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ABC MADRID 22-01-1987 página 24
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ABC MADRID 22-01-1987 página 24

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24 A B C NACIONAL JUEVES 22- 1- 87 Confirmado el procesamiento de presuntos policías corruptos Madrid. M. Peral La Audiencia provincial de Santander ha confirmado los procesamientos de varios policías presuntamente implicados en la llamada mafia policial desestimando los recursos de súplica presentados por los abogados defensores de los inspectores Antonio Caro, Miguel Ángel Bercianos y Victoriano Gutiérrez Lobo y del comisario Francisco Javier Fernández Alvarez. Dimas Sanz, letrado de Victoriano Gutiérrez Lobo, recurrió el procesamiento dictado por la Audiencia provincial de Santander el 18 de noviembre del pasado año argumentando que no existen pruebas, sino sólo declaraciones indicíales de Federico Venero que no han sido suficientemente contrastadas, de que este policía entregara en dos ocasiones armas a delincuentes utilizando como intermediario a Venero. Gutiérrez Lobo fue jefe del grupo primero antiatracos de la Brigada de Policía Judicial de Madrid y ha sido implicado, asimismo, en la desaparición de el Nani y en el atraco al Banesto, si bien la Audiencia provincial de Madrid estimó el pasado 23 de diciembre que no existían indicios racionales de criminalidad en la actuación de este. policía en relación al atraco al Banco Español de Crédito. Gutiérrez Lobo permanece en la prisión de Logroño tras ser procesado por la desaparición de el Nani La defensa de Caro, Bercianos y Fernández Alvarez, dirigida por el abogado Emilio Rodríguez, esperaba que la Audiencia provincialde Santander se pronunciase en el mismo sentido que la de Madrid, admitiendo los recursos de súplica contra el procesamiento de estos policías, especialmente el del comisario Francisco Javier Fernández, a quien se, acusa de haber entregado en noviembre de 1984 al delincuente Ángel Manzano un arma Suspensión cautelar del magistrado que entiende del caso Banesto El Poder Judicial acusó a Moílinedo de retraso en su función Madrid. Sergio Guijarro El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, Faustino Moílinedo Gutiérrez, ha sido suspendido cauteiarmente de sus funciones por decisión de la Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. El magistrado, que el pasado 23 de diciembre ordenó la liberación de dos policías, encarcelados por su presunta implicación en el caso Banesto, se encontraba sometido a. un expediente disciplinario. Este fue incoado el 11 de diciembre por presunta comisión de una falta muy grave de abandono o retraso injustificado en sus funciones. Otro magistrado, José María López Asúnsolo, que ya no estaba destinado en esa Sección, también fue expedientado por las mismas causas. La suspensión cautelar de Moílinedo fue solicitada por el instructor del expediente, Francisco Vieira Marín, presidente de la Audiencia de Avila. El expediente disciplinario continuará ahora su tramitación y, mientras se resuelve, se hará cargo interinamente de la presidencia de la Sección Segunda e! presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Pedro González Poveda! Faustino Moílinedo Gutiérrez tramitaba en este momento, entre otros asuntos, el llamado caso Banesto y decidió el pasado 23 de diciembre la puesta en libertad de dos inspectores de Policía, supuestamente implicados en el atraco a la sucursal de este Banco en la plaza de la Lealtad. En un auto, que luego fue recurrido por el fiscal, el magistrado suspendido ordenó la inmediata libertad de los inspectores Adeiardo Rafael Martínez García y Victoriano Gutiérrez Lobo. Ambos se encontraban internos en la prisión de Logroño y sólo el primero de ellos quedó en libertad, ya que Gutiérrez Lobo se encuentra procesado en el sumario por la desaparición de El Nani. En declaraciones a ABC, el propio Faustino Mollinedo no descartó que su supensión pueda estar relacionada con el asunto Banesto, aunque- -dijo- estoy tan sorprendido que no sé qué contestar Es una decisión de la Sala muy meditada y estudiada- continuó- y yo no puedo pronunciarme sobre algo que son suposiciones, aunque esa tesis no es en absoluto descabellada. El expediente abierto por el Poder Judicial en diciembre contra los dos magistrados se basaba en una presunta falta grave del artículo 447.3 de la ley orgánica del Poder Judicial, que sanciona el abandono o retraso injustificado y reiterado en el desempeño de la función judicial. Una inspección realizada por los servicios del Consejo General del Poder Judicial detectó la falta de alrededor de tres millones de pesetas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, además de retrasos en la tramitación de las causas, irregularidades en la puesta en libertad de reclusos que habían completado el tiempo máximo que podían permanecer en prisión provisional y otras anomalías. Tras analizar el resultado. de la inspección, la Comisión disciplinaria del Poder Judicial decidió incoar los expedientes y remitir una certificación al fiscal general del Estado, en la que solicitaba que se depurarán responsabilidades por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, infidelidad en la custodia de documentos y retardo malicioso en la administración de justicia. Por otra parte, ayer dieron comienzo las Jornadas sobre Corrupción en la Justicia, organizadas por el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. La primera sesión se dedicó al estudio de la oficina judicial y a las garantías procesales, presentándose algunas propuestas, entre ellas que desaparezcan las cuentas de consignación de los Juzgados, donde deben depositarse determinadas cantidades en algunos pleitos y que estas cantidades se entreguen en Bancos oficiales, consignando tan sólo el resguardo, con lo que se evitaría la circulación de dinero en los Juzgados. Otras propuestas hacían, referencia a la necesidad de otorgar a los secretarios la potestad de ordenación del proceso, recogida en la LOPJ, y que sea el secretario el que ejerza la jefatura, de la oficina judicial. Sobre la celebración de las Jornadas, el Colegio Nacional de. Secretarios Judiciales ha hecho pública una nota en la que señala que su organización ya supone un paso adelante en la mejora que todos deseamos. Las personas que en ellas van a participar tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de hallar las posibles soluciones que agilizen y dignifiquen nuestra maltrecha Justicia. Pero tampoco podemos engañar a la opinión pública con falsas expectativas de cara a un futuro próximo. Ayuntamiento de Cartagena: El dinero tenía que justificarse Murcia. Ep El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena, José Linares, administrador de la subvención recibida por el grupo municipal socialista, informó ayer que ha entregado a la Ejecutiva del PSOE toda la documentación relativa a la distribución de los dieciséis millones de pesetas que le correspondieron a este grupoJosé Linares añadió que doce millones fueron destinados a las actividades del grupo socialista en el Ayuntamiento, así como al pago efectuado a los concejales de una cantidad en concepto de actividades complementarias, para el desempeño de su función pública. Explicó que la cantidad varió para cada concejal, en función del sueldo que tuviesen cada uno de ellos en la Corporación Municipal de Cartagena. Linares precisó que cuando entregó las cantidades a los concejales les informó que los gastos tenían que ser justificados. La Ejecutiva regional del PSOE en Murcia no ha fijado aún la fecha para examinar los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Cartagena, conocidos popularmente como ef asunto de los sobres El etarra que escapó en Madrid es José Martín López Castañares Madrid José Martín. López Castañares, nacido en Beasain (Guipúzcoa) en 1962, es la séptima persona presuntamente relacionada con el comando Madrid que huyó tras las detenciones del pasado viernes, según informaron fuentes policiales. La fotografía de José Martín es la que figura en la documentación encontrada en poder del comando Madrid con el nombre y datos de Francisco Gómez Montoya. En las documentaciones intervenidas tras la detención del comando figuraban nueve juegos de identidad distinta, con fotografías igualmente diferentes de los etarras, en unos casos con bigote y cortes de pelo y gafas, que le daban otra fisonomía. Sobre José Martín, las fuentes policiales no precisaron otros datos, aunque el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, afirmó el pasado lunes que vivía en un piso con otros estudiantes y no pertenecía directamente al comando operativo. Su misión consistiría, según esta versión, en aportar informaciones y datos que podrían servir para realizar atentados.

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