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ABC LUNES, 31 DE DICIEMBRE DE 2018 abc. es internacional INTERNACIONAL 51 El Congo votó sin incidentes pese al ébola y los graves fallos logísticos La oposición denunció irregularidades en las primeras elecciones de la transición ALBA AMORÓS CORRESPONSAL EN JOHANESBURGO Los retrasos, las largas colas, las protestas y la lluvia torrencial marcaron la jornada electoral en la República Democrática del Congo. El Gobierno de Joseph Kabila ha tenido años para preparar unos esperados comicios, que debían de haberse celebrado en diciembre de 2016. Casi 40 millones de congoleños estaban llamados a las urnas para votar al presidente y los diputados nacionales y provinciales en más de 75.000 colegios electorales. Sin embargo, los problemas logísticos han sido una constante en gran parte del vasto país, especialmente en los bastiones de la oposición. A pesar de que la mayoría de colegios electorales abrieron a las 5.00 (04.00 GMT) los congoleños tuvieron que aguantar largas esperas para ejercer su derecho al sufragio debido a la desorganización y la falta de medios. Decenas de centros de votación de la capital, Kinshasa, abrieron hasta siete horas más tarde de lo previsto. Se registraron retrasos en las mesas electorales, numerosas máquinas de votación no funcionaron, decenas de nombres de votantes no se encontraban en las listas y parte del material electoral fue entregado horas después de que abrieran los colegios. Por si esto fuera poco, las calles inundadas de la capital impidieron a muchos votantes llegar a los colegios electorales y los más críticos con la administración de Kabila denunciaron que muchos puntos de votación se encontraban en zonas inseguras o peligrosas. Al menos dos personas murieron por la violencia de los comicios, informó ayer Efe. El presidente saliente, que votó a primera hora en Kinshasa, animó a todos los congoleños a acudir a las urnas desafiando a la lluvia. Mi única preocupación es la baja participación por culpa de la lluvia torrencial dijo Kabila. Por su parte, los principales candidatos de la oposición se quejaron del hostigamiento sistemático durante la campaña electoral, que se inició el 22 de noviembre, y sembraron dudas de posible fraude electoral. Para estos, las nuevas máquinas de votación eran fácilmente manipulables. Las autoridades del Congo han rechazado la ayuda internacional para llevar a cabo las elecciones, por miedo a comprome- Recuento de votos en un colegio electoral de Kinshasa AFP Autoritarismo Desde su independencia en 1960, el Congo ha estado marcado por los golpes de Estado y las guerras ter su soberanía. Tres bastiones de la oposición no ejercieron su derecho al sufragio después de que las autoridades cancelaran la votación, alegando riesgos para la salud por el peor brote de ébola del país y por la violencia étnica. Más de 1,2 millones de personas en tres ciudades- Beni y Butembo (noreste) y Yumbi (oeste) -no pudieron votar. Los manifestantes de Beni, una de las localidades que fueron excluidas de la votación, organizaron unas elecciones ficticias los votantes formaron colas para depositar su voto manuscrito en improvisadas urnas. El nuevo aplazamiento de las elecciones en las ciudades de Beni, Butembo y Yumbi provocó violentas protestas durante la semana que terminaron con numerosos arrestos. Los antidisturbios dispararon gas lacrimógeno para dispersar a decenas de manifestantes que habían bloqueado carreteras y quemado neumáticos para protestar por la decisión de la comisión electoral. Primera transición Las elecciones son un acontecimiento poco habitual en el Congo, un país marcado por el autoritarismo, los golpes de Estado y las guerras civiles desde su independencia de Bélgica en 1960. Los más optimistas esperan que la tercera votación presidencial desde el final de la guerra civil que mató a cinco millones de personas marque un punto de inflexión y suponga la primera transición democrática del país. Sin embargo, los más críticos con el ejecutivo de Kabila auguran nuevas protestas que puedan llevar al país a una situación límite. EE. UU. Trump, investigado por dar trabajo a sin papeles en su club D. ALANDETE WASHINGTON Los administradores del club de golf de Donald Trump en Nueva Jersey no sólo emplearon a trabajadores sin papeles, sino que además les dieron permisos de residencia permanente y carnés de la seguridad social falsificados, según dijo ayer Aníbal Romero, un letrado que representa a cinco de ellos. Este abogado especializado en inmigración ha denunciado el supuesto fraude ante las autoridades de Nueva Jersey y ha entregado los documentos falsos al FBI, que está ya investigando el caso. El fraude, si se confirma, pone en evidencia las contradicciones del actual presidente de Estados Unidos, que ha prometido acabar con la inmigración ilegal pero cuya empresa ha dado trabajo a sin papeles a sabiendas de que estaba cometiendo una ilegalidad. Hoy se cumplen 10 días del cierre de la Administración norteamericana, forzado por Trump para obligar a los demócratas en el Capitolio a aprobar unos presupuestos que incluyan 5.700 millones de dólares (5.000 millones de euros) para construir un muro con México. La Organización Trump ha respondido a estas acusaciones, que revelaron The Washington Post y The New York Times con un comunicado en el que una portavoz, Amanda Miller, asegura: Tenemos decenas de miles de empleados en nuestras propiedades y aplicamos prácticas de contratación muy estrictas. Si algún empleado presentó documentación falsa en un intento de eludir la ley, será despedido de inmediato Sin embargo, uno de los empleados a los que representa Romero, la guatemalteca Victorina Morales, de 44 años, ha entregado al FBI la greencard (permiso de residencia y trabajo) y la tarjeta de la seguridad social que dice que le dieron en 2013 sus superiores directos en el campo de golf de Trump para ocultar que en realidad estaba en EE. UU. en situación irregular. Entonces trabajaba limpiando habitaciones y cobraba unos 10 dólares por hora. A veces el propio Trump le daba propinas de hasta 100 dólares. Otra empleada, Sandra Díaz, costarricense de 46 años, le ha entregado al FBI nóminas que cobró de Trump cuando estaba en el país de forma irregular.