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ABC MIÉRCOLES, 11 DE JULIO DE 2018 abcdesevilla. es andalucia ANDALUCÍA 29 La carta de Guerrero al editor Días antes de que se creara la entidad Asociación de la Prensa de Cádiz por parte del Grupo Joly, el director general de Trabajo de la Junta ya le confirmó por carta a su presidente que iba a pagar su plan de desarrollo era funcionario de Empleo POOL BELMONTE belmonte andalunet. com TERCIO DE VARAS En la picota I NFORME sobre el estado de la sanidad en una tele privada nacional. Se afirma, sin pelos en la lengua, que en Andalucía la única comunidad española que compra medicamentos en subasta a países sin garantía el sistema público de salud, o sea el SAS, además de colocar a los facultativos a dedo, exige a los médicos derivar pacientes al especialista, recetar medicamentos baratos y hasta interrumpir tratamientos por considerarlos costosos. Y nadie lo desmiente. ¿A que, al margen de su incontinencia verbal, va a llevar razón ese Dr. Spiriman que viene desgañitándose hace mucho al denunciar los desafueros de la Junta? Lo cierto es que demostradamente- -esa Junta impone un modelo ahorrativo con manifiesto desprecio por la salud de los usuarios. ¡Y nadie lo desmiente, insisto! Tal vez el asunto debería interesar a la Justicia ordinaria. desviar dinero de otras ayudas para este grupo editor. Este expediente lo firman dos funcionarios. Ayer declaró el segundo de ellos, que curiosamente es en estos momentos el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, entonces jefe del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) Ambos se ratificaron en sus informes, que analizaban las ayudas al citado Grupo Joly, a la Faja Pirítica de Huelva, a González Byass y a Fertiberia. Millán fue contundente al valorar la impresión que le causó, como fedatario público, el sistema montado para otorgar este dinero: Era un monumental ninguneo al Derecho administrativo El testigo destacó que ninguno de estos expedientes llevaba una sola firma de funcionarios públicos y todas las ayudas se otorgaron de manera arbitraria Además, la Junta no le facilitó la información que el entonces jefe del Sercla les pidió para poder establecer conclusiones, por lo que no pudo comprobar si los trabajadores beneficiarios cumplían el requisito de ser mayores de 52 años que era indispensable para poder acceder a las ayudas. En ninguno de los cuatro casos, según reiteró el actual portavoz de Ciudadanos, se siguió el procedimiento legalmente establecido por lo que las ayudas se concedieron de manera totalmente arbitraria y ninguna estaba justificada previamente Además, la Junta no hizo seguimiento del dinero y las empresas beneficiarias no justificaron su destino. La expansión empresarial de la compañía privada Joly se llevó a cabo, por tanto, gracias a una subvención de la Junta de Andalucía que no cumplió ninguno de los requisitos legales establecidos. No fue publicada por la administración, ni se dieron a conocer los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad obligarios porque no hubo bases que regulasen la elección de la empresa subvencionado y los importes. Ni siquiera consta tampoco la autorización preceptiva del Consejo de gobierno de la Junta para ayudas superiores a 3 millones de euros. En estos momentos, la juez que instruye las piezas separadas del caso está a la espera de un atestado específico que ha encargado a la Guardia Civil de Cádiz sobre esta empresa editora, propietaria de cabeceras de periódicos en todas las provincias de Andalucía.