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56 ABC DERECHO DOMINGO 29- 3- 87 El Impuesto sobre el Valor Añadido y el arrendamiento de locales de negocio Debe abonarse, aunque el arrendatario no pague Poco después de entrar en vigor el tan traído y llevado Impuesto sobre el Valor Añadido, poníamos de manifiesto, partiendo de que la implantación del IVA había sido un imperativo de nuestra adhesión a la CEE y que, en consecuencia, su regulación tenía que inspirarse en la normativa vigente en esta Comunidad y concretamente en la llamada Sexta Directiva, una serie de dudas sobre su aplicación en el ámbito arrendaticio de los locales de negocio. Entre ellas, si de cara al sujeto pasivo, cualquier arrendador tenía que ser considerado como empresario, con independencia de que fuera una persona física o una jurídica o se tratase de un simple propietario de un único local, ó tan sólo habrían de tener aquella condición todos los que hasta entonces estaban sujetos al Impuesto sobre el Tráfico de Empresas, que exigía llevasen a cabo arrendamientos con carácter habitual y mediante contraprestación presumiéndose esta habitualidad únicamente en los supuestos referidos en el Código de Comercio, o cuando se contribuyese por ei Impuesto Industrial. Dudas que se acrecentaban por el hecho de que la referida Sexta Directiva no impone con carácter obligatorio a (os Estados miembros de la CEE la aplicación del IVA a los arrendamientos de inmuebles. Destacábamos, de. todas formas, que ante los amplios términos empleados por la ley española para definir al empresario y la referencia concreta de uno de sus preceptos al arrendador de bienes, no iba a extrañar que hasta el más sencillo se inclinase, sin discusión, por pagar el IVA, porque al fin y al cabo lo iba a repercutir sobre e) arrendatario. del inquilino Razonando, para llegar a esta conclusión, que, según el Reglamento del impuesto, la base imponible tan sólo se modificará cuando por resolución firme judicial o administrativa queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después de que la operación se haya efectuado, y que no pueden considerarse ineficaces las operaciones realizadas, toda vez que el sujeto pasivo presto los servicios al arrendatario y, además, subsiste su derecho de crédito frente al tnquilino Sea cual fuere la consideración que bajo el punto de vista de la legalidad estricta pueda merecer la anterior resolución, entendemos que supone un desconocimiento de la realidad. Porque, en definitiva, y salvo casos excepcionales, después de que el desahucio, la reclamación o el abandono del arrendatario se produce, no hay forma de cobrar lo impagado, al ser insuficiente la fianza prevista e Impuesta por la ley (que no excede de dos meses) para cubrir las mensualidades adeudadas desde que el impago se produce hasta que el lanzamiento se lleva a cabo. Ante la resolución que comentamos, y mientras no se encuentre una solución por la vía que sea, no podemos aconsejar otra cosa, ante un primer impago de una renta, que se actúe judicialmente. Cualquier retraso supondría no sólo perderla, sino también cargar con el IVA del otro Fuentes LOJO Labros La Protección de Consumidores y Usuarios en la Constitución Espáola de 1978 En los países industrializados con sociedades de consumo consolidadas se produce desde principio de los años sesenta un proceso de toma de conciencia por parte de los consumidores de su situación de debilidad e indefensión. Frente a una progresiva racionalización de la producción y distribución con utilización masiva de la publicidad para poner a disposición tos productos en el mercado, interés legítimo del productor, el consumidor reclama medios jurídicos y económicos de defensa de sus igualmente legítimos intereses que le doten de un poder compensador eficaz en el mercado. En este sentido, la Constitución española de 1978, haciéndose eco de las demandas sociales, consagra en el artículo 51 un principio de defensa de los consumidores y usuarios, desarrollado posteriormente por la ley general de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ley 26 1984 de 19 de julio) Esta obra (1) de la joven profesora Quintela, viene a analizar la protección de los consumidores y usuarios desde la definición constitucional del Estado como Estado social y democrático de Derecho, dentro de un modelo económico de economía de mercado. Como señalan los documentos de la Comunidad Económica Europea sobre protección de los consumidores y usuarios, la función primordial de una política de protección de los mismos es el establecimiento de un mercado común interior sólido y el reforzamiento de la competencia exterior. No son las técnicas de protección de los consumidores obstáculos a la libertad económica, sino muy al contrario, mecanismos que contribuyen a asegurar la necesaria transparencia de un mercado competitivo. Es, por tanto, mediante el diálogo entre un consumidor informado suficientemente y asociado, y los sectores empresariales, que se hará factible un mayor equilibrio y estabilidad del sistema económico, incrementando la calidad de los productos. Tomás Zamora (1) La Protección de (os Consumidores y Usuarios y la Constitución Española de 1978. María Teresa Quíntela. Ed. Congreso de los Diputados. Madrid, 1986. Afán recaudatorio Lo que ya no podíamos imaginar, si no fuere bajo la óptica del afán recaudatorio y con base en una aplicación estricta de la ley, aunque no de su espíritu, que, ante una consulta formulada, la Dirección General de Tributos ratificase, en su resolución del 29 de septiembre de 1986 (publicada, por más señas, en el BOE del 15 de octubre) la respuesta dada a la misma en el sentido de que no podrá reducirse la base imponible del IVA devengado por los alquileres de locales de negocio por causa de morosidad del arrendatario o por falta de pago de la contraprestación de dichos servicios, ni siquiera en los casos en qué medie sentencia firme de desahucio o abandono de los locales arrendados por parte Derecho en ABC Esta sección está coordinada por Sergio Guijarro y se elabora con el asesoram i e n t o de los a b o g a d o s Pedro Hernández- Mora, Jesús Rayón, Jorge Trias Sagnier, Francisco Valero y el procurador de los Tribunales José Luís Ortiz- Cañavate, y la colaboración de José María Jiménez Aguirre. 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