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A B (V VIERNES ti Í 6 í; fe A d TÓ? BE JÍ 9531 EDICIÓN bfe LA M M SáXi. 13 estipulado entré la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941. Art. VIII. -Continuara subsistiendo en Ciudad Real el Priorato Nttllius de las Ordenes Militares. Para el nombramiento del obispo prior se aplicarán las normas a que se refiere fel artículo anterior. Art. IX. -r. A fin de evitar, en lo posible, que las diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias civiles, las altas partes contratantes procederán, de común acuerdo, a. una revisión dé las circunscripciones diocesanas. Asimismo, la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno español, topará las oportunas disposiciones para eliminar los enclaves. Ninguna parte del territorio español o de soberanía de España dependerá de obispo cuya sede se- encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna diócesis española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera, con excepción del Principado de Andorra, que continuará perteneciendo a la diócesis de Urgel. 2. Para la erección de una nueva diócesis o provincia eclesiástica y para otros cambios de circunscripciones diocesanas que pudieran juzgarse necesarios, la Sante Sede se pondrá previamente de acuerdo con el Gobierno español, salvo si se tratase de mínimas rectificaciones de territorio reclaniadas por el bien de las almas. 3- El Estado español se compromete a proveer a las necesidades económicas de las diócesis que en el futuro se erijan, aumentando adecuadamente la dotación establecida en el artículo XIX. El Estado, además, por sí o por medio de las Corporaciones locales interesadas, contribuirá con una subvención extraordinaria a los gastos iniciales de organización de las nuevas diócesis; en particular subvencionará la construcción de las inuevas catedrales y de los edificios destinados a residencia del prelado, oficinas 3 e la Curia y. Seminarios diocesanos. Art. X. -En la provisión de los beneficios no consistoriales se seguirán aplicándolas disposiciones del Acuerdo esti- pulado el 16 de julio de 1946 Art. XI. -I. Xa Autoridad eclesiástica podrá libremente erigir nuevas parroquias y modificar los límites de las ya existentes. Cuando estas medidas impliquen un aumento de contribución económica del Estado, la Autoridad eclesiástica habrá de ponerse de acuerda con la competente autoridad del Estado, por lo que se refie re a dicha contribución. 2. Si 5 a Autoridad eclesiástica considera oportuno agrupar, de modo provisional o definitivo, varias parroquias, bie s ea confiándolas a un solo párroco, asistido de tino o varios coadjutores, bien reuniendo en un solo presbiterio a varios sacerdotes, el Estado mantendrá inalteradas las dotaciones asignadas a dichas parroquias. Las dotaciones para las parroquias que estén vacantes no pueden ser distintas de las dotaciones para las parroquias que estén provistas, Art. XII. -La Santa Sede y el Gobierno español regularán, en Acuerdo aparta y lo antes posible, cuanto se, refiere al régimen de capellanías y fundaciones pías en España. Art. XIII: -1. En consideración a los vínculos de piedad y devoción que han unido, a la nación española con la Patriarcal Basílica de Santa María la Mayor, la Santa Sede confirma los tradicionales privilegios honoríficos y las otras disposiciones en favor de. España contenidos en la Bula Hispaniorum fUelitas, del 5 de agosto de 1953. El RESTABLECIMIENTO DEL TRIBUNAL DE LA ROTA CONSAGRA UNA GRACIA SINGULAR CONCEDIDA A ESPAÑA Ninguna otra nación goza de ese privilegio pontificio El artículo XXV del nuevo Concor dato, al reasumir en su párrafo l. el Motu Proprio Pontificio de 1947, que restablecía el Tribunal de la Rota de, la Nunciatura Apostólica en España, consagra de modo solemne una gracia singularísima no concedida en todo el mundo a ninguna otra nación. Ya desde el siglo xvi, el nuncio apostólico en España gozaba, por concesión de los Sumos Pontífices, el privilegio singular de autorizar y decidir las causas eclesiásticas, 1 este Tribunal, per? feccionado por Clemente XIV en 1771, recibió, a partir de entonces, el nom bre de Rota de la Nunciatura. Sólo la lamentable perturbación de la vida, pública que tuvo lugar pocos años ha según palabras del Pontífice, causó, roto el solemne convenio con la Santa Sede y negado el carácter sacramental del matrimonio, la desaparición de hecho de la Rota, suprimida bien pronto por decreto de Pío XI en 1 2. Nada podía exigir España en orden al restablecimiento de su Tribunal, único en el mundo, porque los privilegios no dependen de la voluntad del privilegiado. Por ello, es altamente significativo, que la Santa Sede se haya decidido a constituir nuevamente la Rota española, porque este hecho proclama que reparados aquellos agravios que motivaron su supresión, la nación española, continúa su historia católica. 2. La Santa Sede concede que el español sea uno de los idiomas admitidos para tratar las causas de beatificación y canonización en la Sagrada Congregación de Ritos. Art. XIV. -Los clérigos los religiosos no están obligados a asumir cargos públicos o funciones que, según las normas del Derecho Canónico, sean incompatibles con su estado. Para ocupar empleos o cargos públicos njcesitárán el Nihil Obstat de su Ordinario 1 propio y el del Ordinario del lugar donde hubieren de desempeñar su actividad. Revocado el Nihil Obstat no podrán continuar ejerciéndolos. Art. XV. -Las clérigos y religiosos, ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar, conforme a los cánones 121 y 614 del Código dé Derecho Canónico. MALLORCA Excursiones, martes y viernes, visitándose S O L L E R FORMENTOR, CUEVAS DEL DRACH y DELS HAMS. Precios, todo comprendido: Lujo: 2.880- -Primera: 2.245- Segunda: 1.745 ptas. VIAJES IBERIA, S. A. JOSÉ ANTONIO, 57- TEL. 22 82 57 PIDA UN FOLLETO Al respecto, continúa en vigor lo convenido entre las Altas Partes contratantes, en el Acuerdo de 5 de Agosto de 1950 sobre jurisdicción castrense. Art. XVI. -1. Los prelados de quienes habla el párrafo 2 del canon 120 del Código de Derecho Canónico no podrán ser emplazados ante un juez laico sin que se haya obtenido previamente la necesaria licencia de la Santa Sede. 2. La Santa Sede consiente en que las causas contenciosas sobre bienes o derechos temporales en las cuales fueren demandados clérigos o religiosos sean tramitadas ante los Tribunales del Estado, previa notificación al ordinario del lugar en que se instruye el propeso, al cual deberán también ser comunicadas en su día las correspondientes sentencias o decisioneá. 3 El Estado reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en aquellos delitos que exclusivamente violan una Ley eclesiástica, conforme al canon 2198 del Código de Derecho Canónico. Contra las. sentencias de estos Tribunales no procederá recurso alguno ante las autoridades civiles. 4. La Santa Sede consiente en que las causas criminales contra los clérigos o religiosos por los demás delitos, previstos por las leyes penales del Estado, sean juzgadas por los Tribunales del Estado. Sin embargo, la autoridad judicial, antes de proceder, deberá solicitar, sin perjuicio de las medidas precautorias del caso, y con la debida reserva, el consentimiento del ordinario del lugar en que se instruye el proceso. En el caso en que éste, por graves motivos, se crea en el deber de negar dicho consentimiento, deberá comunicarlo por escrito a. la autoridad competente El proceso se rodeará de las necesarias cautelas para evitar toda publicidad. Los resultados de la instrucción, así como la sentencia definitiva del proceso, tanto en primera como en ulterior instancia, deberán ser solícitamente notificados al ordinario del lugar arriba mencionado. 5. En caso de detención o arrestó, los clérigos o religiosos serán tratados con las consideraciones debidas a. su estado y a su grado jerárquico. Las penas de privación de libertad se- rán cumplidas en una casa eclesiástica o religiosa que, a juicio del ordinario del lugary de la autoridad judicial del Estado, ofrezca las convenientes. garantías; o al menos, en locales distintos de, los que se destinan a los seglares, a no ser que la autoridad eclesiástica competente hubiere reducido al condenado al estado laical. Les serán aplicables los beneficios de la libertad condicional y los demás establecidos en la legislación del Estado 6. Caso de decretarse embargo judicial de bienes, se dejará a los eclesiásticos lo que sea necesario para su hwiesta sustentación y el decoro de su. estado, quedando en pie, no obstante, la obligación de pagar cuanto antes a sus acreedores. 7. Los clérigos y los religiosos podrán ser citados como testigos ante los Tribunales del Estado: pero si se tratase de juicios criminales por delitos a los que la ley señale penas graves, deberá pedirse la licencia del ordinario del lugar en que se instruye el proceso. Sin embargo, en ningún caso podrán ser requeridos, por los magistrados ni por otras autoridades, a dar, informaciones sobre personas o materias de las que hayan tenido conocimiento por razón del Sagrado Ministerio. Art. XVII. -El uso del hábito. cle siásti- co o religioso por los seglar i- gp jjoí aquellos clérigos o religiosos a ¡gujéh ies haya