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ABC JUEVES, 27 DE DICIEMBRE DE 2018 abc. es economia ECONOMÍA 49 Competencia investiga un posible cártel de empresas de carreteras Competencia puntualizó ayer que las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si como resultado de las mismas se enG. G. S. contrasen indicios de prácticas prohiMADRID bidas, la CNMC incoará un expedienLa Comisión Nacional de los Merca- te sancionador. dos y la Competencia (CNMC) pone El organismo presidido por José el foco en el sector de las carreteras. María Marín Quemada no quiso deEl supervisor informó ayer de que ha tallar los nombres de las empresas, abierto una investigación por posi- pero sí recordó que los acuerdos enbles prácticas anticompetitivas en tre competidores constituyen una ineste mercado. En concreto, Compe- fracción muy grave de la legislación tencia investiga los contratos de ex- de competencia, que puede conlleplotación, conservación y manteni- var multas de hasta el 10 del volumiento de carreteras en España. men de negocios total de las empreEstas prácticas, según detalló ayer sas infractoras. Además, recordó que Competencia, consistirían en acuer- la investigación de los cárteles es una dos realizados entre las de sus prioridades de empresas del sector para actuación, dada la esMás registros repartirse el mercado. pecial gravedad de sus El número de Dentro de estas actuacioconsecuencias sobre inspecciones nes se encontrarían inlos consumidores y sorealizadas por tercambios de informabre el correcto funciola CNMC ha ción comercial entre esnamiento de los mertas compañías. crecido con fuerza cados. Sin ir más lejos, Como parte de esta inen apenas dos meses este año vestigación, el supervila institución ha abiersor detalló ayer que ha to investigaciones el realizado, entre los días 17 y 20 de sector de la consultoría, el carbón y este mes, distintas inspecciones do- la chatarra. miciliarias en las sedes de varias emDesde la CNMC explican que han presas que operan en este sector. Re- endurecido su labor sancionadora, gistros que, según el supervisor, se lo que ha provocado que el número llevan a cabo tras haber tenido co- de inspecciones llevadas a cabo en nocimiento de la posible existencia 2018 crezca con fuerza. Se trata, sede una práctica colusoria anticom- gún apuntan desde el supervisor, de petitiva por parte de determinadas un cambio radical que también ha empresas del sector en relación con tenido impacto en el número de imla manipulación de licitaciones rea- pugnaciones. En concreto, Compelizadas por administraciones públi- tencia ha recurrido seis normas este cas año, un récord histórico. El supervisor registró la semana pasada la sede de varias empresas del sector Concentración de conductores de VTC en Madrid GUILLERMO NAVARRO Aluvión de reclamaciones contra el decreto anti- Uber del Gobierno Las empresas de VTC planean llevar la norma a juicio tras presentar más de 8.000 recursos G. GINÉS MADRID Siete días entre enero, febrero y marzo ArcelorMittal anuncia un ERTE para 1.624 empleados en España S. E. AVILÉS ArcelorMittal anunció ayer la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de siete días a 1.624 trabajadores en España ante la incertidumbre económica provocada por varios condicionantes, según informaron a Efe fuentes de la multinacional. El ERTE se aplicará los días 18 y 25 de enero, el 1 y el 15 de febrero y el 1, 15 y 29 de marzo en las plantas de Asturias, Echébarri (Vizcaya) Lesaca (Navarra) y Sagunto (Valencia) Los motivos, según las mismas fuentes, son el elevado nivel de importaciones en la Unión Europea, el incremento sustancial de acero proveniente de Turquía, y el descenso de la demanda del sector del automóvil. También ha pesado en la decisión de ArcelorMittal la incertidumbre económica derivada del Brexit, la guerra comercial y los Presupuestos de Italia, así como el incremento de costes vinculados a los derechos de emisión del CO 2. El decreto del Gobierno que deja en manos de las comunidades las competencias sobre las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se enfrenta a un aluvión de reclamaciones. Más de 8.000 propietarios de licencias han exigido ya compensaciones ante la Dirección General de Transportes. Y se espera otros 4.000 hagan lo propio en los próximos días. Son los cálculos que maneja la patronal del sector, Unauto VTC, que destacó ayer que casi la totalidad del parque se movilizará contra el real decreto. La organización recordó asimismo que estos 12.000 propietarios de licencias reclaman el pago de una indemnización de 250.000 euros por VTC unos 3.800 millones de euros en total por la expropiación tácita de las autorizaciones que impone la norma en un plazo de cuatro a seis años. Unas compensaciones que debería ser asumida, en principio, por las comunidades autónomas. Una vez recibidas estas reclamaciones, el Ministerio de Fomento tiene un plazo de seis meses para atenderlas. Salvo sorpresa mayúscula, su respuesta será rechazarlas, ya que el departamento dirigido por José Luis Ábalos ha ratificado el contenido de la norma en varias ocasiones. Todo apunta por tanto a que el conflicto acabará en los tribunales. Unauto trabajará para garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, pueda seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena aseguró ayer la patronal del sector. El presidente de la asociación, Eduardo Martín, da por hecho en declaraciones a este periódico que se interpondrán recursos contenciosos- administrativos y se apelará al Tribunal Constuticional para frenar el decreto. Estamos trabajando con decenas de despachos de abogados y seguimos defendiendo que es una ley inconstitucional explica. El hecho de que la norma pueda desenvocar en indemnizaciones millonarias despertó dudas desde el primer momento entre los partidos políticos, lo que motivó que el decreto fuese convalidado como proyecto de ley por el Congreso de los Diputados el 25 de octubre. Esto permite a las formaciones presentar enmiendas al decreto. Presiviblemente, PNV y PDECat utilizarán esta vía para reclamar que sea el Gobierno central el que se haga cargo de las teóricas indemnizaciones.