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A B C VIERNES 26 P E OCTUBRE DE 1906. PAG. 12. EDICIÓN 1 capital y el trabajo, ante esas organizaciones poderosas, que reúnen á veces miles de hombres con una acción eficaz en la vida social y en la vida del Estado, éste no puede permanecer indiferente. Lo que proclama la doctrina, ei pensamiento racional, lo confirma la realidad viva de las legislaciones de todo el mundo civilizado, que sin exceptuar una sola, regulan y condicionan derecho de asociación. Alemania, Inglate Francia, Bélgica, Estados Unidos, Italia v Suiza, limitan el ejercicio del derecho de tsoci- ición, por lo cual no se nos podrá acusar c justicia de innovaciones peligrosas, con (i. utó al espíritu del derecho universal, lo itij. 10 en Repúblicas que en Monarquías é Imp c n igual en Estados unitarios que en Estiaob federales, con variedad de creencias y religiones, y sistemas de Gobiernos liberales y conservadores. E 1 concepto moderno del derecho de asociación se encuentra por primera vez reconocido en España por el Decreto ley de 20 de Noviembre de J 8 6 8 refrendado por el que entonces era ministro de la Gobernación don Práxedes Mateo Sagasta. Lo cual no quiere significar que no hubiera antes proyectos, leyes y debates muy interesantes que concernían á las Sociedades secretas y á las Ordenes religiosas. No necesita el ministro que suscribe recordar á las Cortes la copiosa legislación desamortizado! que comenzó en el año 1820 y que se extiende por los años 37 y 38 hasta liegar á la ley fundamental y definitiva de i855. No se trata ahora de esa cuestión- que tuvo su momento apropiado y que ante la historia ostenta los legítimos títulos de haber incorporado los intereses de la libertad á los derechos de la libertad y de haber fundado la Monarquía constitucional No implica este proyecto que somete el Gobierno á las Cortes, ningún propósito de confiscación, ningún atentado á la libertad de asociarse los hombres según demanden su fe y sus ideales, que no sería justo oponerse al derecho de creer en nombre del derecho absoluto de pensar. Pero el proyecto que hoy se presenta al Parlamento español contiene, sí, las reglas que el Gobierno cree de absoluta necesidad en defensa de los supremos intereses del Estado, siguiendo el ejemplo de las legislaciones extranjeras y la tradición invariable de las leyes españolas. La tradición, la que arranca de las entrañas mismas de la Historia de España, la que salvó constantemente el Poder civil, es la que se encierra en las regalías de la Corona. Y grandes Monarcas como los Reyes Católicos, Carlos V, Felipe I I Carlos 111; gloriosos estadistas, como el cardenal Cisneros, el conde de Aranda, Campomanes; Cortes de insigne memoria, en León, en Castilla, en Aragón, en Cataluña, en Navarra, echan los cimientos de la doctrina regalista que ha seguido imperando hasta nuestros días, pues como dijo elocuentemente D Antonio Cánovas de) Castillo en ocasión memorable: Cuestión de regalía v cues tión de soberanía son sinónimas Al señalar en diferentes artículos de este proyecto limitación á la capacidad de adquirir; al establecer la nulidad de determinados actos realizados por personas interpuestas, no hace el Gobierno otra cosa que reproducir y desenvolver principios contenidos en la Novísima Recopilación. Allí están la Real cédula de Carlos II, de 25 de Agosto de 1668; la de Fernando VI, de 24 de Noviembre de ij 5o; la de Carlos 11 de 3i de Mayo de 1782; ¡a de 11 de Febrero de 1786, la ley del Monarca O. Alonso en 3348 y de D Juan en i38o; las de ¡os Reyes Católicos, en Madrigal, en 1476; las Reales cédulas de Carlos de 10 de Marzo de 1763 y 24 de Noviembre de 1778, y todas, de un modo ó de otro, atacan y restringen la mano muerta, que produce intolerables daños á la causa pública s- BJ Gobierno cree haber justificado con Ja exposición de los principios doctrinales, con la referencia de Jas leyes que rigen en el mundo entero, con el recuerdo de los glorioso antecedentes que constituyen las regalías de la Corona, que este proyecto no vulnera en poco ni en mucho el principio de libertad de asociación consignado en el precepto constitucional, y no introduce ninguna novedad que no se halle autorizada por la ciencia, por el ejemplo de la legislación extranjera y por los precedentes del Derecho nacional. A 1 redactar este proyecto, e! Gobierno se ha inspirado, no sólo en esos principios, sino también en la ley vigente de 3o de Junio de 1887, elaborada por unas Cortes liberales, conservando íntegramente la extructura y aun la letra de muchos de sus artículos, y reformando aquellos que el progreso de los tiempos le obligaban á variar. Así se mantiene el principio de libertad de asociación, que no pugna, sino que antes bien, se armoniza con e! de la garantía del Estado, en cuanto á la personalidad jurídica, á la capacidad civil de adquirir, á la vida y extinción lega de las Asociaciones. Sería inferir- un notorio agravio á la sabiduría del Parlamento detenerse á explicar punto por punto la materia que contienen los 24 artículos del proyecto, todos ellos justificados por los motivos ya expuestos; mas parece indudable que piden alguna aclaración las disposiciones adicionales y transitorias. Refiérense las primeras al respeto y observancia del Concordato por lo que respecta á las Ordenes allí nominalmente designadas, y á las que en África han de cumplir su misión espiritual; tocan las segundas á los acuerdos de revisión y de revocación, en BU caso, que habrá de adoptar el Consejo de ministros en cuanto á las Asociaciones de las Ordenes religiosas no concordadas, en la actualidad existentes. De la propia suerte que el Gobierno entiende que se puede legislar en materia de Asociaciones, aunque de alguna manera se relacionase lo legislado con las Comunidades monásticas no concordadas, porque en las Cortes con el Rey reside la plena soberanía, cree que es de su deber estricto guardar un absoluto respeto á los artículos 29 y 3o del Concordato, en los que se fijan para la Península dos Institutos de varones y una tercera Orden que de común acuerdo y en negociación amistosa designarán la Santa Sede y el Gobierno español, como asimismo se determinan los Institutos de mujeres consagrados á la caridad y otras obras piadosas. La Iglesia católica nada puede temer que vulnere el Concordato en ese punto, pero no debe esperar tampoco una ampliación excesiva é injustificada de lo que pactaron Su Santidad y los varones piadosos que hicieron el Concordato, los cuales tuvieron, sin duda, presentes todas las necesidades de la fe y del ideal religioso. Pero ese respeto á la materia concordada nada tiene de común con las prerrogativas del Estado que sostienen todos los países católicos del mundo y que mantuvieron con singular energía los Monarcas españoles, ejemplo de piedad y de amor á la Iglesia. En virtud de ese derecho que no ha caducado nunca, que es inherente á la substancia y vida de todo Estado, como que sin él no se concebiría su existencia, el Gobierno se atribuye el poder de autorizar por ley determinadas Asociaciones y como consecuencia de tal poder procederá al examen y revisión de cuantas se establecieron en España, sin estar comprendidas en el Concordato. A 1 ministro que suscribe sólo le resta afirmar que el Gobierno ha procedido en este caso con amplio espíritu liberal, con absoluta imparcialidad y justicia, puesto que somete á todas las Asociaciones al derecho común, negándose á convertir el privilegio y la excepción en derecho. Y ahora acude el Gobierno á las Cortes en demanda de su consejo y apoyo, mediante el debate que ¡lustra y el voto que sanciona, a fin de dar á esta obra nacional la mayor sol dez posible. Su deseo más vivo es que nunca pueda sostenerse con razón que fue esta ley el enjendro artificioso de un partido. Por todas las razones expuestas, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros y autorizado por S. M tiene el honor de someter á la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de ley. Madrid 25 de Octubre de 1906. PARTE DISPOSITIVA Artículo 1. El objeto de esta ley as regular el derecho de Asociación, en virtud del cual dos ó más personas ponen en común, y de una manera permanente, su inteligencia ó su actividad, con un fin que no tenga por único y exclusivo objeto el lucro ó la ganancia. Los asociadas necesitan tener expedito el derecho de contratar y obligarse, gozar de la plenitud de sus derechos civiles ó, en otro caso, que las personas llamadas á consentir en su matrimonio, según el art. 46 del Código civil, les presten, para asociarse, su consentimiento, el cual se acreditará en la forma establecida en el art. 48 del mismo Código, siendo nulo todo acto en contrario, cualquiera que sea la Asociación de que se trate. Las Sociedades civiles y mercantiles no estaft comprendidas en la presente ley y se regirán por los Códigos respectivos ó por cualquiera r otra ley especial que las regule. Art. 2. No se reconocerán como Asociaciones legales: 1. Las que se funden con un objeto i ícito, contrario á las leyes ó á las buenas costumbres. 2. Las que tengan por fin atentar á la integridad del territorio Nacional. 3. Las que constituí, s con un fin lícito empleen para su cumplimiento medios contrarios á la moral ó a! Derecho. Art. 3. No producen fuerza civil de ob! igar los pactos que celebren y los compromisos que contraigan los asociados, renunciando á los derechos que al ciudadano corresponden por el título I de la Constitución del Estado. La coacción en el ejercicio de estos derechos se castigará con arreglo a! art. 3io del Código penal, quedando á salvo, en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. Todo individuo perteneciente á cualquiera Asociación que desee romper los vínculos que á ella le ligaren, tendrá el derecho de recurrir al Gobierno, éste el deber de ampararle y declararle exento y libre de sus obligaciones, salvo las meramente contractuales que estuvieren pendientes de cumplimiento en orden á la colectividad. Art. 4. 0 De conformidad con lo que se declara en e! art. i3 de la Constitución, es libre en España el ejercicio del derecho de Asociación. Las Asociaciones tendrán capacidad civi) independientemente de sus asociados, para comparecer en juicio, adquirir, poseer y administrar bienes en la cuantía y forma que determinan los artículos siguientes. Art. 5. Las Asociaciones que hayan de limitar su capacidad civil á los bienes y á recursos formados por las cuotas de los socios, local social é inmuebles indispensables para el cumplimiento de los fines estatutarios, deberán llenar simplemente el requisito de que los fundadores ó iniciadores de ellas, ocho días por lo menos antes de su constitución, presenten en el Gobierno civil de la provincia, en que hayan de tener su domicilio, dos ejemplares firmados por los mismos de los estatutos, constituciones, reglamentos, contratos ó acuerdos por los cuales hayan de regirse, expresando claramente en ellos la denominación y objeto de la Asociación, su domicilio, la forma de su administración y gobierno y los recursos con