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HACIA UNA EFICAZ VIGILANCIA DE COSTAS L A Ley Orgánica establece que al Estado incumbe el ejercicio de la soberanía a través de los árganos adecuados a los fines que han de cumplir. El ejercicio de lá Soberanía en las aguas jurisdiccionales- -mar territorial y zona contigua- -es una de las misiones de la Armada. Tiene por objeto hacer cumplir en ellas las leyes nacionales e internacionales y velar por el cumplimiento de l o s acuerdos establecidos en convenios internacionales o bilaterales con otras naciones. Es frecuente la extralimitación de otros países en el ejercicio de sus derechos, al extender su acción a aguas internacionales o zonas incluidas en convenios particulares, con grave perjuicio de los intereses legales de los buques españoles. La protección y defensa de estos intereses es también misión de la Armada. El ejercicio de la soberanía y la defensa de los derechos españoles en aguas extraterritoriales imponen unos deberes que es preciso apreciar en su exacto valor. Las tareas que ello lleva consigo consisten en: -Defender los intereses públicos y privados en nuestras aguas, protegidos por la legislación vigente. -Reprimir trabajos clandestinos q u e puedan amenazar la Seguridad Nacional. -Contribuir a la represión del contrabando. -Velar por el respeto de las norma el Derecho Internacional. -Proteger nuestra riqueza pesquera. En lo que a la pesca se refiere, nuestro litoral proporciona el treinta y cinco por ciento de las capturas, cuyo valor se cifra en más de veintisiete mil millones de pesetas. De la pesca viven unos cien mil tripulantes de la Ilota pesquera y unos veinte mil productores que trabajan en industrias derivadas. Es preciso defender esta. fuente, de riqueza contra el empleo de medios ilegales por nacionales o extranjeros, lo que desgraciadamente ocurre con frecuencia, ya que de lo contrario pueden llegar a esquilmarla e incluso extinguirla si no se toman severas medidas. La posible explotación del subsuelo de la plataforma continental, que puede ser motivo de grandes controversias de intereses y que está dando lugar a nuevas normas en el campo del Derecho Internacional y Marítimo, exige velar por los intereses que nos correspondan. Las infracciones en materia de pesca, así como en exploraciones geológicas, océanográficas, hidrográficas y de otra índole, no pueden evitarse si no se dispone de los medios adecuados. Los convenios internacionales sobre la seguridad de la vida. humana en la mar obligan a cooperar en el salvamento de náufragos, prestación de auxilios por accidentes de mar, eliminación por destrucción de obstáculos a la navegación, prestación de auxilio sanitario en la mar, etcétera. El evitar la emigración e inmigración clandestina, la introducción o evasión de agentes subversivos, el contrabando, el uso del derecho de paso por nuestras aguas a fines de actividades de espionaje en beneficio de otras potencias, exige nuestra presencia y vigilancia. Actualmente, el tránsito de petroleros por nuestras aguas- -unos mil doscientos mOlones de toneladas anuales- -i m p o n e mantener un control para impedir las mareas negras tan perniciosas para nuestros viveros- de pesca y playas de zonas turísticas. La extensión de nuestras aguas jurisdiccionales y fiscales, sin contar rías, estuarios y ensenadas, alcanza una superficie de unas cuarenta y dos mil millas cuadradas. Para cumplir todas estas misiones son necesarios unos medios adecuados, que tradicionalmente eran los llamados guardacostas y patrulleros concebidos específicamente para estos fines. La utilización de otras unidades de la Fuerza Naval proyectadas expresamente para misiones de guerra no es rentable y va en detrimento de su preparación y utilización militar. No obstante, en determinadas ocasiones se utilizan, esporádicamente, buques de guerra en tránsito, principalmente en los casos en que la intervención puede acarrear graves consecuencias para los intereses nacionales. En la actualidad, los buques y embarcaciones afectos a la vigilancia de costas son tan pocos y tan anticuados que, prácticamente, se pueden considerar ineficaces e inadecuados para desempeñar con éxito su cometido. Al comparar sus características con las de las modernas unidades mercantes, con las de los actuales pesqueros y con las de lanchas especialmente dedicadas a vulnerar la legislación fiscal y a la emigración e inmigración clandestina, se pone en evidencia su incapacidad. La causa principal de esta situación reside en la escasez presupuestaria de Marina, que ha obligado a atender las nece- sidades más perentorias de renovación y sostenimiento de la Flota posponiendo la actualización de la vigilancia de costas, hasta el momento en que un presupuesto más favorable lo permita. Sin embargo, la resolución del problema es acuciante si se quiere mantener con un sentido realista el ejercicio de nuestra soberanía, y a tal fin el Estado Mayor de la Armada ha estudiado distintas soluciones, no sólo en lo que a las necesidades mínimas de material se refiere, sino también respecto a la estructura más adecuada que debe tener el servicio de vigilancia de cestas, llegando a la conclusión de que lo más económico es seguir aprovechando la actual estructura de la Marinar- con sus Departamentos Marítimos y Bases, Comandancias y Ayudantías de Marina, que subdividen suficientemente el litoral en grandes regiones marítimas, zonas y subzonas de responsabilidad y organización costera adecuada para su empleo operativo y apoyo logístico. En cuanto a los medios, es necesario renovar casi completamente los actuales, estimándose que con la utilización de un pequeño número de helicópteros, que por sus características pueden realizar más profundas y rápidas exploraciones, el número necesario- de unidades de superficiese reduciría enormemente. Los tipos de buques que normalmente se utilizan como patrulleros son de dos clases: unos, de alta mar, cuyo tonelaje oscila entre las doscientas y las mil toneladas, dotados en este último caso con plataforma para el empleo de helicópteros, y, otros, clasificados como ligeros, de unas cien toneladas y alta velocidad. La inversión para llevar a cabo su renovación con el mínimo indispensable de medios no alcanzaría ni el C, 7 por ciento del programa de inversiones de capital del II Plan de Desarrollo. A la vista de la importancia que para nuestra economía y prestigio tiene la resolución del problema planteado, es preciso acometer su urgente solución, que tanto redundaría en beneficio del país. Capitán de Navio DELGADO MANZANARES