Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
DOMINGO 1- 3- 87- DERECHO -ABC, pág, 55 Caso Yoldi No es razonable aborrecer los efectos sin querer eliminar las causas Ser procesado por delitos graves debería impedir ser candidato Muchos españoles se han formulado a lo largo de esta semana la misma pregunta: ¿Cómo es posible? ¿Cómo hemos podido llegar al espectáculo del señor Yoldi, acusado de muy graves delitos terroristas, presentándose a presidente del Gobierno vasco? A mi juicio no, desde luego, por culpa de los Tribunales. Las culpas, como veremos, están repartidas entre los responsables de la legislación, antes y después de 1982. Echarles la culpa a los Tribunales, porque se llegó a la sesión parlamentaria vasca sin que Yoldi estuviese condenado, aparte de suponer un prejuicio inaceptable, es fijarse en la coincidencia de que el caso de Yoldi registra un ritmo procesal muy lento, pero sin demostrar que en dicho caso se hayan dado dilaciones indebidas. No pocas veces, la lentitud es consecuencia de la complejidad de un sumario con muchos delitos conexos y pluralidad de imputados. La verdadera explicación reside en la legalidad vigente. El espectáculo es un efecto de la siguiente secuencia de situaciones jurídicas: 1) Herri Batasuna (HB) es un partido político legal; 2) legalmente presentó candidato a Yoldi; 3) legalmente fue elegido parlamentario vasco y 4) legalmente pudo ser candidato a lendakari Dado que la legalidad permite, además, que un preso preventivo salga de la cárcel cuando media algún motivo legaimente serio, no le faltaba razón al Tribunal cuando, al autorizar el espectáculo adujo que oponer trabas al ejercicio de su derecho (de candidato) lesionaría los derechos políticos de sus electores cos que la ley de Partidos Políticos regula deficientemente los aspectos sustantivo y procesal de la ilegalidad o ilicitud de un partido. En el estrado- MARINO IRACHETA La decisión de la Audiencia Territorial de Pamplona, que preside Marino Iracheta, de conceder permiso al presunto etarra y candidato de Herri Batasuna a la presidencia de la Comunidad autónoma vasca, provocó la indignación general. Sin embargo, es el G o b i e r n o el verdadero responsable de que se produjera esta decisión de ios magistrados pamploneses al no impedir la derogación de uno de los artículos de la ley Antiterrorista. El mantenimiento en la legalidad de un partido frontalmente opuesto a la Constitución y el retraso en el enjuiciamiento de un presunto etarra detenido en 1985, propiciaron también esta polémica situación. alza como escollo insalvable a una limitación, incluso temporal, de sus derechos políticos. Si, por el contrario, se estima que los indicios racionales de criminalidad (presupuesto del procesamiento) conducen a una presunción de criminalidad, obviamente distinta de la presunción de inocencia, el escollo desaparecería y los procesados podrían ser legalmente declarados inelegibles. falta de voluntad política En cuanto al segundo factor, me inclino a pensar que nunca ha habido una verdadera y consecuente voluntad de obtener una declamación judicial de ilegalidad de HB o de los partidos que la integraban cuando constituía una coalición: Me parece que jamás el Estado se ha esforzado máximamente en convencer a los jueces de la certeza de los hechos que motivarían aquella declaración: actividades delictivas como medio para logar unos fines. Y si no me equivoco en ese juicio, quiérese decir que, desde el punto de vista político, acontece algo paradójico: muchos de los que deploran el espectáculo que nos ocupa, han sido y son contrarios, sin embargo, a proceder contra HB, repitiendo el conocido argumento de que la clandestinidad le favorece No estoy en condiones de pronunciarme sobre este argumento y otros similares, que exigen un conocimiento muy serio de la situación actual de Euskalherría, pero sí me permito hacer notar la paradoja. Se dirá que el problema estriba en que Yoldi pudiese ser presentado legalmente como candidato a parlamentario, cuando ya estaba procesado. Hacer inelegibles a los procesados sería, sí, una solución. Pero, a mi entender exigiría- otras consideraciones aparteque el procesamiento se entendiese como destrucción justificada y constitucionalmente admisible de la presunción de inocencia. Porque si un procesado mantiene intacto, por decirlo de alguna manera, su derecho fundamental a la presunción de inocencia, ésta se Fuero especial Acerca del Tribunal competente, hay que decir que, por prevalecer el fuero personal especial, derivado de la condición de parlamentario vasco, sobre la competencia especial, por razón de la materia (terrorismo) de la Audiencia Nacional, ésta hizo bien en declinar el conocimiento de la autorización para la participación parlamentaria de Yoldi en favor del órgano equivalente al aún inexistente Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca, al que están aforados los parlamentarios vascos. Que se considerase que ese órgano equivalente era la Audiencia Territorial (AT) de Pamplona (cuya actual demarcación comprende la provincia de Guipúzcoa) en vez de la más moderna AT de Bilbao (que comprende las provincias de Vizcaya y Álava) fue resolución discutible, pero, de una parte, también se hubiese podido discutir la competencia de la AT de Bilbao, dado el vacío legal, y, de otra, es muy probable que el resultado- autorización para comparecer ante el Parlamento vasco- hubiera sido el mismo. Volviendo al tema de fondo, de toda la secuencia antes expuesta se impone considerar, ante todo, la situación de HB dentro de la legalidad, pese a ser notorio soporte o brazo político de ETA. Esa situación es debida, a mi juicio, a la concurrencia de dos factores: el legal, de un lado, y el que denominaría policial- fiscal- gubernativo, de otro. En cuanto al primero, me parece claro, desde 1978 (en 1979 publiqué al respecto un artículo titulado El labyrinthus procesal de los partidos políti- Escasa claridad de ideas Se trata de una cuestión espinosa, en gran medida a causa de la escasa claridad de ¡deas de los padres constitucionales acerca de lo que hacían al consagrar lá presunción de inocencia. No es en absoluto gratuita esta observación. El propio Tribunal Constitucional español dice cosas totalmente contradictorias acerca de esa presunción: por un lado, que los autos de procesamiento indebidamente dictados violan el derecho a dicha presunción (cfr. A. 199 82, de 2 de junio y a. 324 82, de 25 de octubre) por otro, que el derecho a la presunción de inocencia nunca puede ser violado por un procesamiento, puesto que dicho derecho y la correspondiente presunción nacen precisamente con el procesamiento (A. A. de 21 de marzo y 16 de mayo de 1984) ¿Verdad que nuestra legalidad- incluidos algunos preceptos constitucionales- deja bastante que desear? Como que, entre otras cosas, conduce a una doctrina (la de la AT de Pamplona) que, con ser lógica, aún puede provocar más espectáculos Recordemos: Oponer trabas al ejercicio de su derecho (de candidato) lesionaría los derechos políticos de sus electores Sí, es verdad, pero, por esa razón, el señor Yoldi podría pedir y obtener autorización para participar en todas las sesiones del Parlamento vasco. ¿Sería esa reiterada comparecencia el más grave de nuestros males? Me parece que no. Es más grave, por ejemplo, la patología social y política española, muy extendida, que consiste en aborrecer los efectos sin voluntad de eliminar las causas. Andrés DE LA OLIVA I I I I LOCAL PRINCESA, 5 1,700 m 2. Dos plantas comunicadas entre sí. VENTA NAVES INDUSTRIALES Complejo Eí Prado Valdemoro Naves desde 110 metros cuadrados y 14.000 pesetas metro cuadrado. Totalmente equipadas Teléfonos 895 37 89 y 411 59 15 y en el mismo complejo