ABC MADRID 09-01-1987 página 35

VIERNES 9- 1- 87- SANIDAD -ABC, póg. 35 suspensión de las incompatibilidades originará el retorno de muchos médicos Es el justo reconocimiento a unos derechos adquiridos Madrid. Miguel Ángel Martín El auto de ia Audiencia Territorial de Madrid, que ordena a la Administración reponer en sus puestos a varios cientos de médicos madrileños, fue acogido ayer con gran satisfacción por numerosos facultativos españoles. El doctor Javier Matos, presidente del Colegio de Madrid, señaló a ABC: Es el justo reconocimiento a unos derechos adquiridos, a unas plazas ganadas tras una dura oposición, de las que ahora la Administración quería despojarnos. Ayer, ABC tuvo acceso íntegro al auto de la Audiencia Territorial de Madrid, que está firmado por el presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Gregorio García Ancos, y por los magistrados José Antonio García Aguilera y Enrique Calderón. El auto, que ya es firme, se ratifica en otro anterior de la misma Sala y que fue ofrecido en primicia por ABC. En aquella ocasión, como en ésta, el letrado que asesoró a los médicos fue Ricardo de Lorenzo. El auto suspende la aplicación de la ley de Incompatibilidades a los noventa y cinco médicos afiliados al sindicato FESIME que recurrieron contra la destitución en sus puestos de trabajo, y ordena a la Administración que sean repuestos en las funciones en las que habían sido cesados. Para ello la Administración tiene un plazo de dos meses. En su fallo, la Sala de lo Contencioso- Administrativo señala que no había solicitado informe para tomar su decisión definitiva al Ministerio de Sanidad, porque la Sala no está obligada a ello. dos los honorarios que han dejado de percibir hasta que la Audiencia Territorial tome una decisión definitiva, que será dentro de unos tres años. Además, hay algo que demuestra la prepotencia que en todo momento ha ejercido la Administración para con los médicos que recurrieron: el que el abogado del Estado pidiera seiscientos veintiún millones como fianza a los noventa y cinco médicos para poder recurrir, petición que fue desestimada por la Audiencia. Ahora seremos nosotros quienes estudiaremos otras acciones por los perjuicios que la decisión de la Administración nos ha causado. Las incompatibilidades se han aplicado mal y los médicos son los únicos dañados. Esperamos que ahora el ministro de Sanidad nos reciba o, en su defecto, el subsecretario de Sanidad, como nos prometió García Vargas, para tratar muchos problemas pendientes. El juicio de la coka se iniciará el próximo 30 de marzo Madrid El juicio de la colza comenzará el próximo 30 de marzo, según un auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dado a conocer ayer. Las declaraciones testificales en el juicio se iniciarán el 4 de mayo y el 29 de junio comenzarán las declaraciones de los peritos. El juicio se celebrará durante un mínimo de cuatro meses, en cinco sesiones semanales encuadradas en las mañanas de los lunes, martes y miércoles de nueve treinta a trece treinta horas y en las tardes de los lunes y miércoles de dieciséis a veinte horas. A través del presidente de la Audiencia Nacional, la Sala pide al Ministerio de Justicia que facilite locales que permitan dar holgado cumplimiento al principio de publicidad recogido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que la capacidad de las salas de la Audiencia Nacional quedaría agotada por la presencia de las partes. Esos locales deberán comprender no sólo la sala de vistas, sino también despachos para magistrados, secretarios, fiscales, letrados acusadores, letrados defensores, testigos, peritos, Policía Judicial, periodistas, secretaría con compartimentos de despacho, archivo y custodia, y una habitación para conservación y tratamiento pericial de aceites. Optar o no optar La incógnita se planteó ayer entre varios miles de médicos que habían ejercido su derecho de opción y que, por tanto, decidieron escoger entre uno u otro puesto de trabajo. Sobre esta cuestión, expertos juristas consultados por ABC no quisieron pronunciarse abiertamente. Sin embargo, parecer ser mayoritaria la tesis de que los médicos que no ejercieron el derecho de opción y fueron destituidos deberán ser repuestos en las funciones que venían desempeñando. Y aquellos que optaron, y por tanto renunciaron a uno de los puestos, les cabe la posibilidad de entablar un recurso para obtener una indemnización, ya que el auto, aunque no reconoce explícitamente el derecho a la indemnización, sí reconoce que ha habido un perjuicio para los afectados que recurrieron. Ayer se palpaba una general satisfacción en muchos médicos consultados por ABC. Para el presidente del Colegio de Madrid, Javier Matos, es un reconocimiento a unos derechos adquiridos mediante oposiciones a veces durísimas que hemos ganado con nuestro esfuerzo. Ahora, los Tribunales nos dan la razón y con ello se pone en claro que fueron una falacia las declaraciones de algunos miembros de la Administración que en su día nos acusaron de querer mantener ciertos privilegios También en los dirigentes del sindicato FESIME, que ha sido el que ha planteado la cuestión que ahora la Audiencia ha fallado a su favor, existía una enorme alegría. El doctor Gilsanz y el asesor Naveso declararon ayer: Esperemos que en el plazo de estos dos meses la Administración reponga a todos los médicos destituidos y les abone to- Los farmacéuticos andaluces estudian el cobro íntegro al usuario de los medicamentos de la Seguridad Social Granada. Inmaculada Vilardebó Los farmacéuticos andaluces estudiarán hoy en Sevilla la posibilidad de negarse a suministrar medicamentos con recetas de la Seguridad Social si el beneficiario no paga su importe íntegro, ante el retraso que la Consejería de Sanidad tiene en el pago de las cuotas de estos medicamentos a las oficinas de Farmacia. La decisión de la Federación de Colegios Farmacéuticos, de llevarse a cabo, tendrá una considerable trascendencia. Según declaraciones a ABC del presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, Jesús Porres, es probable que ia Junta general extraordinaria de esta provincia, convocada para el sábado, adopte, sintiéndolo mucho, una serie de medidas para salvaguardar los legítimos intereses de la Corporación farmacéutica, entre las que cabe la posibilidad de tener que suprimir el crédito a los beneficiarios de la Seguridad Social por incapacidad económica de los titulares de las oficinas de Farmacia En estos momentos la Dirección Provincial de la RASSSA (Red de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social de Andalucía) de Granada adeuda a la Corporación farmacéutica, por facturación del mes de noviembre, 463.807.210 pesetas, cuyo importe debió ser satisfecho antes del día 20 de diciembre, y alrededor de 374.104.475 pesetas por facturación del mes de diciembre. La situación es especialmente dramática si se tiene en cuenta que Andalucía es la única región que no cobra regularmente en España y que más del 90 por 100 de las farmacias que han hecho frente a estos descubiertos están sin tesorería propia, por lo que deben recurrir a préstamos bancarios que generan fuertes intereses. La medida, de no prorrogar el crédito asegurado- dice Jesús Porres- no es arbitraria, porque llevamos muchísimo tiempo soportando una situación insostenible que nos duele como farmacéuticos y como andaluces. Reiteradas veces hemos propuesto a la Administración sanitaria soluciones para paliar un montón de problemas, y ocurre como en este caso: sólo obtenemos silencio administrativo. Personalmente he realizado 54 llamadas telefónicas a la Consejería de Salud y Consumo; hemos realizado requerimientos notariales frente al director provincial de la RASSSA para que nos pague; hemos notificado también notarialmente de que, en otro supuesto, se procederá a la exigencia del pago de las cantidades, más el importe de los daños y perjuicios causados por la actitud improcedente y contraria a Derecho de parte de la RASSSA, y el gravísimo incumplimiento del concierto existente, además de informar a la opinión pública para que ella juzgue y vea cómo la decisión de los farmacéuticos es consecuencia de la actitud de la Administración. Nosotros no nos negaremos nunca a dispensar una receta, simplemente la cobraremos y que sea el usuario quien reclame la parte proporcional que le corresponde a la Administración.