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A B C- MIÉRCOLES i DE SEPTIEMBRE DE 908. EDICIÓN 1 PAG. 4. obligación de proveer lo adecuado para que la justicia se administre á todos ahorrando gastos y molestias, todavía más que á los q e voluntariamente la demandan ó se ven en trance de defensa, á quienes por obligación ciudadana la prestan asistencia. Favorecer el arbitraje y la composición amistosa, dar aquel carácter, excusando formalidades, al juicio pericial convenido, á manera del más sencillo contrato; autorizar sumisiones voluntarias á jueces de cualquier grado correspondiente á la materia; no prescribir trámite ninguno obligatorio á los que aunadamente quieren prescindir áe él; consentir que u n solo magistrado elegido por los interesado resuelva definitiva y eficazmente un litigio que por acueréa de las partes se le someta ó que decida una cuestión sardinal de modo objetivo; esto facilitaría de gran manera en cuanto toca principalmente al derecho civil el ejercicio de acciones que ahora se excusan ó abandonan por temor á los dispendios procesales, á la pre eptuada defensa técnica y á la demora forzosa de las resoluciones. Con poner además la única instancia á disposición de quien la pida y hacer predominar en los juicios universales el arbitraje necesario para que no se consuman en su curso los bienes sobre que versen; la intervención del fiscal para oponerse á entorpeeiniíentos í negligencias, y reducir todos los gastos á una parte alícuota proporcionada al caudal, podría esperarse de tan profunáas modificaciones aplauso de gran número de intereses permanentes. i as costas procesales. Ka el orden criminal es aplicable lo relativo á costas, y demanda con urgencia cambio del criterio dominante. Si las penas no han de resultar agravadas, como lo son en. muchos casos con na confiscación que lleva á la miseria á familias de los penados, aunque lo sean por el más leve de los delitos, hay que variar el sistema arancelario, acordando los derechos ce los oficiales de justicia y de cuantos rectben obvención por intervenir en los procesos á la índole de éstos y su importancia, y uo por el número y la calidad de las actuaciones, sin excluir de la suma total las diligencias que requiera la ejecución de lo Juzgado, ni consentir, como no es raro, que éstas consuman el valor de lo ejecutado. De pena accesoria califica el Código penal el pago de costas, y no son. pocos los procesos en que por su extensión y efectos supera á Ja principal. fi para hacer efectivo ese pago ni para asegurar otra responsabilidad es equitativo, por el derecho á vivir que tienen las familias de los reos, quebrantar la inmunidad del liogarfamiliar, es decir, desapoderarles de su casa habitación propia, de su ajuar, de los instrumentos del trabajo, de la tierra que cultivan, en la medida. de lo preciso para su alimentación y subsistencia, si no ha de extenderse, sin equidad, implacable castigo á quienes no cayeron en culpa. Aunque la ley civil no lo diga todavía, todos esos bienes no son sólo deÍ, coHdenado, atmqne formalmente sea su propietario con los mejores y más saneados títulos; esos bienes, en cuanto son la base de la vida de la familia, moral y realmente pertenecen á la vez á la mujer y á los hijas, que con el jefe conviven, y no es equitativo privarlos de los medios de subsistencia, y arriesgado provocar en ellos por retorsión sentimientos perturbadores de la az pública. Sí no fuera justa la indicada limitación, obra de piedad sería autorizarla, particularmente en favor de las clases rurales desvalidas. vimos qtte el Estado se preocupe de las condiciones de la colados de títulos académicos, como lo es, sobre todo, que se persuada de que la aptitud y la práctica se acreditan más visiblemente en el ejercicio interino de los oficios judiciales, y que sólo la experiencia puede revelar y aquilatar las condiciones de moralidad, saber y rectitud de los que aspiren á tener en sus manos la vara de la justicia con garantía de inamovilidad, para alcanzar la cual debiera exigirse prudencial período de buen proceder, después, por de contado, de severos exámenes universitarios, de tal calidad, que exett yeraa los posteriores especiales, y con ellos el factor ocasional de la suerte y del temperamento individual, difíciles de juzgar atinadamente en los últimos, por fuerza breves y superficiales, en concursos numerosos como lo han sido muchos. carácter todavía ampliarle á esferas ea qae al presente no toca; revisor de los acuerdos dictados por la Administración en sus más altas representaciones; juez de las más elevadas personas en caso de sometérselas ajuicio penal; vigilante superior de cuanto con la administración de justicia se relaciona, con iniciativa cérea del Gobierno del Rey á este respecto; frecuente consultor requerido sobre resoluciones gubernativas, el Tribunal Supremo, entiendo, por lógica derivación áe todo esto, que debiera ser además el Consejo del Gobierno del Rey en lo judicial y en mucho jurídico. Tales funciones demandan en quien las desempeñe la libertad que asegure su independencia y les exima áe las facultades que para la separación de los magistrados y juecas tiene el Gobierno, cuando no aconseje la destitución su conducta oficial ó paracalar. De sus sedes no deben ser apartados los jueces del Tribunal Supremo por otra ajena voluntad. I a carrera judicial, el foro, lá enseñanza, todas las manifestaciones del saber y de axperiencia acreditada y prestigiosa, deberían enviar sus representantes á ese alto Cuerpo, que, si es y na de ser último grado déla jerarquía judicial, no ha de ser reelutado exclusivamente en las filas de la magistratura, porque en ella no se acreditan siempre las condiciones especiales, científicas, de singular cultora y prudencia y de elevada sentido de comprensión total correspondientes á funciones tan complejas, superiores y tras cendentales. 1 nspeccíótt áe Tribunales. 4 Bué siempre, de siglos atrás, preocupación de los Monarcas y de ios pueblos la vigilancia de la administración de justicia. BH Cortes de Toledo, en el siglo xrv, y de Madrid en el último tercio del xvr, crearon las primeras visitadores de los Tribunales y Juzgados, y en las segundas se establecieron dos magistrados en el Consejo, con el encargo de residenciar á los Tribunales corregidores y otras autoridades de quienes se había de inquirir, cual lo pedían los procuradores, como ejercían su oficio. I, a ley orgánica de 1870 confirió á los presidentes de los Tribunales el derecho de acordar visitas por medio de magistrados, limitando la intervención real á ordenadas á aquellos presidentes y al nombramiento de comisarios regios. Para facilitar esta inspección y hacerla más frecuente, otra ley de 1904 instituyó al lado, y bajo la dirección del presidente del Tribunal Supremo, la actual inspección de Tribunales y Juzgados. La ley creadora de esta Inspección especial no trajo á la presidencia del Tribunal Supremo aumento ni amplitud siquiera de atribuciones fundamentales, Dióla medios más expeditos, más independientes y más concertados de investigación de la labor di los encargados de adininisttar justicia y de sus auxiliares y del proceder y conducta in dívidual de los jueces y magistrados. 1,0! hechos han respondido en gran parte á los propósitos, gracias á la diligente y fatigosa aeción, al celo y á la inteligencia y tino de los dignísimos magistrados de este Tribunal Supremo y de la Audiencia de Madric que la han constituido y la constituyen. El objeto de la Inspección se lograríg más extensamente con aumento de su personal facultativo y auxiliar, con lo que serían incesantes las visitas, que, entre otras ventajas, reportan la de enseñanzas y consejos inspirados en el anhelo del mejor servicio, de su regularidad é igualdad, y las de estimular ei curso de los procesos, lento en algunos Tribunales por el arecidísimo número de los asuntos y el desproporcionado de sus movibles auxiliares. A esto fuera bueno que la ley proveyera, procurando hacer fácil y grata la permanencia en s C presión de categorías. Después del ingreso se plantea otro problema interesante tambiés. Con indicarle quiero someterle á criterios superiores. Na olvido, al hacerlo, las circunstancias sociales de nuestro país: no se me ocultan, ni los censuro, los naturales anhelos de elevadas posiciones y de las residencias agradables y convenientes; pero contemplando el ejercicio de laS funciones judiciales por variados aspectos, he adquirido el convencimiento de las ventajas- que se obtendrían de la supresión de las categorías personales judiciales, sin menoscabo del prestigio oficial de los jueces, por ser idéntica ea todos los grados la nobleza de la función. No entiendo que sea justo igualar la remuneración debida; pero creo que regulándola con relación al tiempo de servicio, dé residencia y de constancia ea una misma función, desaparecerían la mayoría de los inconvenientes que al presente se tocan. Acaso de este modo se concillarían intereses que parecen, contrapuestos. I,o s jaeces dignos de serio acrecentarían su autoridad personal y perfeccionarían sus conocimientos con larga práctica, despreocupados de las inquietudes, con disculpa explicables, del ascenso. I as jerarquías significarían exclusivamente los grados de jurisdicción. Nada se perdería con ello en mi sentir, porque no estoy persuadido de que ofrezcan mayores dificultades las funciones colectivas superiores en grado que las encomendadas á un juez de primera instancia, desprovisto áe consejo estimable frecuentemente, de opiniones imparciales y en general hasta de medios materiales áe profundizar cuestiones doctrinales que en los Tribunales superiores no se presentan de repente, sin dar tiempo á serena reflexión. Alguna excepción se impone en este sistema. I O que hasta ahora viene llamándose en vez de servicio carrera judlíáal debe tener su cabo y fin, aun subsistiendo las graduaciones personales en las Audiencias de distrito. El Tribunal en ctrya casa estamos, sus magistrados, diré mejor, deben quedar fuera de ellas, cualquiera que sea el régimen regular delíngresoy destino del personal de la administración de justicia. Ni son inferiores, sino muy altas- las funciones propias de una Audiencia territorial, ni la eonsideración de sus magistrados menor por tener más cérea la meta ordinaria de las aspiraciones de los más dignos, ni su dotación remuneradora debiera ser inferior á. otros cargos. Ivas puertas del Tribunal Suprema debieran abrirse como á esos, á todos los aires sanos. Cuerpo guardián del derecho contendido; definidor autorizado del sentido y alcance de la ley, de cuya competencia sur elección de personas. gen atribuciones complementarias en la Motivo de madura reflexión del esta- vida real de las legislativas, en razón á hadista ha de ser la elección de las personas llarse sus doctrinas jurídicas equiparadas encargadas de administrar justicia. en muohos casos al valor de la ley misma; Bueno es v necesario en la época que vi- rearulador del orden de las rarisdicciones.