 del EAPV. El deber de conocer el castellano no puede llegar a producir la indefensión del detenid a máxime cuando para los extranjeros se prevé la posibilidad de intérprete. Ese deber se atempera por la existencia en la Comunidad autónoma de un derecho a usar la lengua propia vasca y por el hecho de la existencia de sectores de la población que la ignora o que manifiesta una mejor comprensión del euskera por Ser su lengua materna. Cuarto. El reconocimiento de una lengua como oficial- continúa la representación del Gobierno vasco implica su validez en las relaciones con las instancias oficiales- con. todas las Administraciones públicas dentro del ámbito territorial de la Comunidad correspondiente, lo que determina el deber de las Administraciones públicas que radican en el País Vasco de entender a los administrados en euskera Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, actúen como Pojicia Judicial o como Policía Gubernativa, lo hacen como Administración pública en el País Vasco, y tienen, por tanto, la obligación de atender en euskera a los administrados cuando éstos ejerciten su derecho a usar esa lengua ante ellos. Se trata, sin embargo, de un deber de la Administración, no del funcionario. La Administración debe prestar su asistencia con funcionarios bilingües, al menos en los puestos de relación pública. De ahí la exigencia de que sea asistido por intérprete el ciudadano que elija el euskera como lengua de comunicación con las Administraciones públicas. Alude la representación del Gobierno vasco al esfuerzo que en este sentido está haciendo la Administración Judicial. Quinto. Afirma, por último, la representación del Gobierno vasco que el artículo 14 en relación con el 3- 2, ambos de la Constitución, prohibe la discriminación por razón de la lengua. Asi- el deber de disponer de funcionarios que conozcan y puedan prestar los servicios públicos hablando la lengua originaria de dicho País. Así, la contravención del interés propio de la Comunidad que fundamenta su legitimación viene determinada por la conculcación por omisión, en la ley 14 1983, del derecho de los administrados con la condición política de vascos a usar el euskera en sus relaciones con la Administración, sea central o autonómica, cuando se encuentran en el País Vasco. Segundo. Respecto al fondo del asunto, inicia su exposición la representación de! Gobierno vasco recordando diversas intervenciones en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados al discutirse la ley impugnada, en las que se discutió la aprobación de una enmienda (finalmente rechazada) por la que en el nuevo texto del artículo 520.2. e L ¡E. Crim. se preveía el derecho a ser asistido por intérprete de las personas pertenecientes a Comunidades autónomas en que se reconociese otra lengua oficial además del castellano, cuando esas personas fueren detenidas en el territorio de la correspondiente Comunidad. La representación del Gobierno vasco hace suya esta opinión e indica que los derechos de los detenidos suponen un deber correlativo de la administración policial entendida en su conjunto y no como un deber de En el estrado FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE La sentencia del Tribunal Constitucional que concede derecho a ser asistido por intérprete a los españoles que desconozcan el castellano coloca de nuevo en el centro de la polémica a este órgano constitucional, que preside Francisco Tomás y Valiente. La decisión del Alto Tribunal, que ha causado estupor entre ios j u r i s t a s ha abierto el portillo a un posible fraude de ley, la exigencia de intérprete por todos a q u e l l o s que, por razones políticas, se nieguen a hablar castellano, conociéndolo, cuyas consecuencias se harán tangibles en breve espacio de tiempo. En su fallo, el Tribunal parece haber olvidado el tajante mandato que establece el artículo tercero de la Constitución: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.