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DOMINGO 27- 10- 85- DERECHO -ABC, pág. 45 La pensión de jubilación es compatible con un sueldo de la Administración Es inconstitucional la norma que prohibe ambos ingresos La Magistratura número 2 de Orense ha declarado la inconstitucionalidad de la orden ministerial de 10 de diciembre de 1984 en cuanto declara incompatibles el percibo de una pensión de jubilación de la Seguridad Social, cuando se hubiera devengado antes de la entrada en vigor de la ley de Presupuestos del Estado para 1984, con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad retribuida por la Administración Pública. La citada cuestión, cuya trascendencia e importancia social no puede pasar inadvertida, teniendo en cuenta el considerable número de pensionistas que venían percibiendo la prestación de jubilación de cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, y que ahora les ha sido suprimida por tener otra retribución de la Administración, se planteó en un litigio del que acaba de conocer la citada Magistratura. Un médico que compatibilizaba su puesto de la Seguridad Social y en otra institución pública se vio obligado a jubilarse en una de dichas actividades, obteniendo la pensión correspondiente, que venía percibiendo al mismo tiempo que continuaba en el ejercicio del otro puesto. Publicada la ley de Presupuestos para 1984, y, a continuación, la orden ministerial de 10 de diciembre que la desarrolla, por aplicación de lo dispuesto en el artículo cuarto de esta última, se le suspende el pago de aquella pensión de jubilación. Contra ese acuerdo reclama a la Magistratura de Trabajo que resolvió, en su sentencia, estimar la reclamación. ron declarados o reconocidos por una ley anterior, por lo que ni la ley ni los hechos de un tercero pueden perjudicarlos. Doctrina que se yergue firme como uno dé los principales logros del Derecho en aras de la seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad, para atemperar la prepotencia de la Administración en su relación con los administrados. A la luz de la citada doctrina, ha de interpretarse el artículo 52 de la ley de Presupuestos para 1984, al declarar incompatibles las pensiones de jubilación de Seguridad Social y cualquier otra retribución de la Administración Pública, como aplicable únicamente a las situaciones de futuro, pero no a las pensiones de jubilación consolidadas, por ser el derecho causante anterior a la entrada en vigor de la ley. De lo contrario, estaríamos ante una norma inconstitucional por vulnerar el principio de seguridad jurídica que conlleva la irretroactividad de aquellas disposiciones restrictivas de derechos individuales. Y, consecuentemente, resulta ser inconstitucional el artículo cuarto de la citada orden ministerial en cuanto prescribe la incompatibilidad entre pensiones de jubilación y retribuciones, cualquiera que fuese el momento en que aquéllas se hubieren devengado, estableciendo así un principio de retroactividad. La sentencia viene a poner coto, de esta manera, a la arbitrariedad y falta de respeto de que continuamente hace gala la Administración respecto de los derechos adquiridos por los funcionarios y otros colectivos. Y aún diríamos que la misma debe abrir el camino para lo que debe ser la declaración formal por los Tribunales de Justicia de la nulidad de todas aquellas normas que vulneran, desde el ámbito de los derechos laboral y administrativo, los derechos que en su día adquirieron las personas que han pasado varios años de su vida cotizando a la Seguridad Social, y que ahora se ven burlados cuando la Administración les dice que no pueden percibir cantidad alguna. ¿Acaso no significa tal actuación una vulneración de la doctrina civilista que prohibe el enriquecimiento injusto, toda vez que la Administración se ha enriquecido ilícitamente con las cuotas que empresa y trabajadorfuncionario han pagado durante varios años para conseguir la jubilación? ¿No significa también aquella actuación la infracción de la doctrina civil que prohibe la resolución unilateral del contrato por una de las partes, y un incumplimiento de sus deberes por la Administración, cuando legalmente se había obligado a satisfacer dicha pensión? Francisco VALERO MORENO Polémica sobre el tipode Jurado que va a implantarse La Constitución prevé la participación de los ciudadanos españoles en la Administración de Justicia, y la ley orgánica del Poder Judicial obliga a que el Gobierno de la nación presente ante el Parlamento la ley del Jurado antes del 22 de julio de 1986. Sin embargo, la polémica no se ha cerrado: ¿qué tipo de Jurado se prevé? ¿el puro, o el mixto, o el escabinato? Las dos posturas: de que el Jurado esté compuesto por ciudadanos legos en Derecho (Jurado puro anglosajón) y, por otro lado, la que defiende que el Jurado debe ser mixto (escabinato) es decir, con la participación de magistrados y ciudadanos no expertos, son defendidas por Gustavo López Muñoz, presidente de la Asociación Pro Jurado, y Vicente Gimeno Sendra, catedrático de la Universidad de Alicante. López Muñoz ha afirmado recientemente que el escabinato no es Jurado, es otra cosa y abogó por que el legislador configure el Jurado clásico español- e l existente en la República- es decir, el puro, por entender que los ciudadanos con el veredictc f ¡jan la culpabiliada social. Y son los técnicos en Derecho, los jueces, quienes aplican la Ley, que consiste en la tipificación del delito, determinar la pena e incluso la responsabilidad dimanante del delito. Por su parte, Vicente Gimeno Sendra, director del equipo redactor del anteproyecto de la ley del Jurado, propone la instauración de un Jurado mixto o escabinato por entender que conlleva mayor participación popular y porque los magistrados y ciudadanos pueden discutir, por ejemplo, el número de días que el penado estará en prisión La composición del Jurado, según Gimeno Sendra, debe ser de un magistrado por cada tres ciudadanos, y señaló que el Jurado es una institución cara, en la que no puede haber discriminación de ningún tipo y debe asegurar la participación, por sorteo, de las tres generaciones españolas Derechos adquiridos La sentencia parte del examen de la doctrina jurisprudencial de los derechos adquiridos, definibles como aquellos que uno ha ganado y obtenido con anterioridad al hecho o acto que se le opone para impedirle su goce. Se trata de derechos preexistentes que fue- ElTamaral Chalets Adosados 250 m ¡En Régimen de Comunidai PROMUEVE: VÍVÍT. Paseo de la Castellana. 11 V 1 B INFORMACIÓN: 455 33 02- 455 30 61, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 Sábados, domingos y festivos, de 12 a Z, A en El Soto PERIFÉRICOS DE ORDENADOR PARA REPRESENTANTES EXCLUSIVOS ESPAÑA DE: ARMARIOS IGNÍFUGOS PARA LA PROTECCIÓN DE SUS SOPORTES MAGNÉTICOS CORTADORAS- SEPARADORAS DESCALCADORAS Promueve: KIKÍI Soto de la Moraleja EXPOSICIÓN Y VENTAS Orense, 52- Madrid Tels: 455 41 55- 455 42 53 455 40 64- 455 41 45 SÁBADOS MAÑANA TAMBIÉN ABIERTO