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ABC MARTES, 17 DE JULIO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 31 da a la Federación de Atención a la Dependencia con 175.987,50 euros, correspondiente a la convocatoria de 2011 y bajo la fórmula de la concurrencia competitiva como marca la Ley General de Subvenciones, finalizó en el año 2012 y aún está pendiente de abono el 25 por ciento de la misma. Los impagos se remontan incluso a fondos concedidos en el año 2009 que ha devenido en pleitos entre la Administración y la entidad, que ha presentado recursos contenciosoadministrativos contra las propuestas de resolución de reintegro. Pero estos litigios tardan años en resolverse y la federación, que se financia únicamente con las cuotas de sus afiliados, no tiene tanto tiempo. Las cuentas fueron embargadas el 17 de noviembre pasado por la reclamación de 23.375 euros más intereses. Corresponden a una ayuda que la Junta considera que está mal justificada. La entidad recurrió a una empresa externa a la que subcontrataba servicios en las partidas permitidas por la normativa vigente señala. La Consejería de Empleo ha declinado contestar a las preguntas de ABC sobre este caso. Desde su constitución, ha ejecutado proyectos formativos en colaboración con la Consejería de Empleo y o Educación, así como acciones complementarias como estudios de mercado. Juicio del caso ERE Funcionarios acreditan el caos y berenjenal con las ayudas Un exminero fue prejubilado tras reclamar su cacho de pan a Chaves A. R. VEGA SEVILLA Facturas La patronal que agrupa a las empresas especializadas en cursos de formación, Cecap, denunció que el descontrol de la Junta a la hora de verificar las facturas que presentan las empresas y liquidar el 25 por ciento que le resta por abonar. El 75 se paga por adelantado. Fuentes de esta organización creen que detrás hay una decisión política para no reconocer esa deuda De esta forma el Gobierno andaluz puede presumir de cumplir con la deuda y el déficit mientras tiene en los cajones y debajo de las alfombras cientos de millones de facturas de FPE por pagar expusieron. Según la memoria económica de la FAAD, aglutina a 40 centros y a una sola asociación provincial. Hasta marzo de 2016, formó parte de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) de ámbito nacional, pero se vio obligada a darse de baja por la falta de liquidez. Sólo tiene a la secretaria general técnica en plantilla y unas oficinas alquiladas a la Confederación de Empresarios de Andalucía con una renta de 300 euros mensuales. Como interlocutor preferente de la Administración, la FAAD ha participado en la elaboración de los borradores de decretos y órdenes que afectan al sector de la dependencia. Caos desastre desorden y berenjenal grande Fue lo que se encontraron cuatro funcionarios cuando se pusieron a examinar los expedientes de las ayudas sociolaborales en el año 2011, tras trascender el escándalo de las prejubilaciones trucadas financiadas por la Junta de Andalucía. Cuatro de ellos declararon ayer en el juicio del caso ERE como testigos a propuesta del PP, acusación popular. Formaron parte de la veintena de funcionarios designados por Justo Mañas, viceconsejero de Empleo en aquel momento, para informar sobre el estado de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Junta a las distintas empresas, informes que fueron remitidos a la juez Mercedes Alaya, tras hallar el primer intruso (persona ajena a la empresa) en un ERE de Mercasevilla. José Francisco de Pablo Doblas, exjefe de Servicio de Empleo que analizó, entre otras, la ayuda a Mercasevilla, relató que los documentos llegaron en una serie de cajas de pollos y que cuando las abrieron había un desorden absoluto Luis Amate García, que fue asesor de la Secretaría General Técnica de Empleo, recuerda que algunas empresas no tenían ni resolución; sólo fotocopias duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas. Era un desastre de documentación Miguel Ten, funcionario y asesor del exconsejero de Empleo, declaró después que tras los reparos que puso la Intervención de la Junta a las ayudas concedidas a Hijos de Andrés Molina, porque iban en contra del principio de libre competencia, se ideó el sistema irregular que dio origen al caso ERE. Ante la imposibilidad de seguir tramitando estas ayudas como excepcionales, hicieron el convenio marco de julio de 20001 entre Empleo y la agencia IFA IDEA para pagar las ayudas aseguró. Había un berenjenal grande con las ayudas José Antonio Víboras, en el juicio del caso ERE EFE RAÚL CARO Parlamento El letrado mayor afirma que los diputados podían conocer el destino de cada programa y recomendó al exdirector de Trabajo Daniel Rivera que no hiciera órdenes de pago ninguna Ignacio González reiteró que los expedientes estaban incompletos. Por su parte, el exminero onubense Ángel González recordó que en 2004 escribió dos cartas al expresidente de la Junta Manuel Chaves denunciando ilegalidades en el cobro de ayudas por parte de un intruso al que metieron en un surtidor de gasolina porque la Junta daba dos millones y medio de pesetas A preguntas del letrado del PP Luis García Navarro, reconoció que fue prejubilado tras enviar las misivas defendiendo mi cacho de pan porque yo tenía derecho a la prejubilación como dinero que era José Antonio Víboras, letrado mayor del Parlamento de Andalucía desde 1994 hasta 2015, afirmó, a preguntas del letrado José María Mohedano, que los diputados de la Cámara estaban en condiciones de conocer el contenido y alcance de cualquier programa, lo que afecta también al de ayudas sociolaborales. Además, indicó que el Parlamento no puede tener responsabilidad penal porque ésta reside en cómo se ejecuta el gasto El ex director general de Presupuestos, afirmó que en absoluto le llamó la atención que IFA IDEA recibiera financiación para pagar ayudas porque puede conceder ayudas.