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DOMINGO 26- 4- 87 DERECHO ABCpág. 75 Dura crítica del Supremo sobre la regulación de penas accesorias Advierte ligereza del legislador y rutina judicial Administrar justicia es aplicar la ley, lo cual exige una labor previa de interpretación, sin salirse de su marco, único límite forzoso para que el juez ilumine con lar lógica las oscuridades cernidas por un legislador ligero o una rutinaria acción judicial. La lógica no puede estar ausente del Derecho e impide al juez aplicarla con la inconsciencia de un autómata: ese artilugio que para muchos es un suplente y no un auxiliar de la inteligencia. Ni un legislador ligero ni un juez autómata o rutinario crean Derecho en su más noble acepción; aquél, creándole ex novo en uso de la soberanía que se le ha conferido y éste desarrollando su núcleo esencial y germinando toda su potencialidad. Exactamente lo contrario de lo que, según la certera crítica de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que tengo a la vista, hicieron los autores del Código Penal tantas veces reformado- y en esta cuestión mal reformado- y el Tribunal que, ante un sencillo caso, no suplió las deficiencias de la ley. La sentencia habla textualmente de ligereza del legislador e inadvertencia o rutina del Tribunal de Instancia, que llevan, por defectos técnicos y sistemáticos del Código, concretamente en cuanto se refiere a las penas accesorias, y por el olvido del Tribunal de estos mismos defectos, a admitir, de hecho, en el fallo, que ta profesión de rotulista está relacionada directamente con el delito de receptación. Un galimatías de sistemática legislativa y de interpretación judicial. vieren directamente relacionados cor el delito cometido. Anula una condena de suspensión de oficio por un delito de receptación. eos, en el sentido de que la suspensión podía recaer sobre cualquier profesión u oficio conectado con el delito, la ley 8 1963 optó por pronunciarse con tanta claridad como poco acierto gramatical y sistemático: el nuevo párrafo 2. del artículo 41 del Código Penal anterior a la sección dedicada a las penas que llevan consigo otras accesorias, se refiere a la inhabilitación para profesión u oficio y establece que cuando tenga carácter accesorio sólo se impondrá si aquellas hubiesen tenido relación directa con el delito debiendo determinarse expresamente en la sentencia. La nueva declaración olvida lastimosamente- prosigue el Supremo- que la inhabilitación especial no constituye nunca pena accesoria, pero es obvió que ha de aplicarse a la de suspensión, recogida con dicho carácter en el artículo 47 y ello, aunque faltara la vieja remisión del párrafo 2. del artículo 42, aprovechable ahora en el nuevo contexto. Ciertamente, si bien la referencia exclusiva a las penas accesorias hubiera aconsejado ubicar la innovación en dicho artículo 47, tal mejora sistemática habría acrecentado un perturbador efecto secundario, fruto, sin duda, de la ligereza del legislador: el de entender que, en sentido contrario, las nuevas previsiones no afectan a la inhabilitación especial o a la suspensión de profesión u oficio como penas principales. No parece, en todo caso, que los defectos técnicos de la reforma de 1983 sobre este particular basten para, contra lo ya expuesto, generalizar aquellas privaciones cuando de las repetidas penas principales se trata. Termina la sentencia destacando que la obligación de individualizar la suspensión de profesión u oficio, como accesoria, ha sido subrayada por la jurisprudencia y al no haber procedido así la Audiencia, sea por inadvertencia, sea por rutina, y al no guardar el oficio de rotulista la menor relación con la actividad delictiva enjuiciada, es manifiesta la procedencia del recurso. En su virtud, se anula la sentencia de la Audiencia, suprimiendo del fallo la suspensión de oficio o profesión y manteniendo la de cargo público y derecho de sufragio. ROMANO Sentencia del Supremo La Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia de 13 de febrero acepta la tesis del recurso. Declara que la regulación de las penas restrictivas arrastra y arrastrará un abandono, patente más actualmente en el proyecto español de 1980 y en el anteproyecto del Código Penal de 1983. Insuficiencias que se han proyectado sobre el carácter general o puntual de la privación de oficios y profesionales y sobre la obligación de que la pena accesoria sea recogida en la sentencia. La necesidad de la corrección fue siempre defendida por la mejor doctrina, destacando la sentencia de 23 de noviembre de 1970, que lleva a individualizar el oficio o profesión relacionados con la infracción criminal. En buena técnica- sigue la sentencia- la enumeración de efectos de la inhabilitación especial dentro del artículo 417 del Código Penal bastaría para, a sensu contrario, rechazar toda generalización apriorística. Sin embargo, la práctica forense, orientada en el texto literal del artículo 43, no modificado por la ley 8 1963, ha venido incurriendo en una incorrección inaceptable, a cuyo tenor la obligación de imposición expresa de la accesoria en la propia sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 72, se traducía frecuentemente en la repetición, en el fallo, de la fórmula del artículo 47- suspensión de todo cargo publico, profesión, oficio y derecho de sufragio ya utilizada por el Código de 1870 en su artículo 59, pero diferente a la del 62- -con lo que se llegaba a dificultar la libertad condicional de quien no pudiera subsistir sin trabajar. Aunque tal exégesis hubiera podido y debido ser corregida con criterios lógi- Antecedentes La Audiencia de Valencia condenó por delito de receptación a un individuo, de oficio rotulista, que había vendido joyas procedentes de robo, imponiéndole pena de prisión menor y multa, con la accesoria de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio. El defensor del procesado, letrado Jaime J. Retuerta, recurrió en casación, alegando, además de otros motivos desestimados, la condena indebida a suspensión de profesión u oficio, ya que según el artículo 42, párrafo 2. del Código Penal, esta suspensión sólo procede cuando esa profesión u oficio estu-