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ABC MADRID 10-07-1982 página 46
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  • EdiciónABC, MADRID
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38 A B C ECONOMÍA La decisión de Economía debe ser ratificada por el Parlamento, según Exteriores SÁBADO 10- 7- 82 Para Comercialización Agraria Transáfrica: Contrato en Perú MADRID. Se ha celebrado en el Instituto de Cooperación Iberoamericano la inauguración del primer curso de técnicos en Comercialización Agraria. Una empresa española, Emex, S. A. de! grupo Transáfrica, tras haber sido la adjudicataria del proyecto Procompra de Comercialización Agraria del Gobierno del Perú y en colaboración con el Ministerio de Agricultura y la empresa nacional MERCORSA, ha promovido un curso para gerentes en Comercialización Agraria que ocuparán la dirección de dicho proyecto en sus diferentes etapas. Este proyecto Procompra supone una actualización de todos los canales comerciales de productos agrarios en el Perú, con incidencia a todos ios niveles sociales y económicos, aportando una nueva visión de progreso al mundo latinoamericano. Asistieron al acto el gerente del FORPPA, Claudio Gandarias, en representación del ministro de Agricultura el presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericano, Manuel de Prado y Colón de Carvajal el embajador de la República del Perú, representado por don Jaime Stiglich, ministro consejero de la Embajada, y Jesús Nieto, director del curso. El presidente del grupo Transáfrica, José Salama, pronunció unas palabras destacando la imp o r t a n c i a de! acto y como preámbulo a la lección inaugural pronunciada por el presidente de la e m p r e s a n a c i o n a l MERCORSA, Luis García García, sobre Comercialización Agraria La convalidación de inversiones de empresas francesas nacionalizadas podría impugnarse MADRID. La convalidación de las inversiones en España de las empresas francesas nacionalizadas podrían ser objeto de impugnación si antes de que el Ministerio de Economía las apruebe no se ratifica en Cortes un tratado al respecto con Francia, según ha declarado a Europa Press Eduardo Sebastián Erice, técnico comercial del Estado en excedencia. En las actuales circunstancias, los antiguos accionistas de los grupos industriales franceses nacionalizados pueden impugnar ante el Tribunal Supremo estas reautorizaciones. Para que estas inversiones puedan ser convalidadas por ei Gobierno se requiere una autorización especial que la ley de inversiones extranjeras en España regula. En concreto, se señala que las autorizaciones para invertir en España, a favor de personas jurídicas privadas extranjeras, caducarán en caso de que la persona jurídica autorizada sea objeto de nacionalización en su país, salvo que sea de aplicación lo dispuesto y que dice, en otra parte de este texto legal, que los Gobiernos y todas aquellas entidades oficiales de soberanía extranjeras necesitarán autorización especial para poder realizar inversiones de capital extranjero en España. El Gobierno- -dice la Ley- podrá conceder dicha autorización cuando exista régimen de reciprocidad diplomática o no suponga la participación extranjera un control efectivo de la empresa o sociedad española Esta reciprocidad, según ha informado Asuntos Exteriores a Economía y Comercio, no existe, y en este sentido el primero de los Ministerios citados señala que la reciprocidad diplomática exige la ratificación de un tratado bilateral o multilateral que incluya a ambos países, por el que se regule el derecho recíproco a invertir un país en el otro, con participaciones mayoritarias de capital público. No obstante, fuentes del Ministerio de Economía y Comercio han manifestado a Europa Press que la reatorización de esas inversiones francesas sólo está pendiente de algunos requisitos formales, y que los reales decretos serán publicados por el Boletín Oficial del Estado en la segunda quincena de este mes, punto criticado por Eduardo Sebastián Erice y que hemos señalado anteriormente. Según los datos facilitados por la vicepresidencia económica del Gobierno, los principales grupos franceses nacionalizados (Saint Gobain, Thomson Brandt, Rhone Poulec, Pechiney y la Compañía General de Electricidad, poseen en España una red de un centenar de empresas censadas y con unas ventas en 1981 estimadas en 150.000 a 160.000 millones de pesetas, un activo conjunto de alrededor de 250.000 millones tomo a los 28.000 malones de pesetas. Si a esta cantidad se le suman las reservas, eJ capital puede alcanzar los 90.000 millones de pesetas. En España estas empresas dan empleo a cerca de 40.000 trabajadores. Con fecha 11 de marzo, el Ministerio de Economía y Comercio envió a las empresas afectadas un cuestionario para cumplir, según se dice en el escrito de presentación, con la legislación española. Uno de ellos, y es de suponer que será general para todas las sociedades de las características mencionadas, y al que ha tenido acceso A B C requiere, entre otras cosas, datos sobre las ampliaciones de capital (fechas, cuantía, forma de aportación) balance detallado a! 31 de diciembre del pasado año; datos generales (empleo, ventas, financiación) de los dos últimos ejercicios; actuaciones en España, y datos de la casa matriz. EMPRESAS AFECTADAS- -Saint Gobain: P o s e e capital social de unos 10.000 millones de pesetas, y sus ventas en 1981 representaron alrededor de 50.000 millones. Da empleo a más de 10.000 personas. Controla mayorrtariamente Cristalería Española, Vidrieras Españolas y Celulosas del Nervión. -Pechiney: Participa en el sector del aluminio a través de su presencia en Aluminio Español y Aluminio de Galicia, Grafitos Eléctricos del Noroeste y Unión Química de Halógenos. El capital social de sus filiales españolas se eleva a unos 15.000 millones de pesetas y sus ventas a 40.000. Controla unos 8.000 puestos de trabajo. -Thomson Brandt: Controla Metal Mazda, Componentes Electrónicos y Thomson Brandt Española, con un capital social de 3.000 millones y alrededor de 3.000 puestos de trabajo. -Rhone Poulec: Posee participación en Fibras Artificiales, Río Ródano, Rhone Poulec Farmacia y Química, Insecticidas Cóndor y otras empresas. Su volumen de negocio es de 35.000 millones de pesetas y el empleo de 4.000 puestos de trabajo, según los datos facilitados por Europa Press. Carlos Ferrer: La rentabilidad no depende de tamaño, Nuevo presidente de la Caja de Ahorros de Barcelona BARCELONA. José Juan P nto Ruiz, hasta ahora secretario del Consejo de Administración, fue designado ayer presidente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona por el Consejo de Administración de la misma. Pinto Ruiz sucede a Eusebio Díaz- Morera, recientemente nombrado presidente ejecutivo de Banca Catalana. La Caja de Barcelona es la undécima financiera española, con un pasivo de 260.000 millones de pesetas y ocupa el tercer lugar de las Cajas españolas. Pinto Ruiz tiene cincuenta y cinco años, es decano del Colegio de Abogados de Barcelona desde primeros de 1978, y su mandato termina dentro de unos meses. Estudió Derecho en Barcelona y se doctoró en Derecho Civil, especializándose de modo particular en el Derecho Civil Catalán. El Banco de Europa aumenta su beneficio en un 18 por 100 MADRID (F. O. Carlos Ferrer Salat, en su calidad de presidente del Banco de Europa, mantuvo ayer una reunión informativa para presentar los resultados de esta entidad bancaria, nacida en 1973, en Barcelona, y que ha cerrado el ejercicio de 1981 con 14 000 millones de recursos ajenos y un beneficio de 130,5 millones de pesetas; un 18 por 100 más que en 1980. Tanto Ferrer Salat como el c o n s e j e r o- d e l e g a d o Gómez Vigo, subrayaron el carácter netamente comercial del Banco al rnargen de participaciones industriales, así como su afán de primar ante todo lá seguridad y prudencia tanto en las operaciones de activo como en las de pasivo. Destacaron igualmente la profesionalidad de su plantilla -269 empleados- -y su tradicional política de mantener una liquidez destacada, mostrándose a lo largo del ejercicio como entidad suministradora de fondos al mercado interbancario. La Memoria publica lá auditoría realizada por Arthür Andersen. El presidente puso especial énfasis en destacar la eficiencia antes que el tamaño de la Banca y la vocación del Banco de Europa por conocer pormenorizadamente las necesidades de sus clientes. Señaló a este respecto el elevado número de Bancos en otros países, mostrándose contrario- a la concentración. Defendió la diversidad bancaria como fórmula apta para afrontar la crisis. Los recursos propios alcanzan 2.252 millones de pesetas, lo que representa un coeficiente de garantía doble del exigido legalmente. El saldo de la cartera comercial era de 6.000 millones de pesetas al finalizar 1981 y el total de efectos y créditos concedidos ascendía a 10.500 millones, con una distribución del riesgo muy amplia, tanto en cuantía como por sectores. y un capital social que está en

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