Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
LAS NORMAS. I. N. L. E. UNA ESPECIE DE CONVENIO COLECTIVO ENTRE AUTORES Y EDITORES Por Ángel María de LERA M UCHAS veces hemos apuntado desde estas páginas al vacío que se advierte en nuestra legislación por lo que se refiere a las relaciones contractuales entre autor y editor. Tengo a la vista unas notas tomadas de la obra del maestro en Derecho recientemente desaparecido, don José Castán Tobsñas, en las que dice: A pesar del uso frecuente que se hace de este contrato, carece de reglas preceptivas en el derecho patrio, pues sólo se refieren a él, de un modo incidental, las disposiciones contenidas en los artículos 6 y 32 de la Ley de Propiedad Intelectual del 10 de enero de 1879 y en el noveno del Reglamento del tres de septiembre de 1880. T más adelante lo estima como contrato atípico Si añadimos a esta vaguedad e incertidumbre sobre la naturaleza jurídica d e l contrato de edición las profundas y complejas innovaciones que se han sucedido en el campo editorial, la transcendencia social y económica que ha adquirido el libro en nuestros días y la confluencia de nuevos y revolucionarlos instrumentos de comunicación, se comprenderá fácilmente en que estado nebuloso y primario se encuentran, desde el punto de vista jurídico, los derechos de propiedad intelectual. Realmente, al carecerse de normas concretas, específicas e, incluso, de analogías aplicables, se ha procedido consuetudinariamente, con arreglo a costumbres y fórmulas inmemoriales. Se imponía, pues, la necesidad de poner un poco de orden en este delicado entrecruce de derechos y obligaciones que, por la orfandad legal que padecía, ha dado lugar a tantas situaciones injustas; de actualizar una normativa anacrónica, incapaz ya de servir de cauce a un conjunto de relaciones cada vez más complejas, derivadas de la evolución natural de la sociedad. Consciente de ello, el Instituto Nacional del Libro Español (INJUE. promovió en su seno una comisión compuesta de autores y editores encargada de formular una serie de principios y preceptos que viniera a salvar las lagunas ae nuestra legislación. Fruto de esa iniciativa fue el cuerpo de Recomendaciones para la redacción de los contratos de edición del I. N. L. E. que ha regido por espacio de tres años- -hasta el pasado mes de junio- -entre las partes interesadas y que supuso, sin duda alguna, un paso decisivo en el camino de la regulación de estas relaciones. Al expirar su plazo de vigencia, ya que dichas Recomendaciones habían sido concebidas y puestas en práctica con carácter provisional y a modo de ensayo, no podía volverse a la situación anterior a ellas, que, a estas alturas, resultaría mucho más caótica aún. Por eso, el I. N. L. E. convocó nuevamente una comisión de autores y editores que procediese a revisarlas a la luz de las experiencias de estos últimos tres años. El trabajo de esta segunda comisión, discutido ya y aprobado por los órganos rectores del I. N. L. E. lleva por título Normas para la redacción de los contratos de edición y entrarán en vigor Inmediatamente. Ya no se trata de Recomendaciones sino de Normas y en su preámbulo se dice: El I. N. L. E. por lo tanto, establece las normas que a continuación se enumeran para todos los contratos de edición al que las mismas se refieren, establecidos entre los editores sometidos a su jurisdicción y los autores de libros, y con carácter obligatorio para todos sus asociados. Nada de consejos, pues, sino de pre- f i ceptos obligatorios, deri v a d o s de un compromiso formal entre autores y editores- -una especie de convenio colectivo- cuyo riguroso cumplimiento garantiza el I. N. L. E. Hoy sólo quiero comentar b r e v e mente algunas de las novedades más sobresalientes que ofrecen estas Normas En primer lugar, y ello significa un progreso sustancial en la tipificación del contrato de edición, se establece: El contrato de edición, a los efectos de las presentes normas, es un convenio mediante el cual el autor de una obra (o sus derechohabientes o representantes) estipula con la persona natural o jurídica que tiene a su cargo la multiplicación y difusión de dicha obra, las condiciones a que ambos se sujetan en orden a compartir el riesgo de la edición. Supone en todo caso una distribución de los resultados de la venta de la obra contratada, de acuerdo con la participación que corresponde al autor y que el contrato fija. El autor, en consecuencia, no transfiere mediante ese contrato el derecho de propiedad intelectual sobre la obra por él creada, sino únicamente la licencia de explotación o la autorización para que el editor la reproduzca, multiplique y ponga a la venta un determinado número de ejemplares de ella. El punto segundo de la norma primera determina: Todo derecho no pactado en un contrato de edición ha de entenderse reservado a favor del autor. Esto, que parece una perogrullada, y que lo es desde el punto de vista de los principios generales de derecho, no lo es, sin embargo, habida cuenta de la forma en que algunos editores interpretan los contratos de edición. Estos editores se atribulan todos los derechos sobre la obra contratada, estuvieran pactados o no. Una interpretación en tal grado extensiva y abusiva ha provocado últimamente serios conflictos entre autores y editores. Por ejemplo, hasta hace dos o tres años, en los contratos de edición de obras literarias no se mencionaban los derechos de libro de bolsillo o de círculo de lectores y no porque no existiesen ya esas modalidades de edición, sino porque los editores no les concedían importancia. Pero he aquí que, de pronto, esos tipos de edición se colocan a la cabeza de los demás y es entonces cuando los mismos editores, que no habían previsto tal eventualidad, o la habían menospreciado, tratan de impedir que los autores hagan uso de esos derechos no trabados en los contratos suscritos con ellos. Ya sé que es una pretensión insostenible, pero podría citar casos en que esa pretensión se esgrime conminatoriamente, coaccionando al autor e interponiéndose entre él y aquellos otros lo de lectores dispuestos a adquirir en forma legítima tales derechos. Naturalmente había que cortar de raíz semejante arbitrariedad, y para eso se ha dictado la norma que comentamos. De ahora en adelante ya no cabrá ninguna duda acerca de la razón que asiste a los autores de disponer libremente de los derechos de libro de bolsillo de círculo de lectores y de otros no cedidos explícitamente en contrato anterior. Otro punto destacable es aquel en que se establece que en todo contrato de edición es obligatorio consignar un plazo de vigencia para el mismo y que, en caso de omisión, se entiende que no podrá exceder de quince años. Yo opino que es excesivo, que un plazo de diez años es más que suficiente para la explotación de una obra literaria, pero por lo menos ya no queda tan importante condición al arbitrio de una de las partes- -el editor- como venía sucediendo hasta ahora. Ángel María de LERA