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MARTES 24- 2- 87 NACIONAL En el caso Yoldi se produjeron varias equivocaciones. Debió acelerarse su juicio y no debió la Audiencia Nacional considerar que la Audiencia de Pamplona era la encargada de suplir al Tribuna! Superior del País Vasco, señala Manuel Jiménez de Parga. ABC 21 Caso Yoldi Varios juristas creen que el Gobierno es el único responsable Con la legalidad actual, la Audiencia tiene razón Madrid. S. G. y L. G. B. El Gobierno es el responsable último de la autorización para que Yoldi acuda al Parlamento vasco, según opinan varios juristas consultados por ABC. Para todos ellos la decisión de la Audiencia Nacional es correcta, ya que la legislación, de la que son responsables el Gobierno y las Cortes, permite adoptar estas medidas. Para evitar la repetición de hechos semejantes, se hace preciso, según señalan, la reforma urgente de las leyes. Las opiniones de los juristas consultados son las siguientes: Andrés de ¡a Oliva, catedrático de Derecho Procesal: No me entusiasma, sino que me entristece, la escena parlamentaria del señor Yoldi, pero pienso que, con la legalidad actual, de la que son corresponsables el Gobierno y el Parlamento, la Audiencia de Pamplona tiene razón: Herri Batasuna es un partido político legal y Yoldi ha sido candidato, parlamentario y aspirante a lendakari legalmente. Si la legalidad permite que un preso preventivo, con su constitucional presunción de inocencia, salga de la cárcel cuando medie algún motivo legalmente serio, la Audiencia Territorial de Pamplona tiene toda la razón: Oponer trabas al ejercicio de su derecho (de candidato) lesionaría los derechos políticos de sus electores Lo que pasa es que, como propuse ya en 1979, hay que reformar la legislación en materia de disolución de los partidos. Tomás Zamora, profesor de Derecho Político: Se puede decir que el juez español aplica la norma sobre e hecho en cuestión, ABIERTO 365 DÍAS AL AÑO (penitenciario) hasta el momento de su liberación. José Almagro Nosete, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: A mí me parece ajustada a las normas procesales la resolución del Pleno de la Audiencia Territorial de Pamplona permitiendo la comparecencia de Yoldi en el Parlamento e incluso conforme con la interpretación de derechos constitucionales básicos. La pérdida de vigencia del artículo 22 de la ley orgánica de 26 de diciembre de 1984 confirma- este criterio jurídico. A un Tribunal de derecho sólo se le puede pedir que resuelva conforme a derecho. Otras cosas son que las normas sean las deseables y que en toda esta materia no se esté procediendo con graves improvisaciones que luego no puedan subsanarse por medio de los órganos jurisdiccionales. Luis Sánchez Agesta, catedrático de Derecho Político: La decisión de conceder o no la autorización debió ser tomada por el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y no dejar que el caso llegara a la, Audiencia Territorial de Pamplona En su opinión, el razonamiento de los magistrados de Pamplona es correcto. de modo que como de acuerdo con la Constitución, se presume la presunción de inocencia mientras no haya condena. Como el señor Yoldi está en situación de prisión preventiva, la Audiencia puede concederle los beneficios que la Ley establece en esta situación. Lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico actual se quiebra porque parece obvio, como ha señalado Solana, que una persona reclusa por imputación de hechos tan graves, no entra dentro de la prudencia social poner a disposición del señor Yoldi estas medidas para que pueda asistir. En conclusión, el sistema jurídico adolece de defectos y es preciso que el Gobierno estudie las modificaciones necesarias para que estos casos no puedan repetirse. Manuel Jiménez de Parga: Se ha creado una situación conflictiva que debió evitarse. La duración excesiva de la prisión preventiva, con miles de procesados en espera de la celebración del juicio, origina estos asombrosos casos, pues el procesado se beneficia de la presunción de inocencia y no pierde sus derechos políticos. Pero en el caso Yoldi se produjeron muchas equivocaciones: Primero: Al conocérse su elección para el Parlamento vasco debieron acelerarse los trámites para que llegase pronto el juicio, con la consecuencia política dé su exclusión si era condenado. Segundo: No debió ¡a Audiencia Nacional considerar que la Audiencia Territorial de Pamplona era la encargada de suplir al todavía no creado Tribunal Superior del País Vasco, pues Navarra no forma parte de Euskadi. Tercero: Debió aceptarse como hecho posible en las democracias europeas el que un preso sea elegido. La responsabilidad es de los votantes. Ciertas reacciones oficiales resultan disparatadas. Jesús González Pérez, catedrático de Derecho Administrativo: Lo que realmente sorprende de todo este asunto es la incongruencia que se desprendes de las circunstancias de haber llegado un sujeto innelegible a ser miembro del Parlamento dé una Comunidad autónoma. Parece ser que en el caso concurre alguna de las dos causas de innelegibilidad del apartado 2 del artículo 6 de la ley orgánica de Régimen Electoral de indudable aplicación a las elecciones al Parlamento vasco. De aquí, que a tan anómala situación se sume la concurrencia de una misma persona del estatuto jurídico de parlamentario y, al tiempo, de recluso. En especial si se tiene en cuenta que el primer deber dé estos es (según la ley orgánica General Penitenciaria, artículo 4 A) permanecer en el establecimiento COCINA CATALANA HAGA UNA PARADA EN LA FONDA RESTAURANTE LA FONDA COMEDORES PRIVADOS DE ISA 60 PLAZAS PRINCIPE DE VERGARA, 211 T. 2506147 LAGASCA, t 1 T. 4038307 agencia oficial Arta. América, 18 td. 2 55 33 94- C Avda. de los Toreros, 18 leL 2 55 04 07 ATASA