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36 ANDALUCÍA VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC Caso judicial Núñez excluye a Fernández del ERE donde se incluyó a sí mismo Rechaza el recurso del fiscal porque ya va a ser juzgado por el sistema de ayudas A. R. VEGA SEVILLA Antonio Fernández García no va a ser investigado por figurar como prejubilado en un ERE cuando era consejero de Empleo de la Junta de Andalucía y beneficiario de una ayuda de 386.000 euros concedida en abril de 2008 por un subordinado suyo, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que no llegó a cobrar. La juez instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, ha decidido excluirlo de la pieza separada del caso ERE que investiga la subvención de 17,45 millones concedida en su etapa como consejero a la bodega jerezana González Byass, de la que era trabajador en excedencia desde 1983, cuando decidió dedicarse a la política. Mediante un auto del 13 de noviembre pasado, la magistrada rechaza el recurso de reforma presentado contra el auto de exclusión de Fernández dictado el pasado 30 de abril, que ahora vuelve a ratificar, con la tesis de que no puede ser enjuiciado de forma aislada por malversación en relación con esta ayuda si ya está encausado por el mismo delito por el diseño e implantación del sistema irregular de ayudas que reúne en el banquillo de la Audiencia de Sevilla a 21 ex altos cargos, incluidos dos expresidentes de la Junta. Durante el juicio, Fernández, el único consejero de la Junta que ha pisado la prisión por el fraude de los ERE, reconoció que su nombre figuró en el listado de 94 trabajadores beneficiarios de una póliza de prejubilación colectiva para mayores de 55 años, entre los que se encontraba por ley al ser personal en excedencia A preguntas de su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, relató que no firmó el boletín de adhesión a la póliza porque no quería póliza, ni la necesitaba, ni la suscribí y tampoco participó en las ayudas sociolaborales Según la Guardia Civil, renunció a cobrarla tiempo después de que se hiciese público y notorio casos como el ERE de Mercasevilla Por error en la transcripción en su ficha se confundió su ingreso en la empresa con su fecha de nacimiento. La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación en el caso ERE, tampoco se cree la versión de Fernández y ha recurrido su exclusión de la pieza de González Byass. Lo cuestiona así: Los hechos relatados en el auto que recurre revelan todos los indicios que sobre la actuación de Antonio Fernández García, como consejero de Empleo y como extrabajador de la empresa González Byass, pesan en la concesión de la ayuda que en las presentes diligencias Núñez reproduce autos de la Sección Séptima en los que recrimina a la Fiscalía que es su afán globalizador al acusar a varios de ex altos cargos de malversación además de prevaricación lo que hace que en el juicio de la pieza política, según su criterio, no se les juzgue sólo por crear o mantener un sistema para dar las ayudas sino por cada ayuda que se dio con ese procedimiento. La Sección Primera, que juzga a Fernández y a otros 20 ex altos cargos, sostiene lo contrario. Ayuda asistencial para políticos La Fiscalía otorga a Fernández un rol protagonista en el puzzle de los ERE porque llegó a constar en la póliza del ERE de González Byass aunque Fernández aseguró que nunca recibió la ayuda. No se trata de determinar si lo cobró o no, si tenía derecho o no como trabajador en excedencia de la misma, sino de destacar que el sistema permitía que un consejero de Empleo pudiera figurar como prejubilado en una póliza de renta colectiva. Difícilmente puede responder esto a un concepto de ayuda asistencial como alegan algunas defensas expuso el fiscal Juan Enrique Egocheaga en su informe final sobre el juicio de la pieza política de los ERE. Antonio Fernández, en la zona de asientos reservada a los acusados en el juicio de los ERE EFE JULIO MUÑOZ ERE DE ALTADIS La UCO, sin papeles para elaborar todos los atestados A. R. V. SEVILLA La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha podido investigar dos ayudas irregulares concedidas con el fondo de los ERE porque no dispone de ninguna documentación vinculada a los dos expedientes que la juez instructora, María Núñez Bolaños, le ordenó analizar. La falta de documentación hace que no se haya podido, como es lógico, efectuar el estudio de los mismos y confeccionar los correspondientes atestados sobre las em- presas beneficiarias de ayudas irregulares Altadis S. A. y Patatas Frescas Peladas y Cortadas (Papacor) advirtió la UCO mediante un oficio remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Su advertencia surtió efecto días después. Mediante una providencia del 14 de noviembre, la magistrada ordenó enviarle a los agentes en formato digital toda la documentación que obre en relación con la entidad Altadis que recibió una subvención de 20,47 millones de euros. La últi- ma entrega de documentos sobre las ayudas a ambas empresas se efectuó el 17 de septiembre de 2015, aclara la UCO. Mediante el citado escrito, la Guardia Civil responde a requerimientos del juzgado realizados los días 24 de septiembre, y 5 y 8 de octubre por los que la magistrada la apremiaba a elaborar atestados sobre ocho empresas. En lo que respecta a la Fábrica de Muebles S. L. y Grupo Smurfit, la UCO señala que los informes policiales los está elaborando la Guardia Civil de Granada. Los expedientes vinculados a las empresas Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz (prejubilados del grupo Joly) e Industria Auxiliar Naval de Cádiz, están siendo analizados por la Comandancia gaditana, añadió.