Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 cordoba. abc. es CÓRDOBA 19 de material didáctico, que parecía ser una práctica habitual en estos centros improvisados. En caso del cuarto acusado, M. A. F. D. autónomo, recibió 200.445 euros para realizar dos cursos de formación de cocina y camarero cuando ni siquiera estaba dado de alta en la Seguridad Social. Según la investigación, se dio de alta seis meses más tarde del comienzo del curso. Se presentaron 34 candidatos a recibir el curso de los que 33 fueron admitidos. Las irregularidades, dice el fiscal, eran múltiples. Cuatro estudiantes carecían de la titulación mínima para acceder al curso, uno de los alumnos había sido recomendado por el técnico asignado al curso, otros fueron admitidos pese a entregar la documentación fuera de plazo y las irregularidades en facturación fueron cuantiosas. Tres años de cárcel y multas para los acusados del fraude Si hay condena, tendrán que devolver cientos de miles de euros cada uno P. GARCÍA- BAQUERO CÓRDOBA Facturas falsas La investigación ha detectado la facturación de artículos que no se habían adquirido en la realidad, como la compra de 15 ordenadores de otro curso que se había llevado a cabo antes y en otra ciudad. Además, se presentaron como gasto facturas de entidades colaboradoras con las que no se habían firmado convenios (10.000 en 2010 y 30.000 en 2011) no se declaraban al fisco determinados servicios sí prestados o se llegaron a repercutir las cuotas de la Seguridad Social de un monitor cuando éste era autónomo. Otro de los casos remarcado por la Fiscalía es el del acusado A. G. M. que obtiene una subvención de 35.831 euros cuando mantenía deudas con la Seguridad Social. La empresa se encontraba en situación crítica pese a lo que recibió la ayida de la Junta. El caso derivó en una deuda incobrable. La investigación ha constatado que este empresario llegó a fasificar la firma de una supuesta docente que nunca trabajó en el curso. Otra de las grandes subvenciones que asciende a 105.750 euros fue para un curso de peluquería pese a que la empresaria mantenía una deuda con la Seguridad Social. Ésta además de no comunicar que contaba con una empresa vinculante, emite facturas en concepto de tutorías a favor de la empresaria sin que nunca hubieran hecho uso de ellas los alumnos, al tiempo que aparece un pago en mano incumpliendo la normativa En otro de los casos, el empresario acusado recibió unos 50.050 euros para un curso de informática, sin tener conocimientos para ello. Según la Fiscalía, los alumnos se quejaban de que el supuesto docente no sabía manjer programas básicos. El empresario hizo constar como empleada a su pareja, sin cualificación ni tarea alguna, por lo que cobró 4.431,50 euros. El agujero millonario que dejaron los cursos de formación en la mayoría de las provincias andaluzas sigue abierto. La Junta sólo ha recuperado el 8 de los 149 millones que reclama a beneficiarios. DE LAS HERAS sino que se trataba de la simulación de un documento para la justificación de un cargo inexistente, y que ha permitido detraer esa cantidad de la ayuda oficial. La segunda factura emitida por este acusado ascendía a 15.000 euros, en concepto de tutorías y evaluación del curso y una tercera factura de 4.500 euros en concepto de coordinación. Este mismo acusado obtuvo otra subvención de 63.786,50 euros para realizar un curso de empleado de oficina con otra empresa de la que era representante. En ese curso, iniciado en septiembre de 2010, presentó una factura por valor de 8.000 euros en concepto de tutoría y evaluación. Ningún alumno tuvo conocimiento de ese papel. Durante el curso, además, consta cómo algunos alumnos firmaron recibos de entrega de material pero no recibieron nada, y cómo había un gran descontrol en las asistencias que no llegan a reflejar en las correspondientes fichas. En total, este empresario recibió más de 144.000 euros. Otro de los modus operandi para justificar las subvenciones era la compra de material para impartir los cursos. Una de las empresas implicadas en el presunto fraude tenía al acusado R. R. M. como beneficiario de una subvención de 65.960 euros del curso de programador de aplicaciones informáticas. Se simuló la firma del recibo Un juzgado de lo Penal juzgará el próximo año a los ocho empresarios acusados de falsedad documental o fraude de subvenciones por los cursos de formación de la Junta de Andalucía entre los años 210 y 2011. La calificación del Ministerio Público acusa a E. S. C. R. R. M. A. G. M. C. P. P. C. J. M. LL. N. J. J. N. C. de ser autores de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial a tres años de prisión y multa de 27.000 euros para cada uno. Para el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Peñarroya Mauricio Montiglia y el empresario M. A. F. D. los considera responsables de un delito de fraude de subvenciones, que se traducen en tres años de cárcel, multa de 300.000 euros y cuatro años sin ayudas públicas. La Fiscalía solicita indemnizaciones cuantiosas a los presuntos autores del fraude de las subvenciones a los cursos de formación. Para el primer de los acusados E. S. C. que recibió 152.145 euros en subvenciones para dos curso de formación para desempleados relacionados con la automoción deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 35.419,19 euros del importe obtenido indebidamente. El segundo de los acusados, el empresario R. R. M. deberá indemnizar a la Junta con la cuantía que estime el tribunal a través de la documentación presentada en los cursos de formación en sus centros, que podría ser incluso de la totalidad del importe de la subvención obtenida que es de 65.960 euros. En el caso de M. A. F. D. uno de los dos acusados del delito de fraude de subvenciones la Fiscalía solicita la devolución íntegra de las subvenciones recibidas de forma fraudulenta por importe de 200.445 euros. Para la cuarta acusada C. P. P. C. la indemnización que calcula la Fiscalía que tendría que devolver a la Junta es de 17.347,22 euros. En el caso de J. M. Ll. N. la responsabilidad civil sería de 15.231,50 euros, importe obtenido indebidamente a través de la falsedad de las facturas realizadas, y en su caso podría solicitársele la cuantía íntegra de la subvención que fue de 50.050 euros. El séptimo de los empresarios acusados se enfrenta a una responsabilidad civil por parte de la Fiscalía de 22.143,75 euros, importe obtenido a través de las facturas falsas para justificar la subvención de 49.320 euros recibida para impartir cursos de formación con su colsultora. En el caso del ex concejal socialista del Ayuntamiento de Peñarroya Mauricio Montiglia, la responsabilidad civil estimada por el Ministerio Público es la devolución íntegra del importe de las dos subvenciones obtenidas de forma fraudulenta por su empresa, al impartir cuatro cursos de formación asciende a 207.520 euros. Criterio judicial La instrucción no ha probado influencias políticas en la Junta para conseguir las ayudas Interrogatorio de testigos en la Policía V. M.