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DOMINGO 1- 1.2- 85- LA EXTRADICIÓN DE RUIZ- MATEOS ABC 31 El argumento de la persecución política no convenció a la Justicia alemana Por dos veces se le denegó el asilo Madrid. V. C. Año y medio de pleitos no han sido suficientes para que los abogados alemanes de José María Ruiz- Mateos evitaran su extradición a España. El principal argumento que esgrimieron fue el de la persecución política, que no convenció a la Justicia de la República Federal. Sin embargo, consiguieron algo muy importante: limitar la extradición a dos delitos menores (falsedad documental y contable) únicos por los que se le podrá juzgar ahora. Inmediatamente después de su detención en Francfort, el 25 de abril de 1984, José María Ruiz- Mateos contrató los servicios de un prestigioso abogado, Gunter Dórr, que había participado en casos tan conocidos como la suspensión de pagos de la multinacional AEG. Dórr se puso en contacto con el coordinador del equipo jurídico que representaba a Ruiz- Mateos en España, Crispín de ViGente, y ambos convinieron en presentar el procesamiento del empresario como una operación política. La idea era oponerse a la extradición alegando que la expropiación de Rumasa había sido de una dudosa constitucionalidad, y que su ex presidente, en el supuesto de que fuera entregado a las autoridades españolas, sería juzgado por ún Tribuháf de excepción: la Audiencia Nacional. No obstante, el primer objetivo de tos abogados fue obtener la libertad condicional de su cliente, que había sufrido un fuerte choque emocional a raíz de su ingreso en la cárcel de Preugesheim. Un intento inicial, a finales de mayo, resultó fallido. La Audiencia del Estado de Hesse, que a mediados de mes había recibido la solicitud del Gobierno español, decidió convertir la prisión preventiva en prisión para la extradición La solicitud de España se fundamentaba en sendos autos dictados, respectivamente, el 30 de abril y el 2 de mayo por los Juzgados Centrales de Instrucción números 4 y 3 de la Audiencia Nacional. El del Juzgado 4 pedía la extradición por presuntas injurias al Jefe del Estado, y el del Juzgado 3, por siete hechos delictivos durante la gestión de RuizMateos al frente de Rumasa. El revés de la libertad condicional animó a Gunter Dórr, siempre de acuerdo con Crispín de Vicente, a reforzar su equipo. Para ello se incorporaron a él los letrados Egon Geis y Norbert Wagener. Geis era- y e s- uno de los principales expertos en extradiciones de Alemania occidental. Wagener, un joven brillante, tuvo el encargo de apurar la vía del asilo político, su especialidad. Los resultados no se hicieron esperar. El 20 de julio se celebró en Francfort la vista oral de la demanda de libertad bajo fianza para Ruiz- Mateos. Y el día 27, éste salía de la prisión, después de dejar en depósito 10 millones de marcos (unos 550 millones de pesetas) A partir de entonces, toda la artillería de Dórr y Geis se dirigió a recabar la documentación necesaria para hacer valer ante la Audiencia de Francfort sus razones contra la extradición. Nobert Wagener, por su parte, solicitó el asilo político ante la Oficina de Zindorf. Las últimas semanas del pasado invierno trajeron dos grandes contrariedades. En febrero, la Oficina de Zindorf denegaba el asiloUn mes másjarde, la Audiencia de Hesse. Siete causas para pedir una extradición El auto dictado el 2 de mayo de 1984 por el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, que entiende el caso Rumasa, atribuía a José Mana Ruiz- Mateos siete supuestos hechos delictivos, en virtud de los cuales se reclamaba la extradición. Son éstos: a) Entre 1977 y 1982, ambos inclusive, las empresas del grupo Rumasa detrajeron de las nóminas de sus empleados unos 5.200 millones de pesetas, en concepto de retenciones a cuenta del IRTP y del IRPF, y no las ingresaron en Hacienda. Igual ocurrió con 5.600 millones retenidos a accionistas y clientes por rendimientos del capital. Y lo mismo con 8.500 millones repercutidos en facturas al amparo del Impuesto sobre el Lujo y el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. b) En 1981, 1982 y 1983, al menos, diversas sociedades de Rumasa, al formalizar y liquidar las partidas debidas a la Seguridad Social, faltaron sistemática y conscientemente a la verdad, reflejando una cifra inferior en 1.010 millones a la real. Eri el momento de la expropiación, Rumasa adeudaba 10.774 millones de pesetas a la Tesorería de la Seguridad Social. c) En los últimos meses de 1982 y primeros de 1983, los Bancos del grupo abrieron cuentas a nombre de empresas ajenas al holding y sin conocimiento de éstas, con el propósito de simular la concesión a ellas de créditos por valor de 1.500 millones. Los préstamos irían a sociedades de Rumasa, pero camuflados para aparentar una desconcentración del riesgo. d) En la misma época, en los citados Bancos, se abrieron cuentas corrientes o practicaron apuntes contables a nombre de personas imaginarias, situando en ellas fondos destinados al pago de intereses extrarreglamentarios por importe de unos 76 millones de pesetas. e) De manera conscientemente programada, se provocaron desajustes en las contabilidades de diversos Bancos con trasvases injustificados de pérdidas y beneficios, lo que produjo perjuicios económicos a los accionistas de algunos por un total no inferior a los 8.000 millones. f) En el balance correspondiente a 1982 se ordenó practicar una revalorización contable, sin justificación objetiva y contrariando los criterios y normas mercantiles, para aparentar un aumento patrimonial de Rumasa, S. A. -sociedad cabecera del grupo- por un importe de 356.000 millones de pesetas. g) A partir de 1980, y por distintos mecanismos, no autorizados por el Estado español, Rumasa logró situar fuera del territorio nacional, divisas y otros elementos patrimoniales por un valor no inferior a los 15.000 millones. Centenares de personas, entre periodistas y curiosos, acudieron ayer a la Audiencia Nacional con motivo de la llegada de RuizMateos. Un cordón policial impedía la entrada dictaba sentencia por la que declaraba admisible la extradición. Era el 29 de marzo de 1985. Según el fallo, caso de ser entregado Ruiz- Mateos a las autoridades españolas, habría de juzgársele sólo por los puntos c y í del auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 de ía Audiencia Nacional, referentes a falsedades en documentos mercantil y falsedad contable. El resto de las acusaciones no entraban dentro de las previsiones del convenio bilateral de extradición. LQS abogados recurrieron ante el Tribunal Constitucional de Karlsruhe, aduciendo defectos de forma en las sentencias de Hesse, que violaban el principio de seguridad jurídica. Sus razones no fueron atendidas, y el 14 de agosto el Tribunal Constitucional confirmó el pronunciamiento judicial del 29 de marzo. Para Ruiz- Mateos podría haber sido el final. En ese momento no había impedimento alguno para que el Gobierno alemán decidiera su extradición. Sin embargo, se abrió un nuevo compás de espera; el Ejecutivo federal quiso esperar a que se resolviera el recurso interpuesto por el empresario español ante el Tribunal Administrativo de Wiesbaden contra la resolución de Zindorf, denegatoria del asilo político. Una vez más, los abogados no convencieron a los jueces. El Tribunal de Wiesbaden no concedió el asilo político el 8 de noviembre, amparándose en similares razones que Zindorf. Un nuevo recurso ante el Tribunal de Kasse, el 27 de noviembre, llegó demasiado tarde.