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13 de enero de 1987 ABC LA Manuel RODRÍGUEZ MARTIN El establecimiento de la carrera docente es una aspiración compartida por todo el profesorado. El autor de este artículo, Manuel Rodríguez, miembro del Consejo Escolar del Estado en el sector de las personalidades de reconocido prestigio, subraya la necesidad de introducir estímulos profesionales como condición indispensable para mejorar la calidad de la enseñanza en un momento de serias dificultades en la elaboración del Estatuto del Profesorado proyecto de ley cuando ya se hallaba en el Senado y que muchos entendimos que podría ser aprovechada para realizar una profunda reforma educativa mediante enmiendas, sin haber dado a los grupos de la oposición la posibilidad de defenderlas. Habida cuenta de que en la citada adicional se contemplaba certeramente la integración de los veintiséis Cuerpos docentes de Enseñanzas Medias y Básica en dos nuevos (de Enseñanza Secundaria y de maestros) y como quiera que era necesario desarrollar reglamentariamente su contenido normativo, labor ciertamente compleja no sólo bajo e! punto de vista jurídico, sino también pedagógico, después de haber dado publicidad a un borrador elaborado por los técnicos del Ministerio, que fue rechazado unánimemente, el ministro Maravall decidió nombrar una Comisión de expertos para que redactara un nuevo borrador. La referida Comisión se constituyó en septiembre de 1985 y, con serias dificultades, elaboró unas bases en ei estrecho marco de la ley 30 84 y, en particular, de su adicional decimoquinta, teniendo también presente la nueva regulación introducioda por la LODE. La complejidad del cometido y la idea claramente asumida por la Comisión de que su función no era otra que la de confeccionar unas bases que constituyeran un punto de partida no excluyente para facilitar la discusión de los muchos y delicados asuntos comprendidos en los ocho apartados del documento, no fueron globalmente aceptadas y, no obstante, las bases contenían algunos principios jurídicos y pedagógicos que merecieron el elogio unánime. En cualquier caso, el documento hecho público el mes de enero de 1986, que sirvió de base para el inicio de las negociaciones con los sindicatos docentes, quedó muy recortado, dando origen a un preacuerdo firmado en el mes de mayo por cuatro de las seis centrales sindicales que lo habían negociado y en el que se recogían los principios y criterios que deberían figurar en la futura regulación de la función pública docente. La presentación en el mes de Número 124 El establecimiento de la carrera docente responde a una vieja aspiración y reivindicación tanto de las centrales sindicales como de todos y cada uno de los docentes. La introducción de estímulos de carácter profesional, con las correpondientes secuelas de tipo económico dentro del profesorado equívocamente denominado no universitario, constituye una necesidad tan perentoria que no resulta pensable el incremento de la calidad de la enseñanza sin este paso previo. Por otra parte, existen tan escasos estímulos profesionales en el profesorado en estos momentos que sólo una vocación extraordinaria por la escuela o una voluntad de hierro pueden explicar la vitalidad que, a pesar de todo, refleja el mundo educativo. Políticamente es necesario valorar el coraje que supone abordar el tema de la carrera docente, ya que, a pesar de su necesidad, constituye un espinoso y complejo problema y no sólo por sus connotaciones técnicas, sino también por las implicaciones sociaies que entran en juego. De hecho, anteriores responsables de la política educativa llegaron a incluirla en sus programas y planes, pero sin que en ningún momento manifestaran voluntad firme de llegar a establecerla. Fueron, sin embargo, el ministro Maravall y su equipo quienes en enero de 1983 plantearon como objetivo primordial de su Departamento la dignificación de la docencia, apuntando, entre otros, el tema de la carrera docente y un estatuto que, adaptado a los tiempos actuales, contemplara una serie de incentivos económicos y profesionales que mejoraran sustanciaimente su situación. El interés manifestado por el ministro en ei tema de la carrera docente, ei estatuto del profesorado y la afirmación que se contenía en una carta dirigida a los profesores en el mes de marzo de 1985 de que es preciso contar con e! consenso y el respaldo de la mayoría del profesorado para que nada se haga a sus espaldas hizo nacer grandes esperanzas en los diversos colectivos docentes. Existía, obviamente, una voluntad política de abordar globalmente la modernización de nuestro sistema educativo y, al mismo tiempo, de desarrollar la controvertida y generalmente rechazada disposición adicional decimoquinta de la ley 30 84 de Medidas para la Reforma de la Función Pública que, con nocturnidad y subrepticiam e n t e fue i n c o r p o r a d a al noviembre de un proyecto de real decreto en el que se recogen las normas básicas de adecuación de la función pública docente no universitaria a la ley 30 84 y las nuevas negociaciones con los sindicatos y representantes de las Comunidades autónomas con competencias transferidas hace pensar que se está ya en la etapa final. Los cambios a que en el futuro se verán sometidos los funcionarios docentes con la entrada en vigor del real decreto de adecuación de la función pública docente no universitaria a la ley 30 84 pueden suponer un impacto tal que, aparte de crear confusión e inseguridad en ellos, signifique también el principio del fin de la reforma. A la progresividad en su aplicación creemos que es necesario añadir el carácter experimental que durante un cierto tiempo debería tener el nuevo estatuto, máxime cuando recientemente se ha anunciado la futura ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) que sin duda va a tener una influencia decisiva en todo lo que venimos comentando. Es hora ya de que la modernización de España, objetivo prioritario de esta legislatura, signifique, sobre todo, una valoración mayor de la educación, valoración que pasa fundamentalmente por una mayor dotación económica y presupuestaria para este área de la vida social. Independientemente de la diversidad de conceptos y opiniones que existen en torno a las formas de conciliar ideología educativa y calidad de la enseñanza, es evidente que la reforma anunciada en los albores de 1983, después de cuatro años no se debe demorar por más tiempo. Las recientes movilizaciones de los estudiantes y las que se anuncian para los próximos días por los profesores de Bachillerato en protesta por el proyecto de estatuto, como asimismo el hecho de que el sindicato Comisiones Obreras haya amenazado con su retirada definitiva de las negociaciones del mismo proyecto, exigen urgentemente de los responsables del Ministerio de Educación una respuesta. Demorar sine die las soluciones que demanda la clase docente, eludiendo responsabilidades, puede, en los próximos meses, originar nuevos conflictos colectivos, como ya sucediera en los meses de a b r i l y mayo de 1985. La actuación aislada de los organismos internacionales que operan sobre la educación en Europa provoca la dispersión y duplicidad de esfuerzos La aplicación de los conciertos por el Ministerio de Educación agrava la situación económica de las filiales Reforma de los estudios de doctorado: la escasez de medios materiales y humanos, un obstáculo a su aplicación La Fundación Colegio Libre de Eméritos Universitarios comienza su andadura a partir de la próxima semana