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DOMINGO 29- 3- 87- DERECHO -ABC, pág. 55 El Poder Judicial se desliza hacia funciones exclusivamente sancionadoras Es preciso distinguir lo disciplinario de lo jurisdiccional Nunca será suficiente la insistencia sobre la independencia judicial; malo es que los jueces incurran en errores, pero es un riesgo que va unido a la condición humana. Mucho peor será que actúen bajo presión, ya sea ésta de carácter social, a través de los juicios paralelos o de naturaleza política, temiendo algo de quienes ostentan el Poder. El Consejo General del Poder Judicial tiene como misión preservar la independencia de los jueces, pero como también ostenta el gobierno del Poder Judicial, no cabe duda de que la independencia de éste en interés de la Justicia y de los derechos y libertades de los ciudadanos, tiene que ser protegida incluso frente a las extralimitaciones, no impensables, del propio Consejo. Es preciso encontrar con la mayor nitidez la línea que separa lo gubernativo y disciplinario, que compete al Consejo General del Poder Judicial, de lo puramente jurisdiccional, que tiene que quedar completamente al margen de sus actuaciones. La reducción de competencias por la nueva ley orgánica de i 985 sobre el Consejo General del Poder Judicial en relación con las que ostentaba en la anterior legislación de 1980, ha venido a limitar a este órgano constitucional a las meras funciones de nombramiento e inspección de los jueces; ello ha producido un deslizamiento de actividades hacia las meramente investigadoras y sancionadoras, siguiendo el principio administrativo de que todo órgano burocrático tiende a ensanchar sus competencias, y cuando no es posible, a intensificar las que posee. El peligro de convertir al Consejo Judicial en un órgano de represión resurta evidente, y ello podría significar una presión intolerable sobre el contenido de las actuaciones judiciales pese a que constitucionalmente haya de estar salvaguardado de cualquier influencia, por indirecta o remota que ella pueda ser. En efecto, en la actividad de los jueces han de distinguirse un aspecto externo, que afecta a sus formas de trabajo, sus conductas profesionales e incluso privadas y otro interno: el del contenido de las resoluciones que dictan. En la actividad externa los jueces, como funcionarios- aunque con evidentes singularidades derivadas de su función y de su naturaleza de un poder del Estado que ella tiene- están sometidos a la inspección y sanción disciplinaria. Un juez puede incurrir en responsabilidad disciplinaria por retrasarse en el despacho de los asuntos que le están encomendados, ausentarse indebidamente del lugar donde presta sus servicios, faltar al respeto a otros jueces, a los abogados y procuradores, o a los funcionarios e incluso a los justiciables, enfrentarse sin razón con otras autoridades, realizar recomendaciones a otros jueces, etcétera. Es decir, por actividades externas de sus funciones propias. Pero cuando un juez realiza funciones jurisdiccionales, cuando dicta una resolución, el contenido de esa resolución, cualquiera que sea, está exento de inspección y de sanción disciplinaria. Puede, en efecto, el juez, incurrir en responsabilidad penal, si comete un delito al dictarla o en responsabilidad civil si con ella causa injustificadamente un perjuicio económico a alguien; en ambos casos esas responsabilidades, penal o civil, le pueden ser exigidas, pero ante otros jueces, como a cualquier ciudadano. Nadie, ni el Consejo General del Poder Judicial puede corregir la resolución, aun en el caso de que ésta sea evidentemente errónea y hasta disparatada; sólo a través de los recursos correspondientes, otro Tribunal superior podrá revocarla; cabrá la responsabilidad penal o civil del juez que la dictó, pero no la responsabilidad disciplinaria, salvo en la propia vía del recurso y por un Tribunal, es decir, de forma intrajurisdiccional. La resolución dictada por el juez de paz del más pequeño de los pueblos de España puede ser criticada por cualquiera, pero sólo puede ser corregida o anulada por un Tribunal superior y en vía de recurso; si al margen de esa vía se intenta corregir por ella al juez de paz se estará cometiendo un atentado a la independencia judicial que proclama la Constitución cuando establece que los jueces sólo estarán sometidos al imperio de la Ley. Las resoluciones judiciales simplemente equivocadas- materia siempre opinable- no pueden ser objeto de corrección disciplinaria, ni directa ni indirecta, si se buscaran otras, causas para la corrección del juez con ocasión de aquella resolución que disgusta. El sistema puede considerarse bueno o malo, acertado o erróneo (hace pocos días un periódico reiteraba la pregunta de ¿quién juzga a los jueces? pero este sistema está en la entraña de ¡principio de independencia del Poder Judicial que ha sido plenamente asumido en la Constitución española de 1978. Acontecimientos recientes y de resonancia pública han venido a confirmar que este peligro de intromisión por la vía disciplinaria en la independencia de los Tribunales por el órgano- a l fin y a la postre político- que tiene encomendado su gobierno, no es puramente teórico: la aireada incoación de expedientes informativos o de actuaciones disciplinarias- -incluso no bien distingibles entre sí para el profano- cada vez que algún juez dicta resoluciones que producen cierto revuelo (al juez Del Valle en el caso de las clínicas abor- En el estrado: JOSÉ GABALDON LÓPEZ La Asociación Profesional de la Magistratura ha ratificado su confianza en José Gabaldón López, presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo en la Audiencia Nacional, reeligiéndole para la presidencia de la Asociación. Los miembros de ésta, al pronunciarse democráticamente en este sentido, revalidan su gestión anterior, en defensa de los intereses de una Magistratura independiente y técniJosé Gabaldón camente capaz. Intereses no corporativos, sino que coinciden con los de la sociedad articulada en un estado de derecho y posiblemente amenazados en esos dos frentes. La Asociación, bajo la renovada presidencia de José Gabaldón, seguirá enfrentándose al reto insólito en democracia, de que siendo mayoritaria sea. anulada por una minoría, solamente afianzada por la adhesión ideológica al poder político, en contra de su consustancial independencia legal y ética. URBANIZACIÓN PINAR- JARDIN Tenemos el chalet de sus sueños. En parcela de 2.500 m 2 Ideal para fines de semana y vacaciones. Desde 3.550.000 pesetas. Facilidades hasta veinte años. Carretera de La Coruña tistas de Madrid, al juez Forteza por el case de las redadas antiprostitución en Valencia, al juez del Distrito de Azuaga por el caso del escándalo público de una pareja, al juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid en el caso del permiso de salida del condenado por la muerte de la joven Yolanda) crean la impresión de que se está bordeando peligrosamente el límite entre lo que son funciones de control de la actividad externa de los jueces y el intolerable espacto de la función jurisdiccional, donde se alberga el santuario de la independencia judicial. A la sociedad en general, y a los propios jueces en particular, interesa y mucho articular medios que garanticen esa independencia en el ejercicio del Poder Judicial. Uno de esos medios puede encontrarse en las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, situadas precisamente entre el tejido social y la función judicial y deben prestar ahí el servicio de vigilar y denunciar cualquier interferencia, incluso cuando ésta pueda proceder de un uso erróneo o abusivo de las facultades del Consejo General del Poder Judicial. Dichas asociaciones, perdida la función electoral con que nacieron cuando a la mayoría de los vocales del Consejo los elegían los propios jueces, pueden servir ahora con más intensidad la función, que también les es propia, de defensa de legítimos intereses profesionales y entre éstos el que es primordial y coincidente con el interés público exigido por la Constitución: el de la independencia judicial. Ramón RODRÍGUEZ ARRIBAS Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid Teléfono 431 01 60