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ABC CORDOBA 10-12-2018 página 19
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ABC CORDOBA 10-12-2018 página 19

  • EdiciónABC, CORDOBA
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ABC LUNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2018 cordoba. abc. es CÓRDOBA 19 de oro de máxima pureza importado de Suiza y valorado en 400 millones de euros con el apoyo de 45 sociedades. El lugar donde celebrarlo es otro de los obstáculos del caso. Según ha podido saber ABC, la Administración de Justicia ha propuesto el salón de actos de la Ciudad de la Justicia, sin embargo, fuentes judiciales indican que no es un lugar adecuado para poder organizar bien un juicio. Los letrados, que podrían ser hasta cincuenta, estarían en las gradas, seguidos de los acusados y no a un lado del tribunal que los juzga y frente a la fiscal que es como deben estar aseguran. Por tanto, se baraja que la Delegación de Justicia opte entonces por un aula magna universitaria o similar para este juicio. Los cursos de formación de la Junta y el mal uso de la Seguridad Social copan el otro bloque macrojudicial de 2019 Las madejas del empleo P. GARCÍA- BAQUERO CÓRDOBA L En un juzgado de pueblo La segunda macrocausa es el caso Rocket Está en manos del Juzgado de Peñarroya- Pueblonuevo número 2 desde otoño de 2013 y después de varios refuerzos- -que la Junta de Andalucía se resistía a otorgar- logró digitalizar la causa, que ya encara el final de la fase de instrucción. Hay que recordar que a finales de 2017, la Fiscalía solicitó una prórroga de otro año y medio antes de que concluyera el plazo de 18 meses dado tras declararse causa compleja en 2016. Según han informado fuentes judiciales, la investigación de la causa por parte del juzgado está en su recta final, a falta de unos peritajes y alguna declaración al respecto La complejidad se basa en encontrar a peritos tan expertos como para poder tasar la rehabilitación de un vagón minero de tren cuentan fuentes judiciales. En definitiva, el manejo de la causa sigue siendo complicada con más de 15.000 folios con pruebas documentales, informes y declaraciones. Se investiga la mayor trama de corrupción orquestada por una institución pública en Córdoba hasta la fecha. En este caso sería enjuiciado por la Audiencia Provincial, dada la cantidad de dinero supuestamente manejado por esta trama política. AS dos causas complejas sobre fraudes a la Seguridad Social han cogido pista en los Juzgados de lo Penal en Córdoba. En concreto, uno de estos dos procedimientos, localizado del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba con 24 acusados de percibir subsidios de desempleo desde el año 2012, ya está señalado para juicio. Las penas que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos oscilan entre los tres años y los nueve meses de prisión. La segunda causa, de las mismas características con decenas de acusados que igualmente se beneficiaron de ayudas públicas de forma fraudulenta se ha ido diluyendo a través de sentencias de conformidad en el propio juzgado de Instrucción y están llegando para su ejecución a los cinco juzgados de lo Penal. En este caso, según ha señalado a ABC el juez decano Miguel Ángel Pareja, el titular del juzgado al que le ha correspondido su enjuiciamiento no ha solicitado ningún tipo de refuerzo pese a que se trata de un número elevado de acusados. Por otro lado, otro juzgado de lo Penal, en este caso el número 4 de Córdoba, será también el encargado de juzgar este próximo año a los ocho empresarios acusados de falsedad documental o fraude de subvenciones en la pieza separada de los Cursos de Formación de la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2011. En este caso, la petición de penas del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso ABC, acusa a E. S. C. R. R. M. A. G. M. C. P. P. C. J. M. LL. N. J. J. N. C. de ser autores de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial a tres años de prisión y multa de 27.000 euros para cada uno. Aunque la trama Testigos del caso de los cursos de formación entaban en comisaría en un principio salpicó a más de 80 empresarios y a responsables políticos de la Delegación de Empleo, como Antonio Fernández que prestaron declaración ante el juez instructor finalmente, el cerco se cerró con ocho empresarios y sin responsables políticos de la Junta. En fase de instrucción no se pudo probar que los responsables políticos tuvieran intención de favorecer a ciertos empresarios, más bien hubo falta de medios para inspeccionar la avalancha de cursos que se concedieron V. MERINO y que dieron lugar al fraude señalaron fuentes judiciales a ABC. Concejal en Peñarroya Quienes sí se sentarán en el banquillo con color político en esta causa compleja de data de 2011 serán el ex concejal socialista del Ayuntamiento de Peñarroya Mauricio Montiglia y el empresario M. A. F. D. considerados responsables de un delito de fraude de subvenciones, que se traducen en tres años de cárcel, multa de 300.000 euros y cuatro años sin ayudas públicas. La Fiscalía solicita indemnizaciones cuantiosas a los presuntos autores del fraude que van de los 35.000 a los más de 200.000 euros. Estas cuantías se calculan de las devoluciones íntegras de las subvenciones recibidas de forma fraudulenta durante 2010 y 2011. Formación El fraude en los cursos dejó fuera de la acusación a los responsables socialistas de la Consejería de Empleo

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