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36 A B C ABC -Impuestos- LUNES 5- 1- 87 Acotación Es necesario conocer la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal La menor renta por persona modifica el significado Madrid. S. E. L. El concepto de presión fiscal ha sido tradicionalmente definido como la relación entre el total de los ingresos recaudados por el Estado y el Producto Interior Bruto registrado en el mismo año. En cambio, el esfuerzo fiscal es la relación entre la presión fiscal y el PIB per capita expresado en dólares. La diferencia es sustancial, pues la presión mide la proporción en porcentaje del total de rentas generadas en un país que el Estado retiene como impuestos, mientras que el esfuerzo gradúa, mediante un índice, relaciones más precisas entre la renta personal y la proporción que de la misma se destina a impuestos. La presión fiscal da idea del nivel de fiscalidad en un país y sirve para comparar la evolución temporal. Pero su representatividad se ve muy limitada a la hora de realizar comparaciones internacionales. Al igual que otras muchas variables de un sistema económico, la fiscalidad no sólo depende de su estructura y el grado de desarrollo general del sistema, sino del esfuerzo real que los habitantes de un país están llevando a cabo. Los economistas están de acuerdo en la necesidad de corregir el concepto original de presión fiscal mediante su matizacíón a partir de un índice que refleje el hecho objetivo de que países con presión fiscal baja realicen un esfuerzo fiscal alto, y al contrario. dar ninguna información sobre la utilización de la capacidad impositiva del país considerado. Así- afirma Confemetal- carece de sentido afirmar que España tiene un bajo nivel de impuestos, porque su presión fiscal alcanzaba sólo el 28,39 por 100 en 1984, frente a un promedio del 37,11 por 100 en el conjunto de la OCDE, cuando en dicho año el Producto Interior Bruto por persona española significaba únicamente 4.192 dólares, en tanto que la media de los países de la Organización era de 10.209 dólares. Por tanto, no puede sostenerse seriamente que el sacrificio fiscal de los contribuyentes hispanos, tomando el PIB por habitante como indicador de la capacidad impositiva, sea inferior al que realizan otros países industrializados, sino que, por el contrario, resulta bastante mayor. En segundo lugar, el aumento de la presión fiscal supone, a su vez, una transferencia creciente de recursos financieros del sector privado al público, que conduce a una paulatina debilitación de los incentivos al trabajo y a la asunción de riesgos. En el período 198084 España ha visto elevarse su presión fiscal del 24,45 por 100 al 28,39 por 100, mientras los países de la OCDE registraban un avance del 35,83 al 37,11 por 100, y los de la CEE, del 39,41 al 41,93 por 100. Es decir, la carga impositiva española ha arrojado un incremento de cuatro puntos, al tiempo que la renta per capita al coste de factores en pesetas de 1970 bajaba de 87.497 pesetas en 1980 a 86.303 en 1984. Por tanto, la mayor recaudación relativa ha tenido un claro efecto negativo sobre la evolución de ía renta real por habitante y, en consecuencia, sobre el nivel de vida de la población. Además, varios países redujeron su presión fiscal en dicho quinquenio, tales como los Estados Unidos (del 30,72 al 28,99 por 100) Noruega (del 47,31 al 46,41 por 100) Nueva Zelanda (del 31,71 al 31,04 por 100) y los países bajos (del 46,19 al 45,54 por 100) Las cotizaciones a la Seguridad Social, tan desorbitadas en España, significan, por otra parte, un impuesto sobre el empleo, y además, no son desgravables a la exportación. Mientras las cuotas sociales representaban en España el 41,12 por 100 de los ingresos fiscales en 1984, en el conjunto de la OCDE el porcentaje sólo llegaba al 23,99 por 100. Por todo ello, el esfuerzo fiscal global que desarrollan los contribuyentes españoles se sitúa a la cabeza del realizado por los países industrializados. Esto debería hacer reflexionar a quienes califican a nuestro país de paraíso fiscal tomando unas cifras equívocas. Competencia financiera En reciente coloquio celebrado en la Casa de ABC se planteó un largo e intenso debate sobre el futuro del sistema- financiero español, a cinco años vista de la fecha fijada por la CEE para el establecimiento de un mercado único en el ámbito comunitario. A partir de 1992 todas las entidades, al margen de su nacionalidad de origen, entablarán una dura batalla de competencia en un marco amplio de libertades. En España se viene avanzando con- timidez por el camino de la liberalización, especialmente en la última década, pero todavía subsiste un alto nivel de intervención, incompatible con el grado de concurrencia que nos exige la plena incorporación a la Europa de ios Doce Decía Rafael Termes en el coloquio que nuestro sistema financiero no está en condiciones de hacer frente a esta situación con garantías de éxito y subrayaba textualmente: ¿Cómo podemos aceptar que venga un Banco alemán a trabajar en España sin estar sujeto a toda una serie de coeficientes y restricciones que tenemos nosotros? Sería una competencia distorsionada. Se hace preciso acelerar el ritmo en el proceso de desregulación, de modo que pueda procederse de modo racional a la más correcta y eficiente asignación de recursos. En este sentido se anuncia para pronto una disposición liberando los únicos tipos de interés pasivo aún sometidos a limitaciones legales, pero ésta es tan sólo una cara de la moneda. La otra cara demanda una contrapartida en el capítulo de activos, es decir, una reducción en los coeficientes obligatorios. La verdad es que renunciar a esta fórmula le cuesta trabajo a la Administración, como apuntaba José Joaquín Sancho Oronda en una de sus intervenciones. El procedimiento es cómodo, fácil y con mínimos riesgos de planteamiento. Importante es, desde luego, la conquista de dosis mayores de libertad, pero no puede considerarse éste como requisito único para arribar a 1992 es condiciones de competir. Paralelamente hay que acomodarse al cambio de necesidades que la evolución dinámica de las sociedades modernas plantea. Hay que estudiar las nuevas demandas y atenderlas con ofertas coherentes. Hay que lograr una mayor eficacia en la prestación de servicios. Interesante y útil resulta a estos efectos el último número de la revista del Instituto de Estudios Económicos, dedicado al análisis de los nuevos productos financieros y que contiene importantes trabajos publicados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Como se señala en el capítulo introductorio los mercados financieros avanzan hacia una mayor eficacia en la asignación de los recursos. Es importante que el proceso no se detenga, pues de él depende en buena parte la recuperación de la economía mundial Las entidades financieras españolas no pueden quedar al margen de las transformaciones que se registran fuera de nuestras fronteras. Por el contrario, tienen que integrarse en esos movimientos, lógicos por otra parte en razón de la creciente interrelación de las economías a escala mundial. Andrés TRAVESI El caso español El fuerte crecimiento de los impuestos registrados en España en el último decenio ha aumentado notablemente la presión fiscal. Pero en comparación con la evolución de la renta per capita, es más alta, el esfuerzo fiscal sigue siendo muy superior al realizado por los contribuyentes de países cuya presión fiscal aparente es más alta, pero su esfuerzo fiscal disminuye al disfrutar de una mayor renta personal. Las Administraciones Públicas han absorbido unos porcentajes crecientes de los ingresos privados, según pone de relieve un reciente informe de Confemetal, desalentando así la inclinación al trabajo, al ahorro familiar y a la innovación empresarial, que son las fuentes básicas para conseguir una elevación continuada de los niveles de bienestar. La prioridad absoluta otorgada a la fiscalidad como instrumento de redistribución de la renta, en detrimento de los restantes objetivos tributarios, como son la eficacia económica, la equidad y la neutralidad, ha estimulado la demanda de consumo, alentando de este modo las tensiones inflacionistas, las importaciones y las inversiones especulativas. Para tratar de justifica el continuo aumento de la presión fiscal, los últimos Gobiernos han tratado de emplear el argumento de que el índice español es bastante inferior al promedio de los países miembros de la OCDE. Pero esta comparación no permite sostener que la presión fiscal española haya de incrementarse como mínimo hasta la media de la citada organización, por varias razones. En primer lugar, la presión fiscal es el porcentaje que representan los impuestos sobre el Producto Interior Bruto. Por tanto, indica solamente la parte de la producción que es absorbida por la Administración Pública, sin