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EDITADO POR PRENSA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANÓNIMA 25 DE MAYO DE 1987 FUNDADO EN 1905 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA UANDO me encontraba en las Constituyentes como senador real y llegó allí el proyecto de Reforma Tributaria introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico la figura del delito fiscal, publiqué el día 18 de noviembre de 1977, en un periódico nacional, un artículo en el que decía que aun estando sustancialmente de acuerdo con una reforma destinada a potenciar, sirviendo así a la Justicia, la solidaridad económica entre los ciudadanos españoles no podía estarlo, en cambio, con la falta de garantías para el contribuyente que se observaban en aquella ley. Mis escrúpulos de jurista siguen vivos y aumentados diez años después, cuando otro es el Gobierno y otro también el partido en el poder. Como vengo empleando la expresión terrorismo fiscal tengo la obligación de explicar su sentido. En efecto, en el terrorismo se encuentran los hechos atroces de todos conocidos, pero por encima de ellos se observa una filosofía y una táctica de la cual voy a espigar algunas características. Se pretende aterrorizar a la sociedad y también crearle un complejo de culpabilidad. Para impedir reacciones defensivas de aquélla se descalifica sistemáticamente a cualquier discrepante. Y actúa con un desprecio absoluto por las libertades y derechos del ciudadano, ya que importa sólo un resultado buscado y a él se sacrifica todo lo demás. Cuando nos acercamos al momento de formular declaraciones ante el Fisco aparecen desde el Ministerio de Hacienda declaraciones en las que se señalan como culpables a sectores enteros de la sociedad, amenazándoles con rigores máximos y con penas que van desde multas abrumadoras a la entrada en la cárcel. Se crea así en la conciencia fiscal de millares y millares de contribuyentes un sentimiento de culpabilidad y de temor. Cuando alguien se decide a formular observaciones o discrepancias públicamente, se le descalifica atribuyéndole supuesta adscripción al grupo de los defraudadores. Y por último, la normativa fiscal va prescindiendo cada vez más de las garantías del contribuyente, como si éstas fueran un simple estorbo al resultado de una más alta recaudaciórt. Yo no tengo la culpa, ciertamente, de los matices de parentesco táctico que se observan entre el terrorismo sanguinario y algunas actuaciones fiscales. Soy uno de tantos ciudadanos convencidos de la necesidad de que todos cumplamos honestamente con la obligación constitucional de contribuir al gasto público de acuerdo con nuestra capacidad económica. Pero me atrevo a pensar que el mejor método de diálogo con la sociedad española no sea el de enseñarle sistemáticamente el látigo del castigo y que entendería mejor las palabras de estímulo desde la Administración. Como jurista, no podré admitir nunca que el resultado de una gran cifra de recaudación justifique que se utilicen tácticas intimidatorias ni descalificaciones sistemáticas, ni olvido de las exigencias del Estado de Derecho. ABC Los abogados españoles, con remuneraciones prácticamente simbólicas recibidas del Estado, se ocupan de hacer efectivas anualmente las garantías constitucionales de más de cien mil acusados pertenecientes al estrato más deprimido de nuestra sociedad. No encuentro razón válida para que las garantías exigidas y respetadas para el delincuente común se le nieguen a los infractores fiscales. El artículo 24 de la Constitución garantiza a los ciudadanos la defensa y la asistencia del letrado, y para que éstas sean efectivas deben desplegar su efecto protector no sólo ya dentro del proceso penal, sino en los aledaños del mismo, cuando en esos aledaños se producen actuaciones de notoria, y en este caso decisiva, influencia sobre el juicio penal propiamente dicho. En otro lugar he hecho observar que los grandes errores judiciales presentan sus raíces hincadas en las actuaciones de órganos extrajudiciales. Atendiendo a esa preocupación, el artículo 17 de la Constitución se ocupa de la asistencia del abogado al detenido en las diligencias policiales, a pesar de que los atestados que de ella surgen no tienen más valor que el de una simple denuncia, según el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este momento estamos ante el siguiente tremendo contraste: Un delincuente común, sobre el que recae la sospecha de un delito menor, con una posible pena de prisión de unos pocos meses, cuenta desde el primer momento con un abogado que hace que se le expliquen sus derechos, que se le informe de la acusación y que se ocupa de que en el atestado se recojan todas las circunstancias que habrán de servir de- exculpación cuando se llegue a la puerta del Juzgado. En cambio, el contribuyente llamado a la inspección comparece bajo el complejo de culpabilidad creado por la campaña del Fisco para enfrentarse con un inspector con un perfecto conocimiento del complicado laberinto montado, pieza a pieza, en el terreno fiscal y sin que se le explique la acusación que sobre él pesa. Ese contribuyente no cuenta con el amparo del abogado y, en ocasiones, acepta de r irmidad un acta en la cual se reconoLA MAYOR COLECCIÓN DE REDACCIÓN ADMINISTRACIÓN TALLERES- SERRANO, 61 28006- MADRID cen hechos y apreciaciones definidores de un delito fiscal o que suponen la aplicación de una multa monstruosa que exterminará modestos patrimonios conseguidos con el ahorro de muchos años. Estas actas, según la última legislación, ya no son la simple denuncia de un atestado policial, sino que se convierten en documento público en el que lo que consigna el inspector adquiere presunción de verdad. O sea, en otras palabras, que la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución queda aquí convertida en presunción de culpabilidad del pobre contribuyente. Cuando ya se inicia el proceso penal, el abogado defensor del contribuyente mira con envidia al defensor de los delincuentes comunes, porque dadas las características de este asunto y la importancia legal del acta, la suerte del juicio está prácticamente predeterminada. La alarma que yo manifestaba en 1977 estaba motivada porque bastaba con una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, o sea, de un órgano no jurisdiccional y perteneciente a la propia Administración Fiscal, para que, sin esperar las decisiones de la jurisdicción contencioso- administrativa, pudiera enviarse ya al contribuyente a la Justicia Penal. Yo hacía observar entonces que podíamos encontrarnos con el hecho de que un contribuyente fuese condenado por la Justicia Penal y después de cumplir unos años de prisión recibiese el triste consuelo de que la jurisdicción especializada en la materia fiscal viniese a reconocer tardíamente que ningún motivo de reproche había en la conducta del condenado. Ahora, la nueva legislación proclama que hay que eliminar esa barrera prejudicial o dicho de otra manera: para enviar a un contribuyente a que se le juzgue por delito fiscal ya ni siquiera hace falta que la Administración esté convencida por resolución del Tribunal Económico Administrativo que puede haber una conducta sancionable. He leído con verdadero estupor que desde altas instancias de Hacienda se les indica públicamente a los jueces que en el delito fiscal deben actuar con rapidez y mano dura (transcribo literalmente) Y acude entonces a mi memoria, y bien quisiera que no acudiese, el recuerdo histórico de cuando en siglos muy anteriores nuestra Armada necesitaba de remeros forzados. Y en tales circunstancias los Tribunales de aquella época recibían instrucciones- que por un mínimo respeto a la Magistratura no se hacían públicas- de actuar con mano dura y aumentar la producción de condenas a la pena de trabajos forzados en las galeras de la Corona. Me alegra, en cambio, que Hacienda se convierta en cliente de nuestra Administración de Justicia, porque tendrá ocasión de comprobar que por sus criterios cicateros, por su incomprensión presupuestaria de las necesidades de la Justicia, se está produciendo un verdadero atasco en la marcha de los asuntos que sufrimos los demás. Antonio PEDROL RfUS c EL TERRORISMO FISCAL ALFOMBRAS PERSAS Y ORIENTALES Certificado de origen y garantía de cambio. 4 J Facilidades de pago. A f p- Pintor 1 Rosales. 1 G