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ABC MADRID 10-11-1978 página 18
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ABC MADRID 10-11-1978 página 18

  • EdiciónABC, MADRID
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ABO. V I E R N E S 10 DE NOVIEMBRE DE 1978. PAG. 2. ABC DiEECTon: Guillermo LUCA DE TENA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE REDACCIÓN: Pedro de LORENZO SUBDIRECTORES: Miguel TORRES GIL del REAL Santiago ARBOS BALLÉSTÉ Carlos MENDO BAOS TELEFONOS. -Redacción y Talleres; 2251710 y 2759408. Administración: 2255020. Apartado 43 Editor: PRENSA ESPAÑOLA, S. A. EL DEBATE DEL ORDEN PUBLICO El Pleno del Congreso sobre el orden público ha producido ya, al menos, una plausible consecuencia: una resolución, respaldada por todos los grupos parlamentarios- -salvo en la acostumbrada actitud dubitativa inicial del R. N. V. en la que el Congreso insta al Gobierno a adoptar dentro de la ley todas las medidas necesarias para aislar y erradicar el terrorismo para un urgente desarrolla de la ley de Policía y para una efectiva utilización de la! ey sobre delitos cometidos por bandas armadas Las repetidas demandas del líder de Alianza Popular, para la celebración de este Pleno, logran, a la vista de la resolución del Congreso, no pequeña justificación. El gravísimo problema del orden público- -cuyo renglón principa! pero no ajeno ni distinto, es e! terrorismo, por mucha sutil dialéctica que derroche el ministro del Interior para separarlos- -parece haber unido a todos los partidos, sin necesidad de premeditado consenso, en el responsable y cívico propósito de asegurar dentro de la ley el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la paz pública Tan solemnes palabras, tan serios conceptos, implican un reconocimiento que priva de base, o que la debilita extraordinariamente, a más de la mitad de! a argumentación contenida en el prolijo y poco contundente discurso del señor Martín Villa; implican el reconocimiento de su pérdida actual, de que son hoy ambas, la seguridad ciudadana y la paz pública, valores muy deteriorados, bienes relativos e inciertos. La íntegra lectura del discurso del señor Fraga Iribarne no permite ningún reproche f u s t o de catastrofismo: los hechos ilegales, los asesinatos y crímenes que se recopilan y se recuerdan en su texto, han ocurrido. Están publicados en las páginas y en las esquelas de los periódicos. Aplicarles módulos estadísticos para desdramatizarlos, para disminuir su gravedad evidente, para distorsionar su impacto público depresivo, podrá ser una obligada, y fría desde luego, táctica de defensa política, pero- no refleja una política a la cual no se deban dirigir las más enérgicas acusaciones, las críticas más directas y duras. No se detiene ni se complace en ellas, el discurso del señor Fraga; oración normal- -nada apocalíptica- -de un político que habla en un Congreso democrático desde la oposición. Naturalmente, denuncia; naturalmente, acusa; naturalmente, expone la teoría de su partido sobre el orden publico y los principios de su establecimiento y conservación. Y. naturalmente, en fin, no cita Impávido, como el ministro del Interior, una encuesta de un centro de investigaciones sociológicas según la cual la opinión pública considera, boy por hoy, que España no tiene problema grave de orden público, sino el normal problema de una sociedad en crecimiento en la que inciden graves cuestiones que fomentan una delincuencia de orden menor (Desconocemos de qué opinión pública se trata y quiénes la representaron. Lo más interesante en e! discurso gubernamental del señor Martín Villa fue la exposición de ocho puntos de táctica para hacer frente al terrorismo. Todos ellos relativos a medidas de reforzamiento de los medios técnicos necesarios a las fuerzas policiales; a actuaciones especiales en el País Vasco; a! aumento de plantillas, etcétera. Pero su actuación política más valiosa, en el debate, fue, sin duda, la negativa, en réplica al señor Mújica Herzog, a conceder competencias en el orden público a la Comisión interior del Congreso. También esta consecuencia del debate, aparentemente mínima pero importante, debe anotarse c o m o resultado positivo. Si usted tiene y na parcela veaenParqyedel Conde de Ór ai, bs 1 chalets vtunihter. s, t. Juan Bravo, 1 Madrid- 6 Telefones: 401 74 62 276 93 78 Aquí sí ha dejado establecida perfectamente, el señor Martín Villa, una diferencia de pura raíz democrática, que siempre debe mantenerse, entre los pod e r e s legislativo, ejecutivo y judicial. Existen no pocas razones para pensar, en este tema, que intromisiones o excesos de intervención de las competencias legislativas- -área donde se mueven los partidos políticos- en las competencias ejecutivas- -área donde se producen las decisiones del Gobierno- no han sido ajenos, precisamente, a la rápida progresión del terrorismo y del desorden. Poco centradas en el asunto principal del debate, el resto de las intervenciones, poco o nada concretas en la exposición de soluciones prácticas, el P. N. V. ha propuesto quince puntos cuyo contenido, más que definir una política contra el terrorismo, define una serie de demandas de autonomía- ¡incluida la descentralización progresiva de Televisión Española -que, naturalmente, no se votaron. Y que, bien pensadas, no permiten tampoco, tal y como están las cosas, esperar que aminoren o anulen el terrorismo cuando se apliquen. Ni la lucha contra el terrorismo, ni el restablecimiento del orden público y de la seguridad ciudadana, con la consiguiente recuperación de la paz social, son problemas que se puedan resolver a escala de políticas regionales o autonómicas. Son problemas para resolverlos a la máxima escala de una coherente, adecuada y firme política nacional. Son problemas de! Estado español. Son problemas de España. Entenderlo así, como parece haberlo entendido la resolución del Congreso, es el más esperanzador resultado del debate sobre el orden público. El propósito de la resolución debe mantenerse, desde ahora, sin modificación y sin desmayo. ¡No se diga, sin defecciones! La responsabilidad directa es del Gobierno, pero el debate ha dejado muy clara también la responsabilidad de apoyo y de cooperación que tienen los partidos políticos en ia lucha contra el terrorismo, en la afirmación de la autoridad y en la restauración del prestigio público a que son acreedoras las Fuerzas del Orden Público, en cualquier democracia verdadera, sólida y digna.

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