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VIERNES 17- 4- 87 NACIONAL A B C 19 La Administración de Justicia no ha mejorado, según el Defensor del Pueblo Su informe recoge múltiples protestas sobre la Seguridad Social Madrid. Gonzalo López Alba El funcionamiento de la Administración de Justicia sigue constituyendo el principal motivo de queja de los españoles, según se desprende del informe anual del Defensor del Pueblo, que será presentado a las Cortes después de las vacaciones de Semana Santa. Del informe, correspondiente a 1986, se desprende, según informaron a ABC fuentes del Defensor del Pueblo, que la auténtica reforma de la Justicia todavía está por realizar El informe de 1986, de más de dos mil páginas, será el último de carácter ordinario que presente Joaquín Ruiz- Giménez, cuyo mandato expira el próximo día 28 de diciembre. Antes de esa fecha, Ruiz- Giménez tiene previsto presentar también un informe- balance de su gestión, que abarca los cinco primeros años de funcionamiento de la Institución, así como tres informes sectoriales sobre el estado de las prisiones, la aplicación de la ley de extranjería y la situación urbanística. Ruiz Jiménez La Administración de Justicia, al igual que en el año anterior, acapara en 1986 el mayor número de quejas, que en su conjunto se han estabilizado en torno a las trece mil anuales. El mayor número de ellas afecta, junto al funcionamiento de la Administración de Justicia, a cuestiones relacionadas con la Segundad Social y la Administración Local. Fuentes del equipo del Defensor del Pueblo manifestaron a ABC que no se han apreciado mejoras sustanciales en el funcionamiento de (a Administración de Justicia, donde la lentitud sigue siendo un defecto fundamental. A juicio del Defensor del Pueblo, la mejora de la Administración de Justicia pasa por un cambio de actitudes más que por las reformas legislativas, aunque considera de urgente necesidad la ley de planta y demarcación. Las quejas relacionadas con la Seguridad Social continúan acaparando también un número significativo de reclamaciones, fundamentalmente en lo relacionado con las pensiones, por el gran número de afectados y su situación económica. Otro de los sectores que ha suscitado un gran número de reclamaciones se refiere a actuaciones de la Administración Local. El Defensor del Pueblo considera en relación con este ámbito de la Administración que el sistema de autonomía municipal se está volviendo en contra de los ciudadanos, generando desigualdades e injusticias al no existir ningún elemento de control sobre sus actuaciones. La institución ha apreciado una total falta de colaboración por parte de una treintena de Ayuntamientos. Las quejas de Ruiz- Giménez Madrid. El Defensor del Pueblo rechaza su utilización como arma o ariete político contra el Gobierno pero estima que el Parlamento y los partidos políticos deberían demostrar un mayor interés y hacer un mejor uso de los numerosos datos contenidos en sus informes. Así, una de las quejas más significativas de Joaquín Ruiz- Giménez es el escaso papel de la Comisión del Defensor del Pueblo, que preside el socialista Alfonso Lazo, cuya actividad aparece prácticamente limitada a la reunión que celebra para conocer el informe anual de la Institución y a la aprobación de resoluciones relacionadas con el mismo. El Parlamento, según manifestaron a ABC miembros del equipo de Ruiz- Giménez, debería prestar un mayor soporte a las actuaciones de la Institución, que constituye un Comisionado de las Cortes, adoptando iniciativas que contribuyan a la resolución de las reclamaciones o deficiencias administrativas que se denuncian cada año. Esta queja se hace extensiva a los grupos políticos, por entender que el compromiso adquirido en 1982 de no hacer utilización política de la institución no debe significar la ignorancia de la misma. Otra de las quejas del Defensor del Pueblo afecta a los medios de comunicación que, a su juicio, deberían contribuir a la difusión de la Institución como algo válido para resolver problemas y no como algo decorativo Finalmente, considera que en algunas ocasiones el Ejecutivo se atribuye iniciativas que en realidad responden a sus recomendaciones. Reforma de la Ley Orgánica Madrid. La reforma de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo ha sido reclamada en varias ocasiones por Joaquín Ruiz- Giménez, alegando la dificultad y lentitud en la tramitación de las quejas, derivadas de las limitaciones impuestas por la norma que regula su funcionamiento. La Ley Orgánica prevé, en su disposición transitoria, que el Defensor del Pueblo sugerirá las reformas legislativas que entienda pertinentes al cumplir los cinco años de su creación, circunstancia que se producirá el próximo día 28 de diciembre, y que supondrá también el término del mandato de RuizGiménez, cuya continuidad en el cargo no se descarta. Ruiz- Giménez solicitó esta reforma en 1986 al objeto de poderse comunicar directamente con el Consejo General del Poder Judicial, ante el cúmulo de quejas suscitado por la Administración de Justicia. La respuesta del Gobierno fue que debía esperar al cumplimiento de los cinco primeros años de funcionamiento de la institución, y con la indicación de que el cauce adecuado sería la presentación de una proposición de ley a las Cortes. Las limitaciones impuestas por su Ley Orgánica, así como la carencia de medios y posibilidades técnicas, han impedido a RuizGiménez investigar el complejo asunto del tráfico de armas y la presunta existencia de desviaciones ilícitas en este comercio, como le había sido solicitado por el diputado Enrique Curiel, de Izquierda Unida. Respuesta del Gobierno: La Institución es necesaria y ha demostrado eficacia Madrid El Gobierno remitió al Defensor del Pueblo, la semana pasada, su contestación al informe de la Institución correspondiente a 1985. En esta contestación, de 131 folios, a ia que ha tenido acceso ABC, se afirma que las actuaciones que ha desarrollado ponen de manifiesto más contundentemente la necesidad y eficacia de la Institución La contestación del Ejecutivo elude responder a dos zonas del informe del Defensor, aquellas que constituyen competencias exclusivas de las Comunidades autónomas y las Corporaciones locales, y las que afectan al Consejo del Poder Judicial. La contestación contiene, entre otras, las siguientes consideraciones de los Ministerios: Administraciones Públicas: Se concluirán en un año las relaciones d e puestos de trabajo públicos. Defensa: Se ha elaborado un anteproyecto para la concesión de la prestación del desempleo a los cabos primeros licenciados forzosamente. Se trabaja en un anteproyecto de nuevo régimen penitenciario militar que siga las directrices generales de la ley General Penitenciaria. Se establecerá un concierto con el ministerio de Sanidad para prevenir los suicidios en el servicio militar. Interior: Considera infundado que se haya producido un aumento de la delincuencia donde se han suprimido cuarteles de la Guardia Civil. Justicia: Alega que la gran mayoría de las quejas se refieren al ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que afectan al Consejo del Poder Judicial. Economía y Hacienda: Admite un incremento extraordinario del número de recursos y reclamaciones al Tribunal Económico- Administrativo Central. Trabajo y Seguridad Social: Han sido resueltas favorablemente 115 de las 125 quejas trasladadas. Sanidad y Consumo: Entre las quejas que no han sido resueltas favorablemente figuran las relativas al control de recetas en el INSALUD, asistencia odontológica pública y aprobación de la ley del Medicamento. Obras Públicas y Urbanismo: Compromiso de impulsar el proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos.