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34 ANDALUCÍA MARTES, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC Trama de la Sierra Norte Un fallo de Núñez puede anular una pieza clave del caso ERE Dos años y medio de instrucción pueden irse al traste porque se le pasó el plazo sin citar a investigados ANTONIO R. VEGA SEVILLA Dos años y medio de investigación de una de las piezas más relevantes de la macrocausa penal de los ERE pueden irse al traste por un fallo de la juez María Núñez Bolaños. Se trata de la causa que afecta al entramado de empresas de la Sierra Norte de Sevilla creado por José María Sayago y José Enrique Rosendo, ya fallecido, que recibieron 34 millones de euros en ayudas ilícitas de la Consejería de Empleo. Todas las actuaciones, con una docena de investigados, pueden ser anuladas. En la práctica, significa que toda la causa volvería al punto de partida. Se habrían perdido dos años y medio de instrucción, con el riesgo de prescripción que ello entraña si se acredita que han pasado más de diez años desde que la Junta concedió algunas de las subvenciones ilícitas al entramado de los exediles socialistas de El Pedroso, el plazo impuesto por la Audiencia de Sevilla para decretar el archivo de las actuaciones. Si la anulación se produce, todo el proceso se retrotraería al momento en el que la juez abrió la pieza de la Sierra Norte de Sevilla desgajándola de la macrocausa original de los ERE. El auto de incoación es del 14 de abril de 2016. ¿Qué es lo que ha pasado? El error parte de que la titular del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla acordó la apertura de la pieza pero no tuvo en cuenta todas las diligencias realizadas con anterioridad y tampoco citó a declarar a algunos investigados, en el plazo máximo de 18 meses, por lo que se podría haber vulnerado su derecho de defensa. Es decir, Núñez formó una causa vacía de contenido, sin incluir en ella los cientos de folios y pruebas recabados por la anterior instructora, Mercedes Alaya, sobre el citado entramado empresarial. Dos investigados, que pidieron declarar una vez vencido el plazo legal, solicitan el archivo de la causa contra ellos. Pero la instructora avanza que no va a estudiar su petición hasta que resuelva sobre la posible nulidad. Se trata de dos exdirectivos del Grupo Barbadillo, que compró más del 70 por ciento de las acciones de Matadero de Sierra Morena, ubicado en El Pedroso (Sevilla) entidad emblemática del tándem formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago y la que más subvenciones había recibido de la Junta según indicó la juez. La juez no practicó las diligencias necesarias en el plazo de 18 meses (el límite temporal para las causas denominadas complejas) ni acordó prorrogarlo. Tampoco llamó a declarar a algunos investigados. A la vista de que no los había citado y para salvar al menos las actuaciones llevadas a cabo con anterioridad, el 6 de marzo pasado la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se diera por concluida la instruc- ción para enviarla cuanto antes a la Audiencia de Sevilla para que sea juzgada. Pidió lo mismo hasta en dos ocasiones más, pero sus deseos cayeron en saco roto. El 13 de abril pasado vol- Investigación afectada Está en el aire la causa de un entramado empresarial que recibió 34 millones de euros en ayudas irregulares vió a pedir lo mismo, mediante otro escrito remitido al juzgado, para que se cerrara el procedimiento a la mayor celeridad El 28 de junio el ministerio público reclamó a la magistrada que incorporara a la pieza abundante documentación: el informe de los peritos judiciales; las declaraciones de Rosendo y Sayago y los documentos de la ayuda para dar así por finalizada la instrucción. Pero la juez hace caso omiso a las tres peticiones. En la citada providencia del 14 de noviembre, la juez reconoce que hay personas investigadas que no han sido llamadas a declarar. Es por ello que pudiendo incurrir la instrucción en nulidad con vulneración del derecho de defensa invita a las partes a realizar sus alegaciones sobre la posible nulidad de actuaciones desde el mismo auto de incoación Rafael Alcácer, abogado de Madgalena Álvarez (en primer plano) y detrás el letrado de Martínez Aguayo EFE JUICIO DE LA PIEZA POLÍTICA La defensa de Aguayo tilda de disparate la tesis de la Fiscalía S. A. SEVILLA La defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo alegó ayer que el juicio de los ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta pone patas arriba nuestro ordenamiento jurídico y el Derecho Penal porque en el fondo la acusación está cuestionando al poder legislativo El catedrático Víctor Moreno Catena comenzó ayer a exponer su informe final en el que pide la absolución para Aguayo, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación acusada de prevaricación y malversación. El letrado arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares del PP- A y Manos Limpias por basar su acusación en que la Ley de Presupuestos andaluza que durante diez años contenía las ayudas investigadas era errónea o nula al ver un disparate sostener que una ley pueda ser ilegal, porque el legislador es soberano Como otras defensas que le han precedido, ha criticado la falta de con- creción por parte de las acusaciones de qué hechos concretos atribuyen a cada uno de los 21 procesados y, especialmente, se ha preguntado qué reproche final hacen a su defendida, pues en el marco del largo proceso anual de elaboración de los Presupuestos no especifican cuál fue su aportación decisiva Moreno Catena coincidió con el abogado de la también exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, que le ha precedido, en varios de sus argumentos, y ha rechazado que la Consejería de Hacienda tenga preeminencia sobre el resto para ordenarles cómo hacer sus propuestas de presupuestos. También ha negado que le corresponda vigilar cómo gastan el resto de consejerías.