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36 ANDALUCÍA DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC La Fiscalía insiste a la juez Núñez: Los ERE se concedían a las empresas María Nuñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ROCÍO RUZ Rechaza que la magistrada archive causas sin intrusos al considerar como beneficiarios a los trabajadores J. J. BORRERO SEVILLA El final de la vista oral en la Audiencia Provincial de Sevilla no supone que el denominado caso ERE haya quedado totalmente visto para sentencia ni mucho menos. Durante el último año se ha enjuiciado el denominado procedimiento específico por el cual la Junta de Andalucía distribuyó las ayudas. En el juicio se han sentado en el banquillo 21 ex altos cargos de la administración socialista, incluido los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A la espera de la sentencia sobre esta parte del caso, que no se leerá antes del verano de 2109, en los juzgados sevillanos se libra otra batalla fundamental para la resolución de toda la macrocausa. La juez María Núñez Bolaños, instructora del caso ERE desde que relevó a la juez Mercedes Alaya como titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, decidió separar el caso en tantas partes como empresas beneficiarias de los ERE más de 270 amén de la ya juzgada del procedimiento específico de las sobrecomisiones que se pagaron a las aseguradoras y de la causa matriz de las ayudas, cuyo archivo definitivo acordó la juez en un auto el pasado 12 de diciembre justificándolo en que todas las piezas desgajadas están en investigación y en que no queda persona alguna investigada en la causa. La Fiscalía ha pedido explicaciones sobre ese auto de archivo que considera prematuro. Fuentes judiciales apuntan a que el archivo definitivo demuestra el interés de la magistrada por dar carpetazo a todo el caso en el menor tiempo posible y no precisamente por temor a las fechas de prescripción, ya que la magistrada ha recibido reiteradas peticiones de apremio para acelerar la investigación sin que por ello ordene nuevas diligencias o cite a testificar a mplicados, como ocurrió con la pieza de la Sierra Norte, relativa a las ayudas al entramado creado por los empresarios de José Enrique Rosendo y José María Sayago en la Sierra Norte de Sevilla, a punto de anularse al rebasarse el plazo legal sin citar a declarar a investigados tras dos años y medio de investigación en barbecho. Entretanto, la juez ha ido archivando piezas desgajadas con dos premisas que chocan con los criterios de la Fiscalía y la acusación: excluir como investigados a todos los altos cargos que están incursos en la causa del Informe de la Intervención del Estado Corresponde a la empresa el pago de la prima del seguro por tanto tiene que asumirlo. Las peticiones de ayudas partían de las propias empresas. Las empresas se ahorran los pagos con las ayudas La Junta asumió la obligación del empresario de abonar prejubilaciones de sus trabajadores, una obligación que las empresas tienen al tramitar un ERE procedimiento específico uno de los nudos gordianos del proceso y considerar que los beneficiarios de las ayudas eran los trabajadores y no las empresas, lo que les convierte en víctimas según la propia denominación que utilizó la juez Núñez para el archivo de piezas como las del Obispado de Cádiz o las ayudas a Azucareras Reunidas de Jaén. Sobre la primera premisa, la Sección Séptima de la Audiencia dictaminó que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política no puede ser juzgado por cada una de las ayudas que concedieron. Por su parte, la Sección Primera concluyó a instancias de la Fiscalía en las cuestiones previas del juicio que las ayudas individuales no eran objeto de enjuiciamiento en la causa del procedimiento específico y, por tanto, que el juicio no era incompatible con los otros 270 que tendrían que celebrarse por cada una de las ayudas concedidas con cargo al fondo de los ERE tras la división de la macrocausa en piezas. Fundiciones Caetano En cuanto a los beneficiarios directos de las ayudas, la Fiscalía ha vuelto a recordar a la juez Núñez que las ayudas sociolaborales que se investigan fueron otorgadas por la Junta a las empresas. La Fiscalía lo recoge en su recurso al archivo de las actuaciones de la pie-