Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
PAGINAS PARA LA HISTORIA DEL FRENTE POPULAR ESPAÑOL -L UM J IUU P Por Diego Martínez Barrio- -Presidente de las Cortes l o de el su Y LA DESTITUCIÓN DEL PRIMER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Las primeras declaraciones del Sr. Azaña, al encargarse del Poder, señalaron categóricamente el propósito de restablecer la paz material y moral del país. Pocas veces se habrá expresado un jefe de Gobierno con mayor moderación y buen sentido: A todos los ciudadanos españoles el Gobierno de la República se dirige con palabras de paz, como corresponde al í oder legítimo de la nación, constituido en virtud de la voluntad manifestada en las elecciones pasadas. El Gobierno espera que toda la nación corresponda a los x ropósitos de pacificación, al restablecimiento de la justicia, de la libertad, de la vigencia de la Constitución y del espíritu republicano que él tiene desde la hora en que se ha constituido. El Gobierno de la República tiene el eonveniemiento de que todos los españoles, sin distinción de ideas políticas y depuestos ya los ardimientos de la conciencia electoral, muy legítimos, pero que deben terminar cuando la contienda cesa, lian de cooperar en la obra que el Gobierno trata de emprender con su responsabilidad exclusiva. l or tanto, esperamos que los que nos lian ayudado a reinstalar la política republicana sean nuestros primeros colaboradores, manteniéndose dentro de la ley, no perturbando la paz pública y tampoco malogrando la victoria por motivos de impaciencia o de generosa prestancia en la consecución de los fines que a todos nos mueve. El Gobierno añade a esto que no está movido de ningún propósito de persecución y vesania. I os rencores, con la responsabilidad del Poder, no existen. Ninguna persecución se ha de tomar por parte del Gobierno, siempre que todo el mundo se mantenga, dentro de la ley. Nosotros no conocemos más enemigos que los enemigos de la República y de España y no tenemos que perseguir a nadie mientras se limite al cumplimiento de los derechos que la Constitución nos concede a todos. Sólo el que viole la ley, el que no esté en paz con la ley, con las autoridades, con él, podrá temer el rigor del Gobierno, que en ningún caso tampoco se saldrá de lo que demanden sus deberes. Nuestro lema es: defensa de la República, República resaurada y, por consiguiente, prosperidad, libertad y justicia en España. Unámosnos todos bajo esta bandera, en la que caben los republicanos y los no republicanos y todo el que, ante todo, sienta el amor a la Patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida. Desgraciadamente, estas palabras no encontraron el debido eco. La Falange Española, organización e tipo francamente red volucionario, que había reunido muy pocos millares de votos en las elecciones de febrero, empezó a crecer de modo alarmante. Se precipitaron en sus filas las masas Íespechadas del partido de Gil Robles, los residuos de los Sindicatos Libres, que organizó el año 2 0 el general Martínez Anido, y los militares voluntariamente retirados del año 31, quienes, a pesar de su condición de pensionistas privilegiados, añoraban las dulzuras del antiguo mando. Por un instante, al celebrarse las primeras sesiones de las Cortes, pudo abrigarse la esperanza de que el buen sentido venciera la pasión exasperada de los partidos. La elección de la Mesa de la Cámara reunió las voluntades de todos los grupos, y yo, que fui el- candidato del Frente Fopular a hi Presidencia, obtuve 386 votos de los 397 diputados que tomaron parte en la elección. L Í tregua duró tan sólo unos días. Soplaba demasiado fuerte el viento de la calle para que se abriera camino cualquier política de pacificación y reconciliación. No fue extraño que el debate sobre la disolución de las Cortes anteriores se iniciara en un ambiente de recelo. La derecha y la extrema izquierda habían fijado durante la campaña electoral su posición, acerca del problema plaaiteado por el propio Presidente de la República en el decreto de convocatoria. Ambas fuerzas políticas estimaban que la disolución de la Cámara era la segunda realizada, por el Presidente, quedando con ello extinguida, a estos efectos, sus facultades constitucionales. Pero el resultado de las elecciones cambió el panorama. La Cámara elegida tenía urna fuerte mayoría de izquierdas, y nada más mortificante para los partidos derrotados, que esta Cámara asegurara una larga existencia, por lo menos la que mediaba desde su constitución a la terminación del mandato- del Presidente de la Re- pública. Aedmás, conocida la mala voluntad del Sr. Alcalá Zamora al Gobierno del Frente Popular, no convenía privarle de la facultad- de promulgar otro decreto de disolución. A este criterio político ajustó la de. recha su intervención en el debate, y con mayor o menor rebozo se acogió a la tesis presidencial de que no se le computara la disolución de las Cortes Constituyentes como una de las dos a que la Constitución autorizaba el jefe del Estado. Tal rectificación ie principio, avivó el recelo de los partidos del Frente Popular y les afirmó en el propósito de declarar contrario, es decir, que con ia disolución las anteriores Corte ya. habla ejercido Presidente e la República dos veces 3 prerrogativa. La votación de la. Cámara aceptó esta doctrina por gran mayoría, y yo tuve que cumplir los trámites señalados para estos casos en el artículo 81 de la Constitución. Este artículo, rápidamente convertido en clave de la ulterior política de la República, dice: El Presidente de la República podrá convocar al Congreso con carácter extraordinario, siemipre que lo estime oportuno. Podrá, suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por ttn mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en al artículo 58. El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones: a) Por decreto motivado. b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las mievas elecciones para el plazo máximo de sesenta días. En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será exa minar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes, llevará anexo la destitución del Presidente. La resolución de la Cámara planteó seguidamente otro problema, el de determinar si había sido o no necesaria la disolución. Para abrirle cauce procedí a ejecutar lo dispuesto en el apartado 20 del artículo 106 del Reglamento del Congreso: Para la debida garantía no cabra tratar del aisunto, sino anunciando su planteamiento con antelación de tres días, citación general y señalamiento de la hora en que el debate ha de comenzar. Mi- deber estaba claro y lo cumplí. E l viernes, 3 de abril, adoptó la Cámara el acuerdo de declarar que la disolución de las anteriores Cortes era la segunda de las dos que podía hacer el Presidente de la República, y para el martes, 7, a. las cinco de la tarde, convoqué yo la reunión prevista en el artículo 106 del Reglamento. En el ejercicio de su derecho, las Cortes iban a encararse con el primer magistrado- de la nación. 7 de abril de 1936, Unas horas anles de su destitución de la Presidencia de la República, el señor Alcalá ZamoTa sale del Palacio Nacional,