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ABC CORDOBA 01-11-2018 página 35
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ABC JUEVES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 35 Zarrías quiere anular la prueba pericial, mes y medio de juicio Las defensas se rebelan contra el déficit de concreción de las acusaciones A. R. VEGA SEVILLA junto a Carmen M. Aguayo EFE JULIO MUÑOZ año 2000 y, entre otras deficiencias, había alertado de que era obligatorio comunicar estas ayudas a empresas a la CE con la posibilidad de ser reintegrada por vulnerar la competencia afirma. Teniendo en cuenta los precedentes los reparos no eran baladí ni desconocidos por el Gobierno andaluz. Papeles en cajas de pollos El nuevo sistema implantado, que ha sentado en el banquillo a dos exjefes del Gobierno andaluz y expresidentes federales del PSOE, consistía en enviar el dinero año a año, presupuesto tras presupuesto, a una agencia pública, IFA IDEA, para que pagase las ayudas que la Consejería concedía a través de un mecanismo, las transferencias de financiación, que sólo podían financiar operaciones genéricas de la entidad, pero no subvenciones. La sustitución del procedimiento seguido motivó la falta de fiscalización de los mal llamados expedientes de ayudas porque los documentos venían en cajas de pollos según declaró José Francisco De Pablo Doblas, jefe de servicio en la Consejería de Empleo. La Fiscalía y el PP condenan y las defensas absuelven a los acusados. Se cumplió el guion a la hora de calificar la conducta de los acusados por cada parte después de diez meses de juicio, donde se han escuchado a 120 testigos y aportado innumerables documentos además del más del millón de folios que componen el gigantesco sumario de los ERE. Entre las defensas que expusieron ayer sus conclusiones definitivas fue recurrente el reproche a la falta de concreción de los hechos imputados a sus defendidos por parte de las acusaciones. El déficit en cuanto a concreción sigue siendo el mismo que antes de comenzar el juicio, resumió Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que se enfrenta a ocho años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos y 30 de inhabilitación. El letrado del exconsejero José Antonio Viera aseguró que esta vaguedad genera indefensión a su cliente y vulnera la seguridad jurídica. Pero hubo quien llevó más lejos su censura. Fue el caso del abogado del exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. Tras advertir de que no hay ninguna prueba ni indicio de que el ex político haya intervenido o influido en ningún expediente de concesión de ayudas esta defensa impugnó la prueba pericial, que ha consumido mes y medio de juicio, que dio pie a un tenso debate entre tres interventores del Estados, sobre cuyo informe sustenta sus tesis incriminatorias la Fiscalía y acusación del PP, y los seis expertos propuestos por exconsejeros de Empleo y Hacienda. El letrado afirma que han asesorarado al tribunal sobre cuestiones legales y eso está prohibido. Supone un asesinato alevoso del principio iura novit curia (el juez conoce derecho) y también se vulneró el derecho al juez natural predeterminado por ley, dijo. Zarrías, sentado, junto a Chaves y Viera, de pie, en el juicio EFE JULIO MUÑOZ Guerrero señala a sus superiores La defensa del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero derivó la responsabilidad a sus jefes en la Junta. Defendió que el procedimiento era lícito y no opaco y le viene mandatado por sus diversos superiores, el consejero y viceconsejero de Empleo mientras que la forma de pago venía determinada en las leyes de presupuestos. Añadió que las ayudas extraordinarias se conceden en base a normas vigentes en el Estado saciones lo hayan criminalizado No fue autor ni cómplice ni encubridor de ningún hecho delictivo concluyó Encarnación Molino. Tras forzar la suspensión del juicio durante un día por los cambios de la Fiscalía, Alfonso Martínez del Hoyo, letrado del exconsejero Antonio Fernández, sólo incluyó en su escrito la atenuante de dilación del proceso. Los escritos de conclusiones definitivos de las acusaciones no han variado un ápice de los provisionales, los hechos son idénticos. De su lectura es imposible colegir que las actuaciones de los directores generales de IFA IDEA, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar, sean delictivas de prevaricación y malversación según pusieron de manifiesto sus defensas, Juan Carlos Alférez y Miguel Delgado, respectivamente. Ni autor ni cómplice La intervención más extensa y exhaustiva fue la de Encarnación Molino, abogada del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, quien ejercía de presidente no ejecutivo de la agencia IDEA, que pagaba las ayudas. Negó gastos ficticios en sus presupuestos y esgrimió que los informes de la Intervención calificaban de inadecuado el procedimiento, pero no de ilegal ni delictivo, por mucho que las acu-

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