ABC CORDOBA 15-10-2018 página 30

30 ANDALUCÍA LUNES, 15 DE OCTUBRE DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ABC Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía Caso Faffe: tarjetas opacas, 8.844 contratos irregulares y 50 millones sin justificar Los pagos en clubes de alterne son la punta del iceberg de un escándalo que el Gobierno andaluz ha intentado silenciar hasta que le ha estallado ANTONIO R. VEGA SEVILLA E l escándalo de la Faffe, como se conoce a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, es mucho más que una constelación de luces de neón parpadeantes. Mucho más que doce noches de lujurioso desenfreno en las que los litros de alcohol y la compañía de amores mercenarios corrían a cuenta del dinero público. Por mucho que deslumbre entre el cúmulo de corrupciones que investigan los juzgados (ERE, Formación, Santana, Avales, Invercaria... el caso Faffe no se agota en la particular ruta por clubes de alterne que realizó durante seis años Fernando Villén Rueda, el director general de esta extinta entidad de la Junta de Andalucía creada para formar a los desempleados en una región que encabeza la tasa de paro del país. La Faffe también es la fundación de los 8.844 contratos irregulares, de los que al menos 200 eran primos, amigos, cuñados y conocidos del PSOE y sindicatos, algunos con tareas improductivas según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Es la fundación que dejó casi 50 millones de euros en ayudas para formación sin justificar y que subvencionó cursos disfrazados de contratos laborales para que 1.500 empleados despedidos por la fábrica de Delphi en Puerto Real cobraran ilegalmente el paro, según un informe de la Inspección de Trabajo. A sueldo de la Faffe estaban también los falsos funcionarios que tramitaban los expedientes de ayudas fraudulentas de los ERE. La Faffe es, en suma, mucho más que ruido político, como lo catalogó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para criticar a la oposición por citarla en una comisión de investigación que ha cerrado en falso el adelanto de las elecciones andaluzas al 2 de diciembre. Un atestado de la UCO ha puesto números a los gastos impresentables en burdeles, como admitió Fernando Villén, en un repentino gesto de arrepentimiento al verse acorralado por el fiscal en su declaración judicial. El exdirectivo los vinculó a su actividad comercial como conseguidor de fondos privados para la fundación. Los pagos en prostíbulos Los agentes detectaron 43 cargos en tres Visa para gastos de representación vinculadas a cuentas públicas, que sumaban 31.969 euros en cinco prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz entre 2004 y 2010. En una sola noche se registraron quince pagos por importe de 14.737 euros en el club Don Angelo. Además, figuran adeudos por Conexión con los ERE Los falsos funcionarios que tramitaban las ayudas fraudulentas de Empleo provenían de la fundación Nido de enchufismo La Guardia Civil descubrió al menos 200 contratados en la Faffe con vínculos con el PSOE y los sindicatos BELMONTE 22.555 euros en restaurantes y 1.805 en hoteles, entre otros gastos personales de imposible justificación que Fernando Villén asegura haber devuelto, aunque la Guardia Civil no se lo cree. Las primeras alarmas saltaron el 8 de mayo pasado. El PP reveló que la UCO estaba investigando el uso de tarjetas black por parte de altos cargos de la Faffe en el club de alterne sevillano Don Angelo. La primera reacción del Gobierno andaluz fue negarlo en el Parlamento y a los medios de comunicación cada vez se le preguntaba. Lo negó incluso después de haberle entregado las pruebas al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el desvío de las subvenciones para cursos que manejaba la Faffe. De la negación de la realidad ha pasado a otra fase, la de relatizar los hechos. El Gobierno socialista repite sin cesar que este repugnante capítulo es del pasado de diez años atrás, pero el estudio de los correos de 66 mandos y de trece cajas de la Faffe por parte de la Guardia Civil puede sacar a la luz detalles aún más repugnantes. Fernando Villén (derecha) el jueves pasado a su salida de los juzgados de Sevilla Ayudas sin justificar Los 80.595 euros endosados a ocho tarjetas corporativas son una minucia comparada con los más de 252 millones de euros que la Faffe recibió en sus ocho años de funcionamiento (2003 2011) entre subvenciones excepcionales para cursos, programas de inserción laboral y encargos de gestión de la Consejería de Empleo. La manguera de dinero público per- belmonte andalunet. com TERCIO DE VARAS Los malos modos oy irán a la huelga los sanitarios de varias provincias andaluzas, iniciando un legítimo acoso político en defensa de sus derechos laborales. Saben que es el momento una campaña electoral decisiva- -y ejercen su presión frente al injusto desentendimiento de la Junta. Y no será la última manifestación, por supuesto, pero sería también conveniente que los H reivindicadores se alejen de las provocaciones soeces y probablemente delictivas de algún reconocido francotirador que ha hecho de ese conflicto profesional su causa vitalicia. La defensa de los derechos no incluye ni el desacato ni la procacidad, y lamentablemente, ambas cosas circulan ya por las redes sociales, sin duda en perjuicio de unas demandas razonables. Al margen de lo cual hay que decir que no se entiende el dontancredismo de la Junta frente a semejante grosería. maneció enchufada hasta el mismo día de su extinción. La Junta le inyectó 16,6 millones el 19 de abril de 2011, la fecha en la que acordó liquidarla. Una fiscalización rutinaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas para cursos reveló en febrero de 2014 que la fundación había dejado un agujero de 50 millones en fondos públicos recibidos poco antes de desaparecer, dinero que no justificó. Las irregularidades estallaron estando Susana Díaz en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza. Tras estudiar el citado informe, la Fiscalía Superior halló indicios de delito en la gestión de fondos de formación. El caso recae en la juez Mercedes Alaya, quien, en sus primeras pesquisas, descubre hechos sorprendentes Anticorrupción cifra en 9,46 millones el gasto en adjudicaciones irregulares. Para limitar los daños y aplacar las críticas, el Ejecutivo andaluz encargó una auditoría a una empresa externa, análisis que ocultó durante meses a la oposición. En ella se confirmaba lo que era un secreto a voces: que el enchufismo era una práctica habitual. La auditoría de la empresa ADT constató irregularidades en 8.844 contratos realizados en sólo dos años y medio, entre 2009 y 2011. Se contrataba sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad,