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ABC MADRID 28-01-1987 página 20
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ABC MADRID 28-01-1987 página 20

  • EdiciónABC, MADRID
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20 7 A B C NACIONAL MIÉRCOLES 28- 1- 87 El pacto con Coalición Gallega da estabilidad al Gobierno Albor Santiago de Compostela. Arturo Maneiro Con el acuerdo alcanzado entre Coalición Gallega y la Junta de Galicia, ei presidente, Fernández Albor, ha conseguido la estabilidad de su Gabinete y la posibilidad de gobernar con cierta comodidad, al mismo tiempo que hizo desaparecer el fantasma de una posible moción de censura en el próximo período legislativo barajado por la oposición. El Grupo Popular contará a partir de ahora con la mayoría absoluta, es decir, cuarenta votos de un total de setenta y uno con que cuenta la Cámara autónoma. Desde el mismo momento de la crisis provocada por su anterior vicepresidente, Fernández Albor hizo todo lo posible por alcanzar un acuerdo estable con CG, ofreciendo la entrada en el Gobierno a alguno de los dirigentes más destacados de este partido. Este ofrecimiento fue rechazado en un primer momento por el presidente coaga Fernando García Agudín, pero en ningún momento descartó definitivamente la posibilidad de algún tipo de acuerdo. Ahora CG tampoco entra a formar parte del Gobierno autónomo; sin embargo, ha planteado una situación que le resultará más cómoda, como es el hecho de poder participar y criticar las decisiones del Ejecutivo de Albor, influir en sus acuerdos sin estar presente en el Gabinete. Por su parte, el equipo de Fernández Albor ha conseguido una cierta comodidad y sobre todo ha evitado el bloqueo de sus iniciativas en la Cámara. Y uno de los logros más importantes es poder contar con mayoría suficiente para aprobar los presupuestos de la Comunidad autónoma para el presente año de 1987. La falta de acuerdo para aprobar esta ley suponía quizá el principal obstáculo para llevar a cabo una labor de gobierno eficaz en Galicia. Detrás del proyecto de presupuestos de la Comunidad autónoma irá toda una serie de proyectos legislativos promovidos por la Junta o por el grupo de CG, que saldrán adelante por consenso de las dos fuerzas. Dentro de estas leyes deberá estar la confiictiva normativa de coordinación de las Diputaciones Provinciales. Se trata de coordinar los presupuestos de las instituciones locales y las autonómicas con el fin de evitar la duplicidad de gastos y para acometer proyectos comunes. Una de las señales más claras de que el pacto conseguido por Fernández Albor es importante son las fuertes críticas que se han desatado entre los grupos de la oposición, casi todos ellos contrarios al pacto, ya que en la medida en que se fortalezca el grupo gubernamental, más debilitados se encontrarán el resto de los partidos representados en la Cámara. Con este pacto pierden la capacidad de bloqueo y de acorralamiento a la Junta de Galicia. En cualquier caso, las críticas más fuertes han venido de los grupos minoritarios como el Bloque Nacional Galego Además de Fernández Albor, un protagonista fundamental en este pacto ha sido el actual vicepresidente, Mariano Rajoy, también convencido de la necesidad de formar una mayoría estable en la Cámara. El acuerdo, por tanto, manifiesta una compenetración de objetivos políticos entre el presidente y vicepresidente de la Junta. La Generalidad acusa al Gobiernode utilizar la CEE para hurtar competencias Jordi Pujol pide negociar las consecuencias de la integración Madrid. J. M. Zamarro La Generalidad de Cataluña ha elaborado un informe en el que se señala que el Gobierno central está utilizando la integración española en la Comunidad Económica Europea como excusa para recuperar una serie de competencias que pertenecen al Ejecutivo regional en virtud del propio Estatuto de autonomía y de la Constitución. El Gobierno de Jordi Pujol quiere negociar urgentemente las consecuencias de la integración europea. La iniciativa práctica de este informe ha partido de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Generalidad, que es una de las más afectadas por las intromisiones del Gobierno central en asuntos de su competencia exclusiva. Sin embargo, el contenido del informe tiene un fondo político importante, al denunciar textualmente que por parte del Gobierno se están absorbiendo competencias propias de la Generalidad, de forma continuada y persistente, por la vía de los heJordi Pujol chos consumados. Este proceso se ha visto acentuado a raíz de la incorporación de España a la CEE El informe es un exponente más del gran temor que hay en el Gobierno de Pujol por el hecho de que la integración en la CEE pueda suponer en la práctica una reducción de sus competencias autonómicas. Este temor se fundamenta en la postura firme del Gobierno central de garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en todo el territorio nacional. Aunque la Generalidad ha realizado durante el último año un notable esfuerzo por adecuar su legislación a las normas europeas, se teme que el Gobierno utilice ese compromiso internacional para dictar normas y leyes, en función de esa legislación europea, que invadan competencias que ya han sido transferidas a la Generalidad. De hecho, el informe de la Consejería de Agricultura denuncia explícitamente que esto ya está sucediendo. Cuando Pujol viajó a finales de diciembre a Madrid se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores y le expuso su preocupación en este sentido. Oficialmente, el Gobierno central mantiene la postura de que la exigencia europea de hacer cumplir las normas comunitarias en todo el territorio nacional, pese a que algunas entran en conflicto directo con determinadas leyes de Gobiernos regionales, no va a suponer en ningún caso reducción de los techos competenciales contenidos en los Estatutos de autonomía. Pese a ello, hay conciencia clara de que el conflicto de competencias es casi inevitable, por lo que hay que llegar a un acuerdo entre Gobierno y Autonomías para las relaciones con la CEE. La disparidad de criterios sobre cómo ha de articularse esta relación es patente entre la Generalidad y el Gobierno de Madrid. Aunque éste ha abandonado sus posturas iniciales sobre el asunto y ha asumido buena parte de las peticiones catalanas, persisten las diferencias de fondo. El Ministerio para las Administraciones Públicas ha elaborado un proyecto según el cual las Comunidades autónomas deberán nombrar a una persona que las represente a todas ellas para los asuntos relacionados con la CEE. Este representante autonómico formará parte de la delegación oficial española que intervenga en las diferentes negociaciones con la Comunidad Europea con objeto de que los intereses concretos de las Comunidades autónomas no se vean perjudicados por las decisiones comunitarias. Al mismo tiempo, funcionará como enlace entre el Gobierno central y los regionales para garantizar la aplicación del Derecho comunitario en todo el territorio. La Generalidad acepta en principio esta fórmula del representante autonómico en la delegación española en Bruselas, pero quiere dotarle de unas competencias políticas y negociadoras muy superiores a las que pretende el Gobierno. Se trataría de que este representante actuase como una autoridad supranacional que ostentase el mandato de las regiones de forma que la delegación española asumiese sus criterios negociadores, independientemente de la postura del Gobierno central, en todos los asuntos que afectasen directa y exclusivamente a las Comunidades autónomas. La Generalidad pretende, además, que las decisiones de la CEE que conciernan directamente a las regiones sean aplicadas directamente también por los Gobiernos autónomos sin intervención del Gobierno central. Esto se refiere, fundamentalmente, a la gestión de los fondos que la CEE destina al desarrollo regional o a proyectos que afectan exclusivamente a las regiones y que hasta ahora son tramitados, concedidos y repartidos a través del Gobierno central. La mayor parte de los presidentes de Comunidades autónomas conocen ya el proyecto del ministro Almunia, aunque todavía no ha comenzado el período negociador. REBAJAS Claudio Coello, 72 Manuel de Falla, 10 (esquina a Padre Damián

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