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SÁBADO 23- 4- 83- OPINIÓN ABC, pág. 15 LA REPRIVATIZACiOH puestas mantienen las expectativas contradictorias sobre el destino final de las empresas expropiadas. Mientras la finca agraria La Almoraíma (16.OOO hectáreas) ha sido nacionalizada, se desarrollan contactos entre la Administración y grupos privados españoles y extranjeros én orden a reprivatizar Galerías Preciados. Al mismo tiempo el sindicato gubernamental insiste en la necesidad de la nacionalización y la Asociación Española dé Banca reitera su interés en el retorno de este grupo de Bancos al sector privado. La doble intencionalidad que subyacía en la decisión expropiatoria, una disposición coyuntura! y excepcional para unos ministros y una disposición estructural nada excepcional para otros, se concreta hoy, a las ocho semanas de la expropiación dé la abeja, en una abierta pugna en torno al test de la reprivatización de todas o parte de las empresas y Bancos de Rumasa. Cogido entre la demanda nacionalizadora de unos ministros y diputados, y la demanda reprivatizadora de otros min i s t r o s y diputados, el presidente del Gobierno opta por guardar silencio hasta que el debate interno se decante. La discusión no es sólo ideológica, los partidarios de la consolidación estructural de la expropiación, vía el sindicato gubernamental, ponen en marcha, organizándola o encauzándola, toda una reivindicación socializadora desde la base social. Así en estos dos meses cuatro Bancos en c r i s i s (Banca Catalana, Banco de los Pirineos, Banco de Levante y Banco del Descuento) han pedido, ateniéndose a la lógica del agravio comparativo, que el Estado se haga cargo de sus empleos como ha hecho con los sesenta mil puestos de trabajo de Rumasa. Á la vez importantes sectores de UGT dos meses exactos A los dosexpropiación de de la Rumasa noticias contraacarician públicamente la idea de crear, a partir de los dieciocho Bancos expropiados, una versión hispánica de los Bancos sindicales germanos. Esta doble presión, desde arriba y desde abajo, persigue un triple objetivo: político, terminar el cerco sobre lá política de don Miguel Boyer; económico, consolidar al Estado como el primer Banco nacional, y jurídico, a n t i c i p a r s e a la sentencia del Tribunal Constitucional sobré el recurso de inconstitucionalidad creando una situación de hecho respaldada sindicalmente. En síntesis: conformar y confirmar como hegemónica una de las orientaciones presentes en el seno del Gobierno, ya esbozada por su. vicepresidente EL ESTATUTO MEDICO dad de los Colegios Profesionales se ha puesto expresamente de manifiesto, como en ninguna otra ocasión, en el contencioso que el Instituto Nacional de la Salud, mantiene actualmente con los médicos. El acuerdó al que llegó el jueves el Gobierno con UGT ¿qué género, de acuerdos son los suscritos por un partido consigo mismo, entre la parte que gobierna la nación y la parte que administra una fracción del sindicalismo? se dice que permite modificar el Estatuto Médico. ¿Una modificación del Estatuto Médico sin la expresa y previa conformidad de los médicos? Difícil de entender e imposible de admitir, tanto por los médicos. A reticencia oficial, Lloscuando no la hostilidad, a intereses y a la realiGobierno ante la realidad y el pluralismo social que expresa el mundo de los profesionales. Enmarcados entre la utopía igualitaria y la quimera de una construcción política en la que el individuo no tiene otro mediador ante el Estado qué los partidos, ni ante la sociedad, que los sindicatos, los socialistas han tomado su pleito con los médicos como cuestión de estilo y como materia programática. También son notables los incentivos electoralistas con que el Gobierno batalla por el no reconocimiento de los componentes extrasindicales, sólo profesionales, en las demandas de la clase médica. Basta advertir para comprobar este extremo la presentación que hacen del asunto los medios oficiales de difusión y los órganos oficiosos de opinión. A la luz de la citada sentencia del Tribunal Constitucional no entendemos que pueda calificarse la pretensión de los médicos como orientada a un trato discriminatorio respecto del resto del personal adscrito al INSALUD. La peculiaridad de su condición profesional y el trabajo cualitativamente distinto qué prestan en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social reúne características diferencíales que hacen aconsejable, y legítimo por su parte, la elaboración acordé del Estatuto jurídico que reclaman. Se trata menos de obtener del Gobierno un conjunto dé condiciones más favorables que de alcanzar el reconocimiento de un derecho corporativo del que las mejoras y adecuaciones laborales son directa y automática consecuencia. El derecho de los profesionales a asociarse es un derecho concurrente y complementario con el que tienen de sindicarse los otros asalariados del INSALUD. No puede modificarse sin los médicos el Estatuto de los médicos. sR euP Í fkO ¡Al BtA ME HA A A en declaraciones periodísticas, gobernar contra el uño por ciento de lá sociedad en el mes de diciembre, lo que equivaldría a crear un clima dé Guerra entre los bloques sociales. En este contexto el test de la reprivatización es decisivo para el Gobierno, para el PSOE y para el propio sistema democrático. Por eso conviene prestar atención a la resolución dé este crucial dilema: en él se juega la sociedad españolaj suTumbo para cuatro años. que son los profesionales directamente interesados en la cuestión, como, de manera más general, por todos los demás profesionales. Hay que analizar las alusiones del subsecretario del ministerio de Sanidad al posible extremo de que la huelga de los médicos estu viera incursa en supuestos de ineonstitucionalidad, sobre la base de lo establecido por la doctrina del Tri líünal Constitucional en su ya famosa sentencia de 8 de abril de 1981; pero antes importa señalar previamente el fondo ideológico en que se basa la propia posición del