MADRID, VIERNES 19 DE FEBRERO DE 1982
Ante el proceso
C u a n t o m a y o r s e a el clima emocional que se cree en tomo a los juicios de los Tribunales que deben sentenciar sobre hechos dehctivos, mayor tiene que ser la circunspección de los periódicos. Esta norma de conducta, que ha de ser habitual en la Prensa, ha de llevarse a su extremo cuando se trate de procesos por actos como los del 23 de febrero, que perturbaron a toda la sociedad. Un régfimen constitucional como el nuestro no admite más límites a la Ubertad de expresión que los señalados en la propia Constitución. Pero la hbertad de información sobre los hechos y la übertad de opinión sobre su signifícado no deben ser utilizados como pretexto para s e m b r a r la confusión pública, para desvirtuar la naturaleza del proceso ni para coartar la libertad decisoria del Tribunal. Desgraciadamente, no son estas normas periodísticas las que hasta ahora predominan en tomo al juicio que se abre hoy. Respetamos siempre las opiniones ajenas, a u n en caso de discrepancia total. Tampoco es buena, en este caso, la polémica con determinados periódicos que, por razones ideológricas opuestas a las de aquellas opiniones, están cometiendo los mismos errores en ciianto a la falta de serenidad en sus posiciones. ABC confía en que el juicio sobre los hechos del 23 de febrero versará exclxisivamente sobre tales hechos. No tiene fundamento en la realidad, a u n q u e desde luego, lo tenga en las intenciones de linos y en las imaginaciones de otros, la interesada opinión de que la jurisdicción militar que juzga el 23 de febrero puede transformarse en una jurispiedra de toque de todo el proceso de la transición dem o c r á t i c a e s p a ñ o l a es decir, no la piedra de toque del proceso sobre el 23 de febrero, y que los jueces deben entender en este mensaje que, al jiizgar los hechos del 23 de febrero, han de tener en cuenta las consecuencias que su s e n t e n c i a vaya a tener, positivas o negativas, sobre la transición democrática de España. En deñnitiva, que calculen las consecuencias de la sentencia sobre cosa distinta a la cosa juzgada, lo cual no deja de ser, a la vez que una coacción moral, una monstruosidad jurídica. ¿Quiénes están prejuzgando el juicio y condicionando la Ubertad sentenciadora del Tribunal? Los que anticipan el veredicto de los jueces pidiendo una sentencia conciliadora y oportvma y aquellos otros que, por el contrario, adelantan su recusación de una sentencia que les pareciera ridicula, que no reflejara una normativa penal de severos castigos: de una sentencia que, a su juicio, pudiera albergar sombra de componenda o trasluciera luia debiUdad del Poder emboscado tras la sombra de la benevolencia. En ese caso, sostienen hteralmente esos anticipadores, el Tribunal sentenciador habrá minado la estabilidad del propio régimen y de la Monarquía. Lo que puede minar el sistema democrático no es, a juicio de ABC, la próxima sentencia del Tribunal que juzgará el asalto al Parlamento, sino la irresponsabihdad de unos órganos de información y opinión que lanzan mensajes y utilizan tesis como las que hemos reproducido.
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dicción política contra la Monarquía constitucional. Es grave que esta falsa opinión haya sido repetida casi diariamente desde órganos informativos que tratan de aminorar o retardar las consecuencias jurídicas del asalto al Parlamento. Pero, en todo caso, no más grave que la de aquellos otros que pretenden acelerar y agravar esas consecuencias. La confusión de la opinión púbUca en esta materia es visible y está en la calle. Y esa confusión sólo puede combatirse s u b r a y a n d o lo que, siendo elemental, es a su vez real, y dejando las especulaciones y fantasías a las t e r t u l i a s particulares. Con este criterio como guía, ABC tiene el deber informativo y la necesidad de esclarecer el origen de la confusión, analizando las fuentes de donde manan los intentos de desvirtuar el alcance y significado del proceso, para señalar de dónde parten y cómo se constituyen las presiones contra la independencia del Tribimal. ¿Quiénes desvirtúan? Quienes sostienen que el propósito de los encaiisados no era otro que salvar la Monarquía, encauzar la democracia y acabar con las a u t o n o m í a s y el t e r r o rismo ¿Quiénes desvirtúan igualmente? Aquellos otros que reclaman u n acuerdo entre los profesionales de la
información sobre la manera más conveniente de tratar el jmcio, a fin de que este proceso penal por rebeüón mihtar no sea transformado en un juicio político contra la Monarquía y las Fuerzas Armadas. La primera opinión está basada en un enfoque parcial y manipulador de unos hechos que la imagen televisiva permitió contemplar a todo el país. La segunda está basada en la afirmación de que los p r o f e s i o n a l e s del p e r i o dismo, puestos de acuerdo, pueden evitar que el proceso sea transformado en un juicio contra una institución que está muy por encima de los pactos entre periodistas, tesis que, para no ser absiu- da, tendría que fundarse en el supuesto de que son los profesionales de la información los q u e p u e d e n t r a n s f o r m a r ese p r o c e s o penal en el temido o deseado juicio pohtico. Lo cual deja de ser algo elemental para convertirse en una especulación fantástica. ¿Quiénes coaccionan la libertad y la independencia del Tribunal militar? Los que sostienen sistemáticamente desde u n periódico que los encausados sólo trataron de poner fin a un estado de disolución con el mínimo daño a la legalidad. O aquellos que, en su mensaje, más sutil que el otro, aseguran que el juicio va a ser la
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