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56 A B C DERECHO DOMINGO 1- 3- 87 La declaración de inconstitucionalidad del incremento de la Contribución Urbana Ninguno de los legitimados promovió el recurso Ha llegado a nuestro poder la sentencia dictada el 17 de febrero último por el Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad del artículo 13.1 de la ley 24 1983, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales. Precepto éste que sirvió de base para que la mayor parte de los Ayuntamientos incrementaran la Contribución Urbana, fijando un tipo por encima del 20 por 100 que antes constituía el tope máximo. Su lectura suscita una serie de consideraciones que vale la pena exponer a ustedes para que cada uno saque sus consecuencias. ¿Saben que la cuestión de inconstitucionalídad fue propuesta por una Sala de la Audiencia Territorial de Sevilla como resultado de un recurso promovido por un grupo de contribuyentes. de Jerez de la Frontera? ¿No creen que, al hacerlo, dicho órgano judicial demostró su independencia en el modo de actuar y dichos contribuyentes una decisión digna de imitar si se produjesen supuestos análogos? Finalmente, ¿no debieran abonarse también los perjuicios causados a estos particulares por la aplicación del incremento, con la secuela de consultas, notificaciones, pleitos e, incluso, intereses de los préstamos que hubieran tenido que obtener para poder pagar la contribución? He aquí una serie de preguntas cuya respuesta no resulta difícil. FUENTESLOJO Simposio en Madrid entre periodistas y abogados Madrid El pasado viernes tuvo lugar un Simposio de Abogacía y Medios de Comunicación, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid. En este encuentro participaron directivos de medios informativos, escritores y periodistas, junto con abogados y asesores jurídicos de la Prensa, y se celebró por iniciativa del decano del Colegio de Abogados de Madrid y presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Pedral Rius. Esta iniciativa de Pedrol Rius se dirige a estudiar problemas que afectan a protestoA. Pedrol Rius nales de la información y en el hacer de los abogados que, tanto desde fuera como desde dentro de los medios, tienen que ver con las actividades que están relacionadas con la información Según el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, desde la perspectiva antes citada, encuentros de este tipo entre periodistas y abogados pueden resultar útiles para un intercambio de pensamientos, una comunicación de problemas y, en definitiva, una posible autorregulación de estos problemas El simposio adoptó las siguientes conclusiones: Exponer las inquietudes que suscitan la jurisprudencia vacilante sobre la ley de Prensa de 1966 y hacer constar la firme convicción de que se trata de una ley derogada por la Constitución. Instar a los jueces a que coordinen sus relaciones bajo el principio del carácter prevalente del derecho de libre información, según tiene establecido ya el Tribunal Constitucional. Cumplir las reiteradas promesas legislativas acerca de la provisionalidad de la ley 62 78, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, con ia elaboración de una ley que ampare mejor el servicio del derecho de libre información. Exponer al ministerio fiscalías preocupaciones que generan algunas actuaciones de sus miembros en los procesos relativos a la libertad de información. Finalmente sugiere al Colegio de Abogados la posibilidad de una actividad mediadora en los problemas de los medios de comunicación, destinadas a evitar en lo posible la judicialización. Legitimados ¿Saben que ninguno de los demás que estaban y siguen estando legitimados para promover estas cuestiones ante una ley del Estado, y que eran el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo o un grupo de cincuenta diputados o de cincuenta senadores, no se les ocurrió promover la inconstitucionalidad? ¿Saben que para llegar a la declaración de inconstitucionalidad del precepto citado la sentencia hace afirmaciones tan rotundas como éstas: Declarada la inconstitucionalidad del artículo 13.1 de la ley 24 1983, los efectos de esta declaración no sólo han de incidir en el proceso judicial que está en la base del presente, sino que deben deparar también la definitiva expulsión de aquella disposición de la ley del ordenamiento y en virtud de esta sentencia no podrán los Ayuntamientos actuar la libre potestad que en su favor creó el precepto declarado inconstitucional con la consecuencia de que- e n tanto no provea el legislador a una nueva regulación acomodada a la Constitución en este puntoserán los tipos impositivos inicialmente concebidos como supletorios en la propia ley los que habrán de considerarse aplicables SE VENDE NAVE INDUSTRIAL ACONDICIONADA Superficie: 1.220 m 2 Avda. Mar Mediterráneo. Pol. Industrial San Fernando de Henares Teléfono 747 00 22 su LOCAL O VIVIENDA 233 3 4O O2 MIUCTM. t K IUCTM t ¡SI NECESITA DINERO URGENTE! SE LO FACILITAMOS. Créditos hipotecarios Teléfono 730 73 31 Cobro indebido ¿Será posible dudar, ante estas afirmaciones, de que se produjo un cobro indebido por los Ayuntamientos que lo hicieron, y que tienen la obligación de devolver al percibido de más? ¿Es que no parece indiscutible que la devolución tenga que hacerse de oficio y sin necesidad de una solicitud previa de los perjudicados? ¿Es que no resultaría razonable que, además de la indebidamente cobrada, se pagaran intereses legales por el tiempo que las cantidades hubieren estado en poder del Ayuntamiento y de las que indudablemente se benefició? ¿No resulta también indiscutible que los propietarios que hubieren repercutido sobre los arrendatarios de sus fincas el incremento sufrido por la contribución, tengan que efectuar la devolución, una vez que cobren del Ayuntamiento lo abonado al mismo? PROFESORA SOLICITA CLASES PARTICULARES Teléfono 279 97 36 ¿BUSCA TRABAJO? Encuéntrelo en la sección de Anuncios por palabras de Derecho enABC Esta sección, está coordinada por Sergio Guijarro y se elabora con el asesoramiento de los a b o g a d o s Pedro Hernández- Mora, Jesús Rayón, Jorge Trías Sagnier, Francisco Valero y el procurador de los Tribunales José Luis Ortiz- Cañavate, y la colaboración de José María Jiménez Aguirre.