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ABC VIERNES, 27 DE JULIO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 33 El abogado del PP acusa a Chaves y Zarrías porque el Consejo de Gobierno acordó la concesión de un préstamo a Campocarne para comprar Hamsa avalado con ayudas Seis millones regalados a la fábrica de chorizos de los ERE A. R. VEGA SEVILLA L a empresa Campocarne, filial andaluza de Campofrío, se hizo con las acciones de la fábrica para el procesado de carne Hijos de Andrés Molina (Hamsa) de Jaén gracias a los 5,83 millones de euros (970 millones de las antiguas pesetas) que le prestó la Junta de Andalucía en 1999. Dinero público que nunca tuvo intención de ser cobrado y que se avaló con cargo a subvenciones futuras. Así se desprende de la documentación que forma parte del sumario de una pieza separada del caso ERE que investiga las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a esta fábrica de productos cárnicos que, tras pasar por distintos propietarios (Hijos de Andrés Molina S. A. o Hamsa, Campocarne y Primayor) hoy está en ruinas. El letrado que ejerce la acusación popular por el PP en esta macrocausa, Luis García Navarro, ha pedido a la juez instructora del caso, María Núñez Bolaños, que cite en calidad de investigados al expresidente de la Junta Manuel Chaves y a su antiguo consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, al exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez y al expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Salvador Durban. Denuncia que Chaves y Zarrías regalaron a Campocarne 6 millones para comprar los activos de Hamsa porque el préstamo lo aprobó el Consejo de Gobierno, un acuerdo que luego ratificó el consejo rector del IFA el ente que utilizaba la Consejería de Empleo para pagar las ayudas irregulares y que llegó a poseer el 80 por ciento de sus acciones en 1997. Ayer declaró por este asunto en el juzgado Salvador Durban, quien reconoció que firmó un convenio con Presidencia el 22 de diciembre de 1999 que garantizaba la cobertura presupuestaria del préstamo- puente concedido a Campocarne. La Consejería de Presidencia se comprometió a entregarle los 6 millones como subvenciones en los años sucesivos y a recolocar a los trabajadores. Algunos de ellos fueron prejubilados después con cargo al conocido fondo de reptiles El escándalo de los ERE fraudulentos, que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes autonómicos y a 20 exmiembros de sus respectivos equipos de gobierno, tiene su origen en esta fábrica. La Comisión Europea declaró ilegales e incompatibles con el mercado común los 50 millones de euros en garantías y préstamos otorgados a Hamsa. Quien fuera interventor delegado de Empleo en el año 2000, Joaquín Alegre, puso serios reparos a la primera ayuda excepcional autonómica para prejubilaciones a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de An- drés Molina SA al entender que podía dañar el principio de libre competencia frente a otras empresas sin subvenciones. Alegre fue destituido sin ninguna explicación tras emitir este informe de disconformidad, según declaró en el juicio de la pieza política del caso ERE. Tras su marcha, la Consejería de Empleo puso en marcha el sistema de los ERE. Suscribió el famoso convenio del 17 de julio de 2001 por el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis mientras que el IFA (luego IDEA) las pagaba, lo que ponía cortapisas a la fiscalización previa de los fondos por la Intervención. El muñidor de aquella operación por parte del Gobierno andaluz fue Zarrías, mientras que el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, entonces responsable de la federación de alimentación de UGT en Jaén, representaba los intereses de los trabajadores de Hamsa, en suspensión de pagos. En enero de 2004 Campofrío vendió la planta a Primayor. Esta compañía envió un documento al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el que exponía que el citado préstamo nunca tuvo intención de ser cobrado En 2008, Zarrías se reunió con la familia Ruiz Mateos para que montara una planta de precocinados, pero aquel proyecto nunca fructificó. El consejero de Empleo, Javier Carnero, durante una comparecencia en San Telmo EFE RAÚL CARO EN EL PARLAMENTO Carnero dará explicaciones de las tarjetas Faffe el 31 de julio S. B. SEVILLA El último día hábil en el Parlamento de Andalucía, el 31 de julio, y nada menos que a las cuatro de la tarde. Esta es la fecha fijada para que el consejero de Empleo, Javier Carnero, dé explicaciones a los grupos políticos sobre el gasto de 14.737 euros de dinero público en un club de alterne. Unos hechos que sucedieron en 2010 con una tarjeta de crédito de la extinta Fundación Faffe de la Junta. No es la primera vez que el consejero da explicaciones en el Parlamento sobre el uso en un prostíbulo de la tarjeta de la Faffe, si bien vuelve de nuevo porque se ha sabido que Carnero ocultó información al respecto cuando fue interrogado por los diputados el 12 de junio. Entonces dijo que no tenía información sobre los extractos de la tarjeta bajo sospecha y ya los había enviado al juzgado. La comparecencia del consejero se produce porque así lo ha pedido el propio Consejo de Gobierno, que defiende su gestión en este asunto y no quiere que se pudiera cerrar la Legislatura sin haber tenido este gesto. También lo ha pedido el PP y Ciudadanos, que fía su apoyo a una posible comisión de investigación sobre la Faffe a las palabras del consejero. La diputada Teresa Ruiz Sillero, del PP, ha avisado sobre una estrategia clara de PSOE y Ciudadanos para conformarse con esta comparecencia del consejero, mientras que el portavoz de IU, Antonio Maíllo, pidió claridad, transparencia y toda la información que ha ocultado hasta ahora. Que aclare los hechos y sea transparente