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JUEVES 29- 1- 87 PERIODISMO Texto íntegro de la sentencia A B C 47 La decisión judicial reabre el debate sobre uno de los aspectos más controvertidos del ejercicio del periodismo define el derecho al honor en sentido negativo y con el texto antes transcrito. Tras esta ley, y aplicándola, se han dictado dos sentencias por el Tribunal Supremo, cuyo criterio puede llevar a una unidad de criterio tan necesaria en esta materia esencialmente relativa. Son las sentencias de 28 de octubre de 1986, relativa al vídeo de Paquirri sobre el derecho a la intimidad y la propia imagen (publicada en Actualidad Civil número 48, de 1986, referencia número 1041 86) y de la de 4 de noviembre de 1986 (pendiente de publicación) relativa al derecho al honor en un caso en que un artículo periodístico afirmó que la importancia política de un esposo había decidido el éxito en un concurso de su esposa, con- sorte 4. -Así procede analizar e! caso de autos aplicando no ya los criterios inevitablemente subjetivos de este propio Juzgado, sino siguiendo la deseable unidad de criterio que proporciona la jurisprudencia, la cual, sin ser fuente del derecho, sí complementa el ordenamiento jurídico, como dispone el artículo 1. apartado 5, del Código Civil. 5. -Los puntos esenciales que hay que tener en cuenta como posibles atentados al honor de la demandante son los siguientes: en el artículo de ABC de 12 de febrero de 1984 se refiere al muestrario de nombramientos a dedo sobre cuyo tema gira todo el artículo, y en él se dice así también: la esposa del ministro Tomás de la Quadra, abogada, contratada por la Conserjería de Urbanismo, aunque Teresa Janini era ya funcionaría desde el antiguo régimen el artículo de Ya 11 de junio de 1986, se refiere todo él a un sinfín de enchufes digitales entre parientes de la nomenclatura del PSOE y concreta: Ciertas funcionarías resultaban súbitamente beneficiadas con cargos de mucho más rango y sueldo al ser asumidas por la Comunidad de Madrid: Teresa Janini pasó a la Conserjería de Urbanismo. En el Ya de 20 de junio de 1986 se hace mención expresa de la señora Janini, añadiendo: Ocupando cargos públicos desde antes o desde después, pero en simultaneo con el establecimiento oficial de otros parientes socialistas. Y la esposa de Oe la Quadra es una piececita más que confirma mi aserto. En tales textos se han entrecomillado las frases literales, pero no tomadas aisladamente, sino siempre en relación al contexto del artículo completo y ál tema a que éste se refiere. Lo cual no sólo lo pide la parte demandada en este proceso, sino también lo dice, en el fundamento 3, la atada sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1986: Las expresiones del texto publicado deben ser leídas en conjunto e interpretando su sentido por el contexto, sin que sea lícito aislar las expresiones que, en su individualidad, pudieran merecer otro que aquel sentido que tienen dentro de la totalidad de lo publicado. 6. -Tentendo en cuenta el contexto completo, no sólo las frases aisladas, aparece que la periodista demandada atribuye a la actora el empleo público que desempeña no a sus méritos, sino a nombramiento a dedo, beneficiándose ele ser la esposa de un ministro, hoy presidente deJ Consejo de Estado, por enchufe digital por razón de relación conyugal, en simultaneidad con el importante cargo del cónyuge. Esto, según todos los conceptos, legal, doctrinal y jurisprudencial dados en las líneas anteriores, constituye un ataque al honor de la actora, coincidiendo en gran similitud con el caso de la sentencia de 4 de noviembre de 1986, ya que la periodista demandada, como en cucha sentencia, transparente el intento inequívoco del redactor de atribuir a la actora haber obtenido e empleo público... por nombramiento a dedo, enchufe, p r e b e n d i s m o en f i n por s u c o n d i c i ó n de cónyuge de político relevante. Se atenta clara- mente al honor; tal como dice la misma sentencia, a la pública estimación de la actora en su condición de funcionario público 7. Este atentado al honor en el presente caso implica además una mala información o mala intención de la periodista demandada: se ha probado por prueba documental y testifical (testigos compañeros de oposición) que la actora obtuvo el empleo público, como funcionaría, por oposición en 1973, mucho antes no sólo de tos cargos políticos del cónyuge, sino incluso antes del régimen democrático; en 1981 y 1982, absorbida la Diputación de la que era funcionaría, por la Comunidad de Madrid, tanto la actora como los compañeros de oposición y funcionarios más La responsabilidad de director y empresa es incompatible con la libertad de expresión que consagra la Constitución modernos incluso, ocuparon cargos de jefe de servicio o de sección en la nueva reestructuración de los servicios. 8. En este proceso, como en tantos otros, se alega por la parte demandada la libertad de expresión. Ya se ha mencionado al principio la norma del artículo 20, apartado 4, de la Constitución que dice expresamente que aquélla cede ante los derechos de la personalidad corno el del honor. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 17 de julio de 1986 y 22 de diciembre de 1986, interpreta tal norma no con un criterio absoluto, sino que se impone siempre una ponderación entre uno y otro... es decir, los artículos 18.1 y 20.4 de la Constitución. Tal ponderación a su vez la aprecia la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1986 al afirmar que la libertad de expresión jamás podrá justificar la atribución gratuita a persona identificada por su nombre y apellidos de hechos que inexcusablemente la hacen desmerecer del público aprecio y reprochables a todas luces, sean cualesquiera los usos sociales del momento 9. Partiendo, pues, de la intromisión ilegítima- según expresión legal del artículo 7 de la ley de 5 de mayo de 1982- al derecho al honor de la demandante, debe aplicarse el artículo 9 de dicha ley en relación con las peticiones concretas del suplico de la demanda, que están las tres, previstas en el apartado 2 de dicho artículo: 1. Es claramente procedente la declaración de derechos que solicita el primer apartado. 2. 9 Es, asimismo, procedente 1 a difusión de Ja sentencia que solicita en el segundo apartado. 3. La indemnización, ya que el perjuicio se presume según el mismo artículo 9, apartado 3, presunción que destacan las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1986 (fundamento 4, último inciso) y de 4 de noviembre de 1986 (fundamento 6) no se pide la cuantía en el suplico de la demanda, sino que se interesa que se fije en ejecución de sentencia: no se estima procedente, pues tos datos están perfectamente delimitados en este momento procesal y se sigue la cuantía que fije determinada, en caso muy semejante, en quinientas tná pesetas, cantidad aceptada y mantenida por ei Tribunal Supremo en la citada sentencia de 4 de noviembre de 1986 Jundamento 6) 10. Hasta ahora sólo se ha hecho mención a la demandada, periodista, doña Pilar Urbano, como, asimismo, a Ha se refiere prácticamente todo el texto del cuerpo de la demanda. Con referencia a los demás demandados, éstos son: 1. El director del periódico Ya que como tal director ha comparecido- y se ha aceptado y no recurrido su personación- aunque confusamente la demanda parece ir contra un periódico sin personalidad jurídica civil ni procesal. 2. La sociedad anónima propietaria del periódico Ya 3. El ministerio fiscal es parte, pero- t a l como acertadamente expresa en su escrito de contestación a la demanda- no es demandado. 11. El artículo 65, apartado 2, de la ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1986, dispone que la responsabilidad civil por acto u omisiones ¡lícitas no punibles será exigible a los actores, directores, editores, impresores... Tal como se ha mantenido en este mismo Juzgado (en sentencia de 9 de mayo de 1986) la mencionada ley no puede ser alegada para tal responsabilidad. Se trata de una ley, no derogada expresamente, pero que responde a la idea de la falta de libertad de expresión y, en consecuencia, impone responsabilidad no sólo al autor y a la empresa, sino incluso al director y hasta el mero impresor, pero esta responsabilidad tan amplia, que rompe con los principios del Derecho Civil, es incompatible con la libertad de expresión que consagra la Constitución (artículo 20) y por ello debe entenderse tácitamente derogada por la misma, no sólo por ser norma posterior, sino por ser la norma suprema, con jerarquía prevalente sobre las leyes ordinarias y toda clase de normas jurídicas. Con esta interpretación se da cumplimiento a lo que expresamente prevé la ley Orgánica del Poder Judicial: artículo 5. 1, 6. y 7. Por otra parte, la normativa en los ataques y consecuencias indemnizatorias, relativas a los derechos del honor, imagen e intimidad, se hallan hoy reguladas por la ley de 5 de mayo de 1982, fuera ya del Código Civil y de las normas generales de los artículos 1.902 y siguientes; en aquella ley no se prevé más responsabilidad que la del autor; por tanto, no hay responsabilidad ni del editor, propietario del periódico, que no controla la publicación diaria, ni del director frente a periodista no subordinada, sino independiente. Fallo Estimando íntegramente la demanda interpuesta por la representación de doña María Teresa Janini Tatay frente a la codemandada, doña Pilar Urbano Casaña: 1. Debo declarar y declaro que dicha demandada ha cometido una vulneración ilegítima del honor de la demandante al divulgar informaciones difamatorias carentes de justificación y contrarias a la verdad. 2. Debo condenar y condeno a la misma demandada a publicar a su costa, en el periódico Ya los fundamentos de derecho y el fallo de esta sentencia. 3. Debo condenar y condeno a la misma demandada a satisfacer a la demandante la cantidad de 500.000 pesetas, con los intereses que fija el artículo 921 de 1 a ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta sentencia. Se condena a te misma demandada ai pago de tes costas causadas en relación con la misma. Y desestimando la demanda respecto a los demandados Ediea, S. A. y don Fernando Onega López, como director de Ya estimo la excepción de falta de personalidad y, en consecuencia, debo absolver y absuelvo de aquélla. Se condena a la parte demandante al pago de tes costas causadas en relación con éstos dos demandados. Notífíquese esta sentencia al ministerio fiscal como parte tnterviniente. y a las partes demandante y demandadas. Asi por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. Xavier O CALLAGHAN MUÑOZ